Sernac denunció a 13 supermercados y tiendas de retail por exigir boletas a la salida de sus locales

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció a 13 supermercados y tiendas del retail por exigir boleta de comprar a la salida de sus locales, lo que la institución califica de medidas “indebidas” de seguridad. Más en detalle, los supermercados denunciados son Hiper Lider, Lider Express, Unimarc, Super 10, Tottus y Acuenta. En retail, los que deberán enfrentar a la justicia son La Polar, Corona, Falabella, Ripley, Easy, Homecenter Sodimac y Construmart.

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En locales de 4 regiones distintas (Región Metropolitana, Los Ríos, Antofagasta y Biobío), el Sernac detectó tras diversas fiscalizaciones el incumplimiento de la Ley del Consumidor, lo que se comenzó a detectar a través de reclamos y alertas ciudadanas. El organismo enfatizó en que si bien los comercios tienen el derecho a implementar medidas de seguridad, esto no tiene que implicar trasladar a sus clientes “la carga de acreditar su compra o afectar su experiencia en el comercio”, señalaron.

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, expresó que esta medida “no solo resulta desproporcionada y poco profesional, sino que implica someter a los consumidores a situaciones de estrés, que además pueden dar pie a malos tratos o dejar la puerta abierta a discriminaciones arbitrarias o actuaciones vejatorias, pues ello queda a criterio, en última instancia, del guardia que exige dicha boleta”, dijo.

Herrera agregó que los establecimiento tienen el deber de actuar con profesionalidad en la materia, respetando los protocolos de seguridad para focalizar e identificar a quienes están cometiendo delitos. Luego de esto, sólo están facultados para poner a estas personas a disposición de Carabineros o Investigaciones.

“Además, dichos guardias de seguridad o personal de vigilancia no pueden discriminar, burlarse, golpear, registrar ni detener a la persona contra su voluntad”, agregaron desde el Sernac.

De esta forma, en casos de maltrato, discriminación o acusaciones falsas de robo, las empresas arriesgan multas de hasta 300 UTM, equivalentes a más de $19 millones por cada infracción, a lo que se puede sumar las eventuales compensaciones a los afectados determinadas por el tribunal.

“La Ley Zamudio, vigente desde el año 2012, reforzó y complementó la Ley del Consumidor debido a que, por ejemplo, define claramente lo que se entiende por “discriminación arbitraria”, proporcionando lineamientos más claros en caso de acudir a tribunales”, finalizaron desde el servicio.