Camanchaca es una de las tres principales pesqueras del país. Su fuerte está en la zona norte, donde tiene el 24% de la cuota asignada al sector industrial para la captura de la anchoveta (139 mil toneladas, de las 579 mil autorizadas para 2024), pero también tiene operaciones en la zona sur, donde el jurel es su mayor recurso. Y aunque también posee una salmonera, sus ingresos provienen principalmente de la pesca.

En 2023 la empresa -controlada por la familia Fernández García, con el 62,9% de la propiedad, y por Francisco Cifuentes, con otro 10,1%- obtuvo ganancias por US$5,4 millones, 85% menos que en 2022. Pero su Ebitda, de casi US$90 millones, provino en un 63% de la pesca y el resto de los salmones. Los cultivos, en tanto, les generaron pérdidas.

Y en ambos negocios enfrentan escenarios de incerteza. En la pesca, el nuevo proyecto para el sector que propone el Ejecutivo y que hoy se tramita en la Comisión de Pesca de la Cámara, les podría costar hasta el 50% de su cuota, tanto en el norte como en el sur. En los salmones, en tanto, vienen enfrentando en los últimos años asaltos altamente organizados, con el robo y la pérdida total de cargamentos y equipos.

Ricardo García es el gerente general de Camanchaca desde hace 13 años y en las últimas semanas sumó otra importante preocupación: la paralización del Puerto Coronel que se extendió por casi dos meses, y que les generó gastos extraordinarios por al menos $800 millones, por un embarque de 6 mil toneladas de jurel congelado que estaba entrampado, sin tener acceso a él y que finalmente fue despachado desde otro puerto. Y aún no pueden acceder a un embarque de 100 toneladas de choritos congelados que estaba en plena carga cuando estalló el conflicto, y se mantienen a la espera de que la normalización de las operaciones se restablezca.

“Por lo tanto, aún no tenemos una evaluación real del impacto económico”, detalla García, aunque afirma que el valor conjunto de ambas cargas era cercano a los US$6 millones.

“Nosotros somos una víctima de esta situación. Somos un usuario, un cliente del puerto que utiliza el puerto para poder exportar. Por lo que vemos, el bloqueo del puerto fue una acción ilegal, por lo tanto, lo primero que nosotros pediríamos es que se respete el ordenamiento y el Estado de derecho”, enfatiza.

¿Los robos de salmones han sido dolor de cabeza para el sector?

-Sí, en los últimos años ya hay denuncias por más de 160 robos en los registros que llevamos en el gremio, Salmón Chile.

¿Cuántos de esos 160 les han afectado a ustedes?

-Este año ya van cuatro camiones, de los cuales dos han sido de nosotros. Estos son robos que están hechos de manera muy profesional, muy organizada. No son ladrones o delincuentes comunes. Robar un camión de salmón con esa frecuencia y con esa especialización es propio del crimen organizado.

¿Cómo analizan la respuesta de las autoridades? ¿Hay conciencia de la gravedad de este fenómeno?

-Somos una compañía, de muchas, que transporta carga a través de las carreteras de Chile, y con los dos robos que hemos tenido en los primeros meses del año, no puedo pensar que esta ha sido una materia importante para el gobierno. Si así hubiese sido, no habríamos tenido cuatro robos este año en la industria y la mitad de Camanchaca. La evidencia muestra que esto no ha sido objeto de la preocupación que uno esperaría.

¿Qué medidas han tomado para protegerse?

-Claramente, hemos tenido que actuar tomando un pool de medidas, entre otras, que nuestros choferes viajen con chalecos antibalas y cascos balísticos, pero eso es en el ámbito de lo privado. Si mañana hay que salir armado a defenderse por las calles, por sus propios medios, eso quiere decir que ya se acabó el Estado de derecho y que estamos en plena selva. Yo espero que nunca lleguemos a eso, pero no es razonable que los choferes del transporte tengan que viajar con chaleco antibalas.

Pero para García, el principal problema por estos días pasa por la discusión en torno a la nueva ley de pesca que impulsa el gobierno. Una propuesta que empezó su tramitación en enero de este año y respecto de la cual los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprobaron la idea de legislar en forma unánime.

Pese a que desde el inicio de la discusión los cuestionamientos hacia la actual ley vigente han puesto el acento en el problema de origen de la iniciativa, debido a los casos de corrupción que terminaron con dos parlamentarios -el exsenador UDI, Jaime Orpis, y la exdiputada, Marta Isasi- condenados por cohecho, para García la normativa vigente no ha sido ineficiente ni adolece de problemas de legitimidad. “La propuesta (del Ejecutivo) es muy mala, muy deficiente; se origina en premisas, supuestos o visiones falsas, erróneas o incorrectas”, afirma.

¿Cuáles son esas premisas incorrectas?

-Podría hablar de tres. La primera, es que se dice que la ley vigente es una ley corrupta. Eso es falso.

¿No hay un fallo que contradice esa aseveración?

-No, no existe ningún fallo que diga que la ley es corrupta.

Pero sí hay personas que intervinieron en ese proceso que fueron procesadas.

-Hay un parlamentario que fue condenado.

¿Y eso no pone en cuestión la legitimidad del proceso legislativo de esa ley?

-Por supuesto que no. Por dos razones. En primer lugar, ninguna ley es corrupta, porque las leyes no son corruptas. Las personas pueden ser corruptas, pero no las leyes. Y ¿cuántos parlamentarios aprobaron la ley? Más de 100... creo que fueron 24 parlamentarios en exceso de lo que se necesitaba. Más de 100 parlamentarios, entre diputados y senadores. Afirmar que la ley es corrupta es afirmar que todos los que votaron a favor de la ley son corruptos. Yo no he visto a nadie que haga esa afirmación. Afirmar que la ley es corrupta es simplemente una afirmación liviana, tirada al boleo. Hay un caso donde se condenó a una persona. Eso no habría cambiado absolutamente en nada la ley. A mí me parece que es una ofensa.

¿Cuáles son las otras premisas que estima como falsas?

-La segunda premisa falsa es que la ley implicó darle cuotas al sector industrial en desmedro del sector artesanal. Eso es falso. La ley que se negoció en 2012 había partido de un acuerdo prelegislativo entre el sector pesquero, incluyendo a toda la gente del sector, donde se acordó, y eso después se tradujo en la ley, en que el sector industrial le transfirió cuotas de sardina, anchoa, anchovetas, jurel y otros, en beneficio del sector artesanal.

Las valorizaciones que se hicieron entonces cifraron en más de US$35 millones la transferencia que se hizo desde el sector industrial al sector artesanal en el año 2013. De manera que decir que aquí le transfirieron o le dieron cuotas de pesca al sector industrial es falso.

¿Y la tercera?

-La otra afirmación que también es falsa es que al sector industrial le regalaron las cuotas. Eso es falso. La ley de 2012 generó un royalty pesquero cuantioso que hemos tenido que pagar durante estos 10 o 12 años en que ha estado vigente la ley. En este período, hemos pagado aproximadamente US$650 millones a lo largo de los años en royalty pesquero. De manera que nadie nos regaló nada, aquí no hubo ningún regalo de ninguna especie. Al contrario. De manera tal que esa premisa con la cual parte esta propuesta del gobierno, también es falsa. Y como eso es falso, la arquitectura de la propuesta de ley es incorrecta. Es una muy mala ley. El 75% de lo que está escrito en la propuesta de ley es una copia literal de la ley vigente. Eso es bien notable. O sea, la ley actual es tan buena que copiaron el 75% de ella.

¿Y cuál sería, entonces, el principal cambio que ustedes acusan?

-Simplemente, transferencias del sector industrial al sector artesanal. Eso es todo lo que se dice. Y cuando hablamos del sector artesanal, no hablamos de la pesca de supervivencia, del botero, de la caleta de pescadores. No estamos hablando de lo que la gente tiene en la mente de la pesca artesanal. Hablamos de barcos de entre 12 y 18 metros de eslora que son capaces de llevar hasta cuatro contenedores de capturas en sus bodegas, y que valen más de un millón de dólares cada uno, muchos de ellos. Entonces, estamos hablando de una pesca semiindustrial.

¿Qué impacto tendría este proyecto para ustedes?

-El proyecto tal como está, significa en el caso de Camanchaca, por ejemplo, si saliera tal como está, que nosotros en el norte perderíamos cerca del 90% de las cuotas que tenemos hoy día, lo que convertiría la operación en completamente inviable.

¿Cuánto pesa esa zona en su negocio?

-La pesquería de la anchoveta en el norte de Chile ha sido la segunda más voluminosa del país después de la del jurel. Es una biomasa muy grande que se ubica entre Perú y Chile, aunque no es tan valiosa como el jurel, que es pescado por la pesca industrial, y se puede usar para consumo humano. La pesquería del norte de Chile, en volúmenes para hablar de valores, eso puede representar un 50% de nuestra captura industrial.

¿Y en la zona centro-sur?

-Tal como está la propuesta, no sé si va a funcionar, porque implicaría que tendríamos la mitad de las cuotas que tenemos hoy día, y con eso no es claro que podamos operar.

En resumen, ¿esta ley supone una amenaza directa a las operaciones de Camanchaca?

-Esta es una ley que es una amenaza directa a todos los pescadores industriales en Chile, no solamente Camanchaca. Esta nueva ley de pesca es un ‘matapacos’ para la inversión. Es muy, muy negativa. Y detrás de las empresas pesqueras industriales no solo hay propietarios, sino que miles de trabajadores; 36 mil trabajadores se desempeñan en la pesca industrial, y solamente en el caso de la zona del Biobío, donde opera Camanchaca, son más de 6.500 personas que trabajan directamente, a lo que hay que sumar cerca de 300 empresas medianas y pequeñas que prestan distintos tipos de servicios.

¿A qué se refiere con “matapacos”?

-La actual propuesta conlleva un perjuicio brutal sobre el sector pesquero chileno y, por ser algo terrorífico para este sector clave de la economía del Biobío, la metáfora del ‘matapacos’ para las inversiones hace sentido, representa el atentado al orden y al respeto que son necesarios para fomentar inversiones y el progreso. Esa conducta mata-inversiones no solo espanta al sector pesquero, sino a cualquier actividad regulada por su carácter expoliatorio y nocivo al desarrollo.

Desde que la actual ley está vigente hemos hecho inversiones por más de US$175 millones, y las hicimos porque pensamos que íbamos a poder recuperar esas inversiones en el futuro. Cuando partimos con la ley, en el caso del Biobío perdíamos plata, porque las cuotas de jurel eran muy bajas, se había sobreexplotado el recurso con la ley anterior; había muchos activos, muy poca captura, pocos productos, y por tanto todas las empresas del sur estaban con pérdidas. Finalmente, eso obligó a las compañías a fusionarse, Camanchaca se fusionó con otra, las demás también se fusionaron, se fortalecieron las compañías y se apretaron los dientes durante muchos años, para que con esta nueva ley de 2013 se fueran recuperando las pesquerías. Y eso ha permitido una recuperación sustancial de las pesquerías, especialmente del jurel, que ha aumentado entre 3 a 4 veces las capturas gracias a esta mejor administración.

Entonces, esta ley que viene a quitarnos las licencias que tenemos hoy día sin expropiarlas, sino que expoliándolas -porque expoliar es pagar sin pagar, a diferencia de expropiar, que es quitar pagando-, en esta expoliación uno se encuentra en el peor de los mundos: ha hecho todas las inversiones, ha contribuido a la administración pesquera para que se recuperen las pesquerías, y cuando la actividad comienza a dar frutos, vienen con esta ley. Entonces es muy frustrante.

En su memoria de 2023, ya advertían que estaban evaluando los proyectos de largo plazo por la incertidumbre asociada a este proyecto. ¿Cuál es la estrategia? ¿Tienen que esperar a ver qué pasa con el proyecto para retomar las inversiones?

-Ciertamente en este contexto de discusión uno tiene completamente paralizadas todas las inversiones que no son las estrictísimamente necesarias para mantener los activos en buenas condiciones. Ahora, ya confío en que la propuesta del gobierno va a ser discutida con racionalidad por parte de los parlamentarios, y si finalmente se llega a un acuerdo, es porque hay algo razonable. Nosotros no estamos en contra del cambio a la ley de pesca, estamos en contra de un mal cambio.

Se dijo que la ley de pesca dejaría la cuota histórica de los industriales en un 50%, desde 85%, y con licencias por 10 en vez de 20 años. ¿Cuáles son los parámetros para hacer eficiente la industria?

-La industria hoy día está operando con mucha eficiencia, porque las pesquerías se han recuperado, especialmente la pesquería del jurel, que para las compañías industriales es probablemente la más importante, porque es la más valiosa y se ha recuperado de manera eficiente. Lo mejorable en la ley es todo el régimen de propiedad artesanal, que tiene un régimen para acceder a los recursos del mar que, en mi opinión, es deficiente y podría mejorarse en benefici de ellos, otorgando licencias transables de pesca artesanal que les permitan tener una mejor operación. También hay mejoras que se pueden hacer en todo lo que es investigación, y particularmente de pesquerías que puedan aparecer en las costas chilenas como consecuencia de cambios climáticos u oceanográficos. Hoy día tenemos debilidad para poder identificar nuevas pesquerías. Y también podría revisarse todo lo que tiene que ver con los barcos factoría y su operación dentro de la zona económica exclusiva.

Pero entonces el nivel de las cuotas y su vigencia, ¿no es lo principal?

-En la nueva ley uno podría hacerse cargo de todo lo que es la soberanía en la zona austral, en el extremo sur. En los mares australes de Chile podríamos favorecer la actividad pesquera que podría crear soberanía sobre un territorio que hoy día está poco explotado, y que probablemente va a terminar siendo explotado por otros países, por potencias, en el futuro. También está el régimen laboral de los tripulantes, particularmente en el sector artesanal, donde podría haber mejoras en la ley actual.

El subsecretario de Pesca, Julio Salas, ha dicho que confía en que la industria pesquera aprendió la lección con la ley anterior. ¿Qué responde?

-El principal aprendizaje, no solo del sector, sino de los gobiernos, este y otros, es la importancia de la administración de las pesquerías con criterios científicos.

¿Los del proyecto actual son errados?

-No, porque el proyecto actual en esa materia hace una copia de la ley vigente. En esa materia no hay grandes cambios. Si este proyecto el único cambio importante que hace es la expoliación de las licencias transables de pesca en el sector industrial. Ese es el resumen, el resto es pirotecnia, cosmética, maquillaje, titulares, lugares comunes. Pero de verdad, los aprendizajes están en cómo sostener en el tiempo una pesquería sana que permita hacer las inversiones y sacarles el mayor valor agregado a los productos del mar. Y eso implica un sometimiento a los criterios científicos a la hora de fijar las cuotas.