Los cambios y la apertura que tuvo Hacienda para realizar indicaciones al royalty minero fueron bien recibido por el sector y los expertos, sin embargo, no quedaron del todo conforme. El principal punto en cuestión es la mantención del impuesto ad valorem.

La propuesta original consideraba un impuesto ad valorem (valor del mineral extraído), que con tasas diferenciadas para la producción por sobre y bajo las 200 mil toneladas, y el componente sobre el margen operacional, el que establece tasas entre 2% y 36% sobre la rentabilidad de la empresa minera. Ambos componentes toman en cuenta el valor del precio del cobre.

Este gravamen desde un comienzo generó reparos y desde el sector alertaron sobre la inviabilidad del proyecto, dado el oneroso impacto de la regalía en los proyectos nuevos y antiguos, por el aumento de la carga tributaria global para el sector a casi 60%. El principal argumento apuntaba a la pérdida de competitividad frente a países mineros como Perú, Australia y Canadá, los que tienen cargas tributarias muy por debajo del 50%.

Ante ese escenario, Hacienda abrió una mesa de negociación la que derivó en las indicaciones que se presentaron. Estas proponen establecer un impuesto ad valorem de tasa plana de 1% para la gran minería del cobre cuya explotación supere las 50 mil toneladas, excluyendo de esta forma a la mediana minería. Y en caso de que el margen operacional sea negativo, no procederá el pago de este gravamen.

En el sector minero, la mirada que se tiene sigue siendo crítica. Desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) su presidente, Jorge Riesco, afirmó que las indicaciones presentadas por Hacienda al proyecto de royalty minero “son preocupantes”, por cuanto la propuesta mantiene la tasa ad valorem que se aplicaría a producciones sobre 50.000 toneladas, aunque fijándola en 1%. “En la práctica la carga impositiva total se mantendría en rangos muy altos, incluso sobre el 55%, de acuerdo a nuestros primeros cálculos”, indicó. Asimismo, agregó que “si es aprobado este proyecto con estas indicaciones, las grandes empresas mineras en nuestro país quedarían con tasas impositivas altas y muy por sobre otros países mineros, como Perú y Australia, lo cual afectará duramente nuestra competitividad”, aseveró el directivo de Sonami.

Si bien Riesco valoró las conversaciones que la industria sostuvo con las autoridades de Hacienda, especialmente el ministro de la cartera, Mario Marcel, calificó como “insuficientes” los anuncios del ministerio de Hacienda. “Resulta preocupante que no hayamos podido convencer a la autoridad de la inconveniencia que tiene para la minería de nuestro país la aplicación de un royalty ad valorem, el que naturalmente no relaciona el resultado operativo de la empresa con la carga tributaria”, agregó.

Añadió que las indicaciones presentadas por Hacienda, “contemplan supuestos de producción que en la práctica no se han materializado y vemos con escepticismo que se contemplen tasas de crecimiento de 3% o más cuando la realidad indica que la producción se encuentra estancada en los últimos 18 años y en particular el año 2022 caerá del orden del 5 a 6%”.

El Consejo Minero no quiso realizar comentarios, ya que según afirmaron se encuentran analizando las indicaciones, y que sus opiniones serán expuestas cuando vayan a exponer a la Comisión de Minería y Energía del Senado, instancia donde se tramita el proyecto.

Entre los expertos también existe una mirada crítica al impuesto ad valorem. El director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, sostuvo que “siempre será mejor un mecanismo que respete la realidad de costos de las empresas como lo hace un instrumento basado en la utilidad”. En ese sentido acotó que este impuesto “tiene efectos indeseados al poner en riesgo operaciones de alto costo por lo que será preferible recaudar a través de mecanismos basados en utilidad, siempre y cuando las tasas totales no sean demasiado elevadas cómo está ocurriendo actualmente”.

Juan Infante, socio Tax & Legal de KPMG en Chile, subrayó que “existe una mejora de las indicaciones relacionadas al royalty minero y por ello, el gobierno está haciendo un esfuerzo por bajar la tasa ad valorem, sin embargo, conceptualmente sigue incurriéndose en el mismo error de aplicar un impuesto sin distinguir la rentabilidad del proyecto en particular. Puede haber proyectos con muy buena rentabilidad, y otros con una rentabilidad más baja, sin embargo, en ambos casos se aplicaría la misma tasa”.

Eugenio Evans, socio de Grupo Evans, abogado experto en energía y recursos naturales comentó que “ve poco factible que el gobierno elimine el cobro ad valorem. En la indicación respectiva el gobierno ya lo bajo de 3% a 1% y por ello no creo que vaya más allá. Este gravamen ad valorem se implementará no obstante lo negativo que considero es su establecimiento”.

Mauricio López, socio de Recabarren & Asociados, puntualizó que “los ajustes en esta parte, si bien constituyen una mejora, no son suficientes. Un royalty sobre las ventas sin considerar efectivamente la rentabilidad genera distorsiones que son dañinas para el desarrollo minero”.

Asimismo, dice que se contempla que, para el caso que la renta operacional minera ajustada sea negativa, el respectivo se deduzca del componente ad valorem a pagar, sin embargo, “solo dejaría de pagarse el tributo si la pérdida fuese tan grande que al restarla resultase un monto negativo”.