Royalty da primer paso en Comisión de Minería del Senado, pero recibe fuertes críticas de privados

Un primer paso dio el proyecto de royalty minero. Luego de cinco meses de discusión y de varias indicaciones que ingresó el Ejecutivo, la Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó y lo despachó a la Comisión de Hacienda.

Para que avanzara esta propuesta, el gobierno tuvo que ingresar tres sets de indicaciones. El primero fue en julio del año pasado cuando se anunció el ingreso de dos de los cuatro proyectos que configuran la reforma tributaria del Presidente Gabriel Boric. El segundo fue en octubre y el tercero, ahora, previo a la votación.

La propuesta original consideraba un impuesto ad valorem (valor del mineral extraído), que con tasas diferenciadas para la producción por sobre y bajo las 200 mil toneladas, y el componente sobre el margen operacional, el que establece tasas entre 2% y 36% sobre la rentabilidad de la empresa minera. Ambos componentes toman en cuenta el valor del precio del cobre.

Eso fue precisamente lo que se cambió. Entre las indicaciones que ingresó el gobierno destaca la modificación de la escala de tasas para aplicar el impuesto en función del margen operacional de las empresas mineras que produzcan cobre en una cantidad mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, las que fluctuarán entre un 8% y un 26%.

Así, de acuerdo al proyecto, para el cálculo de margen operacional se permite descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación. Además, se propuso establecer un impuesto ad valorem de tasa plana de 1% para la gran minería del cobre cuya explotación supere las 50 mil toneladas métricas de cobre fino, excluyendo de esta forma a la mediana minería. En caso de que el margen operacional sea negativo, no procederá el pago de este gravamen.

Ambos artículos fueron aprobados en votaciones separadas 3 votos a favor y 2 abstenciones en el primer caso y 4 votos a favor y 1 abstención en el segundo.

El resto del articulado referido al destino de los recursos fue despachado por unanimidad de los senadores de la comisión: la presidenta Loreto Carvajal (PPD), Juan Luis Castro (PS), José Miguel Durana (UDI), Rafael Prohens (RN) y Esteban Velásquez (FRVS).

Previo a la votación en la Comisión, el Ejecutivo presentó una serie de indicaciones que modificaban la distribución de los recursos recaudados por el royalty a regiones. En total, según se detalló, se inyectarán U$ 450 millones a comunas y regiones del país, con foco en las zonas mineras, cifra por sobre los US$ 420 millones contemplados en octubre pasado. Este nuevo monto representa un 36% de la estimación de recaudación del royalty, y eleva en un 17% los recursos propios de gobiernos regionales y municipios, y cuadruplica los aportes fiscales a municipios.

Según lo que informó el Ejecutivo, la distribución se realizará a través de tres fondos: el Fondo de Compensación de Externalidades para las comunas mineras recibirá una inyección de U$ 55 millones anuales (800.000 UTM), lo que representa un aumento de US$ 35 millones respecto a las indicaciones de octubre. Además, se amplía la definición de comunas beneficiarias a aquéllas que posean faenas distintas a un yacimiento, pero relacionadas directamente con la actividad minera.

El Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial contará con recursos por US$ 170 millones anuales (2.500.000 UTM), lo que implica un incremento de US$ 100 millones respecto a las indicaciones de octubre. Además, se perfecciona la redacción respecto de las reglas de distribución. Acá se establece que los ingresos del año anterior se considerarán en el cálculo, y que el pago se efectuará en cuatro cuotas anuales en vez de dos.

Y el tercero es el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, el cual recibirá un aporte anual de US$ 225 millones, y se distribuirá de acuerdo con las reglas del Fondo Nacional por el Desarrollo Regional. Adicional a estos incrementos, se explicita que los fondos a beneficio municipal serán de libre disposición y podrán utilizarse sin límites temporales, pudiendo acumularse de un año a otro. Además, se agrega una norma de publicidad y control del uso de los recursos, debiendo el Congreso ser informado al respecto.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “de parte nuestra ha existido toda la disposición para contribuir a acercar posiciones y generar un nuevo royalty que incremente los recursos fiscales que, a su vez, también puedan canalizarse en parte importante a las regiones y comunas, incluyendo aquellas que se ven más afectadas por la actividad minera”, comentó.

Considerando estos cambios, el gobierno estima que el royalty minero recaudaría en torno a 0,6% del PIB. De acuerdo a Hacienda, de ese total, un 0,46% del PIB sería producto de la nueva estructura, y el 0,15% restante es resultado del crecimiento de la producción y los costos.

Pese a que algunos de los cambios se trabajaron en una mesa que integró el Consejo Minero, su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, criticó duramente el avance de la iniciativa. “Lo ocurrido en la Comisión de Minería y Energía del Senado es lamentable. Cuatro de los cinco senadores expusieron su preocupación por los efectos del nuevo royalty en las inversiones, más aún, manifestaron dudas sobre la carga tributaria efectiva y las cifras entregadas por el ministro Marcel, pero igualmente deciden aprobar el proyecto”.

Asimismo, dijo que “es evidente que tuvo efecto la táctica del gobierno de enfocarse en el destino regional y comunal de la mayor recaudación, incluso cuando sea una promesa que difícilmente podrá cumplirse si la actividad minera decae por efecto de la mayor carga tributaria, y si las futuras leyes de presupuesto disponen prioridades distintas”.

Posición similar tuvo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, quien dijo que si bien se reconoce los cambios, “al mantenerse el impuesto ad valorem y el impuesto en función del margen operacional siguen generando inquietud en el sector”. En este punto, dijo que “existen dudas de cómo quedará Chile en relación a otros países con estas nuevas tasas, ya que la comparación que muestra Hacienda no es clara”.

Villarino y Riesco esperan que en la Comisión de Hacienda exista una mayor reflexión, puesto que es una instancia más especializada.

En paralelo, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sigue avanzando el “corazón” de la reforma tributaria. En la jornada de este miércoles se aprobó, sólo con los votos del oficialismo, el subir la tasa de impuestos a las personas hasta el 43%.

De acuerdo al proyecto subirán las tasas marginales de las personas que obtienen ingresos imponibles mensuales de más de $ 4 millones y la tasa máxima pasa del 40% al 43%. También avanzaron los beneficios para la clase media. El primero se trata de una exención que permite deducir de la base imponible del impuesto global complementario los gastos por arriendo con un tope de $450.000 al mes y el segundo es el beneficio de descontar de la base de ingresos sumables para determinar la renta de una persona el gasto que una persona incurra para el cuidado de menores de 2 años y de adultos mayores con grados de dependencia severa.