El gobierno cumplió con los plazos e ingresó hoy las indicaciones relacionadas con la creación del ente público, el cual se llamará Consejo Público Autónomo para el Ahorro Adicional. Con esto, el Ejecutivo espera honrar su compromiso con la DC y, por esa vía, destrabar la discusión de la reforma previsional. Aunque esto último, en todo caso, quedó en cuestión por parte de la falange.

La función de esta nueva entidad, que estará conformada por cinco personas, será administrar el 4% extra de cotización. En el detalle de las indicaciones se desprende que esta entidad llamará a licitación pública para la gestión de los recursos del Ahorro Previsional Adicional y adjudicará el servicio a un máximo de cinco sociedades de giro exclusivo.

El texto señala que la duración del contrato de administración del Ahorro Previsional Adicional no podrá ser inferior a cinco ni superior a diez años contados desde la fecha de su suscripción, fijándose el plazo respectivo en las bases de licitación. La administración se abre para múltiples actores, pues podrán postular a la constitución de una Gestora de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, las Administradoras Generales de Fondos, los Bancos e Instituciones Financieras, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las Compañías de Seguros de Vida y demás personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que cumplan con lo establecido en las bases de licitación y siempre que cuenten con autorización previa de su respectivo regulador, cuando corresponda (más detalles en nota inferior).

De acuerdo al Informe Financiero de las nuevas indicaciones, el proyecto tendrá un mayor costo fiscal anual de $1.150 millones el primer año de funcionamiento, y de $1.134 millones en régimen, como efecto de la implementación del Consejo Público Autónomo. En tanto, el adelanto del pago de la pensión básica solidaria en 6 meses -de cumplirse el plazo de estar vigente en 2020- sería de $66.095 millones.

Desde la DC, las indicaciones fueron recibidas con matices. Por un lado, el presidente de la colectividad Fuad Chahin sostuvo que "en principio solo cumple parcialmente los compromisos, pero las vamos a estudiar en detalle antes de hacer una contrapropuesta". Mientras que el diputado e integrante de la Comisión de Trabajo, Gabriel Silber (DC), aclaró que no se estaba cumpliendo con el acuerdo. "De manera sincera quiero señalar que no están los votos de la DC y, en consecuencia, va a fracasar en dicho intento el trámite de las pensiones. El gobierno habla de un Consejo Público, lo veo como un avance, las orillas se acercan, pero aún estamos lejos de hablar de un acuerdo". Indicó que no les gustó la idea de una gestora de inversiones, y que no encontraron el componente de solidaridad en la propuesta del Ejecutivo. "A nuestro juicio sigue siendo el talón de Aquiles del proyecto, no hay mucha agua en la piscina", concluyó. Para acelerar la tramitación, el gobierno le puso suma urgencia y por ello se fijó como plazo para despacharla de la Comisión el 15 de julio. De esta manera, se estaría cumpliendo con los plazos establecidos por el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien espera tener despachada la reforma en noviembre, con el objetivo de que el 1 de enero se puedan empezar a pagar las pensiones reajustadas.

Serán cinco consejeros. Uno nombrado por el Presidente de la República, quien presidirá el Consejo. Otro designado por la CMF; un tercero que será el presidente de la Comisión de Usuarios del sistema de pensiones, y un cuarto que será un exconsejero del Banco Central, designado por su consejo. Por último, un experto en finanzas nominado por el primer mandatario y ratificado por el Senado. Recibirán un sueldo de 17 UTM ($828.597) por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 34 UTM por mes calendario ($1.657.194). En el caso del presidente será de 20,5 UTM y 41 UTM, respectivamente.

El artículo 50 en su letra L establece que podrán postular a la licitación del 4% las cajas de compensación, las administradoras de fondos, los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, las compañías de seguros de vida y demás personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que cumplan con lo establecido en las bases de licitación. Pero la ley señala que solo podrán administrar el 4% "sociedades anónimas que tendrán como objeto exclusivo administrar" dichos recursos.

"Créase el Comité Coordinador de Pensiones", se señala en las indicaciones. Esta nueva institución estará conformada por el superintendente de Pensiones, el presidente de la CMF y por un máximo de tres funcionarios de cada una de las respectivas instituciones. Tendrá por función coordinar el intercambio de información entre las instituciones que la conforman en materias relativas a regulación y fiscalización del Sistema de Pensiones Solidarias, seguro de invalidez y sobrevivencia, tablas de mortalidad, aporte adicional para la clase media y SCOMP, entre otros.

La Super de Pensiones, la CMF y el Consejo Técnico de Inversiones emitirán un Régimen de Inversión del Ahorro Previsional Adicional que regirá el marco global para el 4%, que además establecerá el número de Fondos de Ahorro Previsional, pudiendo ser un máximo de tres. El Consejo Público Autónomo también fijará los límites de inversión de estos nuevos fondos. Así, los afiliados podrán optar ante el Consejo Público Autónomo, por uno de los fondos administrados por las Gestoras de Inversiones de Ahorro Previsional Adicional.