El salvavidas del gobierno para apoyar a Linares por cierre de planta de Iansa

A pocos días de estar instalado en las oficinas de Teatinos 40, Antonio Walker se enteraba de una mala noticia que iba a golpear con fuerza al sector agroalimentario. Cerca de 400 agricultores del Maule se verían afectados por la decisión de Iansa de cerrar una de sus plantas azucareras, medida necesaria para paliar la crítica situación que está viviendo la compañía debido al comportamiento internacional que está registrando el precio del azúcar, commodity que ha caído más de 30% en su cotización desde el año 2016 a la fecha.

Este negro escenario ha hecho que Iansa decidiera que en 2019 la planta de Linares no recibirá remolacha local, concentrando la operación en la instalación ubicada en Los Ángeles y tratando de mantener operativa también la planta que está en San Carlos, para lo cual necesita una superficie de siembra de unas 15 mil hectáreas. Esta decisión afecta de manera directa a unos 200 remolacheros calificados como pequeños agricultores, los mismos que hoy son la principal preocupación del Ministerio de Agricultura.

Hasta la fecha, y pese al anhelo de los agricultores, no hay ninguna ventana que pueda abrir las esperanzas de revocar la decisión que la administración de Iansa, liderada aún por el recién renunciado José Luis Irarrázaval, conversó en febrero con los agricultores de la zona y que fue comunicada formalmente al gobierno el 11 de abril pasado, gracias a la reunión que el propio Joaquín Noguera, presidente de Iansa, y Gonzalo Sanhueza, director de la firma, sostuvieron con Antonio Walker.

Por eso, al día siguiente la autoridad se trasladó hacia la zona sur de la Séptima Región. En la noche se presentó en el casino de la planta de Iansa, ubicada en el área norte de la Villa de San Ambrosio, y conversó con más de 400 personas. "Fue una reunión difícil, porque no llevaba ninguna solución, pero tenía que conversar. Fui porque creí que la responsabilidad era enfrentar el tema y fue bueno, porque esa actitud se valoró mucho", recuerda hoy el ministro Walker.

Bonificación de emergencia

Y desde ahí las conversaciones se han mantenido, cuenta el intendente del Maule, Pablo Milad, quien explica que hace tres meses existe una mesa de trabajo donde participan los trabajadores de la planta de Iansa en Linares, los gremios remolacheros, del transporte de la remolacha y del azúcar y también el gobierno regional. "Se están evaluando todas las alternativas que ayuden a evitar que esto traiga consigo un perjuicio económico mayor a los habitantes de la provincia de Linares", cuenta Milad.

Análisis que avala Antonio Walker: "Pese a ser un tema de privados, el ministerio se involucró en cuerpo y alma en el problema, porque queremos darle un buen servicio a la agricultura. Estamos hablando de 15 mil hectáreas de remolacha para una zona como la Séptima Sur, que es muy pobre y que, además, está atravesando una crisis de rentabilidad en otros cultivos, como el trigo y el maíz", explica.

La preocupación no es menor, pues se estima que el cierre de la planta afectará a unas cinco mil personas involucradas en toda la cadena productiva de azúcar, lo que generará un impacto grande en la economía local.

La mala noticia que Iansa informó a la comunidad fue que la compañía no puede seguir pagando los mismos precios por la contratación de la tonelada de remolacha. Para la temporada 2018 pactó el pago de US$ 51 por tonelada, valor que caerá a US$ 47 la tonelada en la cosecha 2019, rebaja que unida al costo de trasladar la remolacha desde el Maule hasta Chillán hace que la siembra no sea rentable para los agricultores. "Los agricultores nos hacen ver que esa decisión, un cultivo que ya era estrecho en rentabilidad, los deja ahora directamente con números rojos y, por lo tanto, el incentivo para sembrar es muy bajo. Por eso tomamos cartas en el asunto", detalla Walker.

La solución que hoy está sobre la mesa es reasignar recursos del programa suelo degradado, destinado a los pequeños agricultores y que impulsan el Indap y el SAG para la recuperación de suelo. Se trata de $ 1.500 millones, unos US$ 3 millones, por un período de tres años, recursos que serán concursados y que posibilitarán la siembra de 15 mil hectáreas, área suficiente para que Iansa opere las plantas de Los Ángeles y San Carlos, detalla la autoridad.

"Se trata de una reasignación de fondos para una emergencia, entre comillas, como esta. Durante el año se realizarán concursos donde los agricultores podrán participar", recalca Walker.

Sin embargo, el anhelo de los agricultores es que finalmente la azucarera opere las tres plantas. "El cierre de la planta (Linares) no es una realidad definitiva, depende de la contratación que logremos cerrar", señala Jorge Uslar, vicepresidente de la Asociación Nacional de Remolacheros.

El tema se seguirá conversando durante esta semana, pues para el viernes está agendada una nueva reunión de la mesa, donde, además, debería estar presente la compañía. Es que los tiempos apremian, pues si bien la temporada de cosecha 2018 termina en septiembre, los agricultores deben comenzar en agosto a preparar la tierra para la siembra de remolacha necesaria para la temporada 2019. Por eso julio se ha convertido en un mes clave para cerrar este tema.

Renuncia de Irarrázaval

Y por el apremio que imponen las fechas es que el jueves pasado fue un día complejo para el mundo local del azúcar. Ese día, los remolacheros y los trabajadores tenían pactada una reunión con Iansa. La cita se concretó después de la sesión del directorio, encuentro donde se comunicó la renuncia del gerente general de Iansa, José Luis Irarrázaval, luego de más de dos décadas en la firma. La decisión, conversada hace tiempo con su familia y con el propio Noguera, no cayó bien, dado que la firma está en medio de las conversaciones con el gobierno y con los agricultores para definir el futuro de la siembra de remolacha.

"Es una mala señal", afirma Antonio Walker, quien recibió una llamada del propio Irarrázaval comunicándole su decisión de salir de la compañía. "Esto agrava más la situación relacionado con lo que pueda influir el Ministerio de Agricultura", dice, y añade que el martes conversará con Joaquín Noguera para saber detalles de la decisión del actual gerente general, el que continuará en su cargo hasta el 31 de agosto próximo.

Sin embargo, en el gremio de los remolacheros indican que la salida del ejecutivo podría generar un espacio más abierto para alcanzar acuerdos. "Vemos que esto podría ser positivo, porque hay un cambio y la persona que vendrá no tiene ninguna carga, por lo tanto, eso puede ser neutro o positivo", señala Jorge Uslar.

En el directorio del jueves se pactó que la persona que seguirá adelante con las conversaciones será Raimundo Díaz, gerente de Negocio Ingredientes, agrónomo de la Universidad Católica y con experiencia en la industria de alimentos, bebidas y agrícola en el país.

Mejora en resultados

Pero no todo ha sido malo para Iansa. La firma cerró el primer trimestre de 2018 con una ganancia por US$ 2,4 millones, cifra que se compara de manera positiva con las pérdidas por US$ 2,6 millones registradas en igual lapso de 2017.

Y se espera que el primer semestre también tenga resultados positivos. Es que la firma ya absorbió el impacto del precio del azúcar y también el efecto que generó el cambio de conducta de los consumidores gracias a la puesta en marcha de la Ley de Etiquetado, efecto que se sintió con fuerza durante el año 2016. De hecho, al interior de la compañía indican que antes de 2015, cuando se impulsó la nueva normativa, el consumo de azúcares en Chile estaba bajando, pasando de 47 kilos por persona a medidos del 2000, a 45 kilos en 2015. Y para 2018 se espera que la tendencia se mantenga y se cierre con un consumo de 35 a 37 kilos por persona. "Los clientes industriales de Iansa ya hicieron los cambios necesarios para cumplir con la Ley de Etiquetado, pero las modificaciones fueron pensando en las tres etapas de la ley, por eso el impacto ya está asumido", explica un ejecutivo de la industria.

Por eso, al interior de la compañía esperan comenzar el ciclo ascendente en términos de resultados, el que vendrá acompañado, además, de una profundización del plan de eficiencia que hoy está impulsando la firma y también con el mayor protagonismo que deberían comenzar a mostrar las nuevas áreas de negocios de Iansa que no están relacionadas con el azúcar, como es el negocio de los jugos, pastas y el área de alimentación animal a través de la marca Cannes.

Y para continuar mejorando los números, el gobierno también está apoyando a la compañía en la campaña para modificar la fórmula de cálculo que se utiliza para el cobro de los impuestos verdes. Es que el sector agroindustrial lleva gran parte del año conversando este tema con Agricultura, pues se sienten afectados por el nuevo impuesto que este año recaudó cerca de US$ 200 millones, de los cuales un 20% corresponde a empresas forestales y agroalimentarias.

De hecho, Iansa desembolsó US$ 1,5 millón por concepto de impuesto verde este año, siendo la planta de Linares la responsable de casi la totalidad del tributo. "Es un tributo injusto, tenemos siete industrias agroalimentarias que están pagando una gran cantidad por este impuesto verde, y lo que estamos pidiendo al Ministerio de Hacienda es cambiar la fórmula de cálculo", reconoce Antonio Walker.

Añade que este sector ocupa las calderas que están dentro del límite establecido para aplicar el impuesto -50 MW de capacidad instalada- solo tres o cuatro meses al año, por eso lo que se está solicitando es establecer el cálculo sobre el promedio del gasto en el año y no en el período reducido de tiempo. "El Ministerio de Hacienda está completamente de acuerdo, es decir, nuestro argumento ha sido escuchado en Hacienda", señala Walker.

La decisión final, en todo caso, aún no está tomada.