Sofofa critica ley de delitos económicos y afirma que “podría tener impactos significativos en la actividad empresarial”

La semana pasada la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ingresó al Tribunal Constitucional (TC) un téngase presente en el proceso de control de constitucionalidad que el organismo realiza sobre el proyecto de ley que sistematiza y penaliza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente para que revise algunos aspectos del texto porque “atenta contra el propio Orden Público Económico al seleccionar a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general”.

Y esta tarde, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) envió una declaración pública argumentando las razones por las que se hacen parte de ese requerimiento.

En primer lugar, señalan que “condenamos todas las malas prácticas empresariales, constituyan o no delitos, y consideramos necesario que las conductas delictivas más graves puedan concluir en cárcel efectiva para sus perpetradores”.

En ese sentido, mencionan que “creemos en la libre competencia, en el correcto funcionamiento del mercado de capitales, en la responsabilidad de las empresas con el medio ambiente, con la seguridad de sus trabajadores y las comunidades”.

Como segundo punto resaltan que, si bien la ley aprobada por el Congreso busca generar desincentivos a conductas delictivas, “esta podría tener impactos significativos en la actividad empresarial y, por ello, requiere de una profunda revisión en una serie de aspectos”.

Entre ellos mencionan que la ley establecerá un estándar jurídico “distinto para un grupo de personas de la sociedad (directivos y gerentes de empresas) respecto del resto de los ciudadanos del país, no respetándose así el principio de igualdad ante la ley, tanto en la calificación de las penas de las que serán objeto, como de los beneficios a los que podrán acogerse en el proceso”.

Si bien puntualizan que “nos parece fundamental condenar y tener legislaciones adecuadas frente a delitos que atentan gravemente contra la actividad empresarial y la sociedad en su conjunto -como la colusión, el cohecho, la corrupción, entre otros, que conlleven un alto costo para sus responsables-, esta ley en particular agrega un grupo de figuras delictivas difusas”.

Entre ellas, subrayan “la adopción de acuerdos abusivos en el directorio y la entrega de información falsa, sumados a la ya existente administración desleal, entre otros”. Y enfatizan que “la falta de precisión y exactitud en la definición de estas nuevas figuras delictivas genera un ámbito de ambigüedad amplio en la interpretación de la frontera entre el error, la inobservancia y el delito”.

Critican el hecho que este nuevo catálogo de delitos -que tienen un carácter más subjetivo- “será difícil de probar por parte de los persecutores y también complejizará la defensa por parte de los acusados, abriendo un amplio espacio de discrecionalidad en la calificación de una conducta”. Por lo mismo, sostienen que “la subjetividad descrita se ve agravada por las altas penas de las que serán objeto dichos delitos, y la aplicación de beneficios respecto de los acusados, que, por ejercer cargos de alta responsabilidad en empresas, han sido privados totalmente de ellos”.

Por último, aseveran que repudian y condenan a todos quienes cometan delitos económicos, pero “las leyes deben proveer un catálogo de delitos definidos de manera precisa y exhaustiva, donde la subjetividad y arbitrariedad tengan el menor espacio posible. Reiteramos que es fundamental aplicar toda la fuerza del marco legal a quienes cometen efectivamente delitos, siempre resguardando el debido proceso y la igualdad ante la ley”.