Avanzar en pensiones, pero con otra propuesta. Ese fue el mensaje que envió la Cámara de Diputados al gobierno este miércoles cuando aprobó la idea de legislar la reforma previsional, pero rechazó partes centrales de la iniciativa.

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Ahora que el proyecto pasó al Senado, tendrá que ser visto por la Comisión de Trabajo desde marzo, y luego por la Comisión de Hacienda, para más tarde ser votado en la sala de la Cámara Alta. Ahí el gobierno no parte con ventaja: en marzo cambiará la composición de la Comisión de Trabajo, donde la oposición será mayoría. El senador Iván Moreira (UDI) asumirá la presidencia. Los restantes senadores que la compondrán serán Rodrigo Galilea (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Gastón Saavedra (PS) y Alejandra Sepúlveda (independiente ex-FREVS).

El Ejecutivo ha dicho que espera despachar el proyecto del Congreso en mayo, pero no parece una tarea fácil. Es más, el futuro timonel de la Comisión de Trabajo del Senado anticipa que probablemente solo en dicha instancia el proyecto tardará en tramitarse más que aquel plazo. “Mientras más urgencia le dé el gobierno, más difícil su aprobación. Antes de julio lo veo difícil”, afirma el senador Moreira, respecto a los tiempos de tramitación que proyecta solo en la Comisión de Trabajo.

Sobre el cronograma del gobierno, el senador Cruz-Coke enfatiza: “Bajo ningún punto de vista. Nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para sacar un buen proyecto. Ya vimos lo que sucedió en la tramitación de la Cámara de Diputados, donde al final, por el empecinamiento de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, de aprobar la idea de legislar, terminó apareciendo una suerte de proyecto zombi, sin nada adentro, un cascarón vacío, y con cifras que son totalmente cuestionables (...) Acá nos vamos a tomar el tiempo, pero vamos a pedir también, como ha señalado David Bravo, que las cifras a través de las cuales se generan los supuestos que el gobierno pone a disposición de los parlamentarios, sean cifras comprobables y reales (...) Entre sacar un proyecto como el que está proponiendo el gobierno, y no sacar un proyecto, es mejor no sacar un proyecto a estas alturas”.

Por su parte, el senador Galilea cree que “el gobierno más que ponerse plazos, debiera ponerse el desafío de cambiar sus perspectivas, puntos de vista, y propuestas, para no tropezar nuevamente con la misma piedra, y por lo tanto, creo que los enfoques deben ser distintos a lo que hizo en la Cámara, donde estuvo 14 meses, y la verdad es que no se avanzó nada. Por lo tanto, eso debe ser, creo yo, un campanazo de alerta profundo para que el gobierno enfoque de una manera muy distinta la reforma previsional (respecto a) lo que hizo en la Cámara de Diputados”.

El senador Moreira asegura que “para nosotros hay elementos esenciales, como que el aumento de cotización vaya a las cuentas individuales y que el aumento sea en un periodo de tiempo razonable para no afectar aún más el empleo. El aumento de la PGU debe contar con recursos permanentes no sólo para un aumento a $250 mil como plantea el proyecto, sino también para las décadas que vienen”.

Moreira agrega que “respecto de la separación de la industria, estamos dispuestos a revisarlo, pero con datos, no sólo relatos. Un órgano monopólico de nivel nacional requiere análisis. Sobre los inversores privados, hay que asegurar la competencia y la eficiencia. Un actor estatal, en los términos planteados en la Cámara, es imposible de aprobar. En términos generales, se requiere que el proyecto esté financiado y sea sustentable en el tiempo. Al incorporar la solidaridad intergeneracional, que va en retirada en los países OCDE, se va en el sentido contrario”.

En tanto, el senador Galilea cree que “hay ciertos objetivos que podemos compartir, como mejorar las tasas de reemplazo de los sectores de ingresos medianos de la población, gente que tuvo estabilidad laboral y que cotizó 10, 20 o 30 años; se puede pensar naturalmente en eficiencias en la industria de AFP; se puede pensar en mejoras que tienen componente solidario, financiar un seguro para que las tasas de longevidad no pasen de cierta edad. En fin, hay muchos elementos que se pueden estudiar, pero el enfoque (del gobierno) tiene que ser muy distinto al que le dio en la tramitación en la Cámara de Diputados”.

El senador Cruz-Coke sostiene que “el proyecto que llega es muy abierto, muy genérico”, pero “sí nos estableció ciertos elementos con bastante claridad. Primero, algo que es un consenso entre los técnicos y la ciudadanía, es que los recursos rinden mejor cuando van a cuentas individuales. Por tanto, ese ya es un marco que para nosotros es mandatorio. Por otra parte, también descartamos la creación de un fondo estatal de reparto”.

Al respecto, añade que “lo que nosotros estaríamos disponibles a hacer, es a generar, por la vía de impuestos generales, la posibilidad de ir generando compensaciones a aquellas pensiones que son más malas”. Ahí dice que se podría ver “el costo que tiene (para) hacer un aumento tributario para poder generar una suerte de fondo de compensación. Ninguno de estos administrados por el Fisco, que es algo que a mí me gusta que se entienda, que acá hay una desconfianza brutal de la ciudadanía respecto del Estado administrando pensiones, o del Estado incorporándose al mercado de capitales. Para mí la idea de que exista un inversor público en el mercado de capitales, como estaba planteado en el IPE, también es un intransable. Si el Estado quiere invertir, que asuma la lógica de la ley de AFP, que está en el DL 3.500″.

Por su parte, el senador Saavedra recuerda las tasas de reemplazo que hay en el pilar contributivo, donde la “mediana de hombres y mujeres es de un 17%. Y eso obliga, por lo tanto, a que haya un punto de búsqueda de acuerdo. Eso significa que tienen que mejorar las pensiones para los jubilados de ahora, y no en 40 o 50 años más. Si traspasas todo el 6%, por ejemplo, como pretende la derecha, al pilar contributivo, vas a tener resultados en 50 años más, y el punto es que nosotros tenemos que ahora resolver esto”. Por eso, el senador PS estima que hay que reponer la garantía de 0,1 UF por año cotizado que se rechazó en la Cámara.

Saavedra agrega que se puede llegar a un acuerdo respecto a cuánto del 6% va a solidaridad y cuánto a cuentas individuales, pero “la disposición que tenemos que tener primero es que tiene que haber una parte para el pilar contributivo, y otra parte para solidaridad, y eso significa tener un monto para garantizar de inmediato un aumento de las pensiones, que no puede estar solo basado en la PGU, porque la PGU pasa a ser ya un subsidio en la administración privada de pensiones”.

Moreira concluye que “hoy el gobierno debe entender que no tiene el respaldo suficiente para su propuesta y debe formular una propuesta que sea viable, pero además, que genere consensos. Pero esa propuesta debe ser debidamente fundamentada, con informes técnicos sólidos y respaldo de los especialistas, y sin letra chica o intenciones refundacionales”.