Sólo el 5% de los asalariados privados tiene una jornada de 40 horas semanales y se concentran en trabajadores calificados

El gobierno espera comenzar a tramitar el proyecto de ley que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas esta semana. El miércoles la Comisión de Trabajo del Senado iniciará la discusión con la presentación de las indicaciones por parte de la ministra Jeannette Jara y el subsecretario Giorgio Boccardo.

Si bien el gobierno el día de la presentación de la iniciativa destacó que, a la fecha, más de 100 empresas han obtenido el sello 40 horas por haber implementado esta jornada laboral, son relativamente pocos los trabajadores que tienen una jornada como esta.

Desde que se comenzó a discutir la moción parlamentaria en 2019 ha habido un alza de 57% de los asalariados privados y hoy totalizan 213.684, lo que representa un 4,7% del total de asalariados privados que llegan 4,5 millones.

De acuerdo a un análisis realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) a principios de 2019 la cifra era de sólo 136.123 trabajadores. “Tanto el estallido social como la pandemia llevaron a algunas empresas a buscar maneras de reorganizarse para tratar de seguir produciendo lo mismo bajo circunstancias excepcionales, lo que implicó que aumentará el porcentaje de trabajadores ejerciendo jornadas de 40 horas pese a que no se implementará aún en la legislación laboral la reducción de jornada ordinaria”, sostiene el director del OCEC-UDP, Juan Bravo.

De acuerdo a Bravo, las cifras dan cuenta de que este segmento está viviendo un vigoroso dinamismo. “Los asalariados formales del sector privado que trabajan 40 horas semanales crecieron 35,8% anual al trimestre abril-junio 2022, cifra muy superior al promedio de los asalariados formales del sector privado que crecieron 8,5% anual”.

Pese a esta alza, siguen siendo una proporción menor del universo de asalariados, ¿a qué se debe? según señala Bravo, “la explicación económica de este comportamiento dice relación con la existencia de costos laborales cuasi fijos que hace que el número de trabajadores y el número de horas trabajadas no sean sustitutos perfectos, es decir, para las empresas no es lo mismo tener un trabajador a 45 horas que dos trabajadores con jornada de 22 horas y media. Los costos cuasi fijos no dependen del número de horas trabajadas, sino que del número de trabajadores”. Todo esto es lo que hace más conveniente para las empresas la contratación de trabajadores hasta el límite máximo de la jornada ordinaria legal, lo que explica que la contratación a jornadas menores al máximo legal sea minoritaria.

De acuerdo al análisis del OCEC-UDP, la mayoría de quienes tienen jornada de 40 horas son hombres con 123.104, tienen entre 25 y 54 años (172.092), poseen educación superior completa (141.352) y se desempeñan en enseñanza y comercio. Ahora si se analiza en relación al porcentaje del total de cada categoría, es decir, la prevalencia, los datos muestran que son mujeres con un 5,4% del total de las asalariadas mujeres, tienen entre 25 y 54 años (5%) con educación completa (7,9%) y trabajan en microempresas (7%).

Bravo indica que la concentración en trabajadores con educación superior completa “obedece a que en este segmento sus labores pueden ser explicitadas a través de metas, más que cumplir con una cantidad de horas y eso facilita establecer reorganizaciones productivas que permitan una reducción de la jornada laboral”.

El economista también resalta que hay una prevalencia de asalariados formales del sector privado que trabajan 40 horas se eleva mientras menor es el tamaño de la empresa. “Una posible explicación en que en empresas que han tomado la decisión de trabajar jornadas más bajas de manera voluntaria, resulta más sencilla la coordinación para poder implementar la medida cuando hay una menor cantidad de trabajadores”.

Uno de los principales ejes de las indicaciones que presentó el gobierno es que será gradual el tránsito hacia las 40 horas semanales. De esta manera, se propone una implementación escalonada de la reducción de jornada, sin distinción por tamaño de empresa. La regla general de gradualidad contempla un plazo total de 5 años: la primera rebaja a 44 horas se materializaría al primer año de publicado el proyecto de ley, la segunda rebaja a 42 horas semanales se efectuaría a partir del tercer año y finalmente, la rebaja a 40 horas estaría vigente al quinto año de publicada la ley.

Para el economista esta es “una gradualidad razonable, que permitirá que tanto empleadores como trabajadores se puedan adecuar a la reducción de jornada, evitando trastornos abruptos en el proceso productivo al facilitar el diseño de estrategias de reorganización productiva, de tal manera de poder producir de una manera más eficiente en un menor tiempo y así contrarrestar con mayor productividad por hora trabajada el incremento del costo salarial por hora”.

En este punto, Bravo destaca que “la gradualidad ofrece la oportunidad de ir evaluando sus impactos positivos y negativos en la economía a medida que se va implementando, lo cual también es un elemento positivo”.

En cuanto a las medidas de la adaptabilidad, Bravo comenta que una de las medidas destacadas en la experiencia internacional “es el cambio desde jornada semanal a jornada promedio semanal, donde el promedio se calcula en base mensual o trimestral en su mayoría”. Si bien decidió no implementarse de manera directa esta medida de adaptabilidad, a juicio del economista “las indicaciones anunciadas sí contienen medidas que son sustitutos relativamente cercanos, y que pueden ser consideradas como medidas de adaptabilidad valiosas”.

Entre ellas menciona el derecho a horario de ingreso y salida diferido para personas cuidadoras de niños, niñas o adolescentes hasta 12 años, la compensación de horas extras por feriado adicional hasta 5 días para padres o madres trabajadoras y el nuevo “Pacto para facilitar la conciliación de vida personal y trabajo”, que permitirá que sindicatos y empleadores puedan pactar compensación de horas extras por días libres.