Subsecretaria de Evaluación Social: “La inflación es un factor para la pobreza, pero es muy importante considerar los ingresos del trabajo (...) y las ayudas estatales”
Paula Poblete detalla que actualmente el proceso de la encuesta Casen está en su fase de piloto y que el levantamiento de información se realizará del 1 de noviembre al 31 de enero de 2023. Anticipa que las cifras de pobreza se conocerán en julio del próximo año y, por ello, enfatiza que solo en ese momento se podrá saber con certeza qué pasó con este indicador. Agrega que la Cepal será la entidad encargada de medir la pobreza.
La inflación que hoy se ubica en 14,1%, niveles máximos en 30 años, podría generar un impacto elevando la cifra de pobreza por ingresos que se sitúa en 10,8%. Sin embargo, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, pone paños fríos a este debate señalando que los altos precios son sólo una variable a considerar, puesto que también deben mirarse las cifras de ingresos laborales y las ayudas estatales.
La economista y minor en Sociología de la Universidad Católica y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile se apura en responder que en el país “las cifras oficiales de pobreza se miden en la encuesta Casen” y que el “gobierno no hace proyecciones”. Por ello, recomienda esperar los resultados que arroje la encuesta a cargo del Centro Microdatos de la Universidad de Chile, los que se conocerán en julio de 2023.
La canasta básica de alimentos ha tenido sucesivas alzas durante este año, siendo la de agosto la mayor desde que hay registro superando el 20% en su medición anual. ¿Cómo están monitoreando esta situación por el impacto que pueda tener en la pobreza?
Sabemos que los alimentos son una parte relevante del gasto de las familias, especialmente de las de menores ingresos, por ello, mensualmente vamos monitoreando la evolución de la canasta básica de alimentos. Se considera un subconjunto de 79 productos del IPC y se mide su evolución. Ahora estamos entregando el bono de canasta básica mes a mes, que fue producto de la negociación del salario mínimo. Eso está contemplado hasta abril de 2023. También la entrega del bono Chile invierno fue principalmente para solventar el alza del costo de la vida y, por supuesto, el gobierno siempre está disponible a pensar en nuevas ayudas si es que fueran necesarias.
De acuerdo con cálculos de Libertad y Desarrollo (LyD), 74 mil personas más caerían en extrema pobreza y 218 mil personas más podrían caer en la pobreza debido al efecto inflacionario. ¿Qué medida se puede adoptar para que la pobreza no aumente en esta nueva medición de la Casen?
En Chile las cifras oficiales de pobreza se miden en la encuesta Casen. En este análisis, es superimportante no sólo tener en cuenta la línea de la pobreza, sino que también todos los ingresos que reciben los hogares, que no son sólo los ingresos autónomos del trabajo, sino que también los subsidios que entrega el Estado. Por lo tanto, para el gobierno la única fuente oficial para medir la pobreza es la Casen. El gobierno no hace proyecciones de pobreza.
¿Pero sí la inflación es un elemento que puede generar efectivamente un aumento en la pobreza en la próxima medición?
La inflación es un factor para la pobreza, pero es muy importante considerar los otros elementos, como los ingresos del trabajo, y que, a diferencia de 2020, que fue cuando se realizó la última encuesta Casen, donde hubo una caída muy grande del empleo, el mercado laboral ahora ha repuntado, por lo tanto, los ingresos de los hogares han mejorado. A ello se suma el apoyo del Estado que se han mantenido. Lo responsable es esperar los resultados de la Casen.
¿La mayor inflación puede ser contrarrestada por la creación de empleo, que si bien se ha ido desacelerando de todas formas se siguen creando empleo?
Exactamente, no podemos considerar solo una de las variables, sino que el conjunto donde se debe incluir el empleo y las ayudas estatales.
En cuanto a la encuesta Casen propiamente tal, ¿por qué hubo un retraso en la adjudicación?
El proceso de toma de razón (en Contraloría) fue un poco más lento de lo que esperábamos en el calendario, pero de todos modos no fue un retraso significativo. Si bien es mejor tener más plazo para realizar un trabajo, estamos en los tiempos, no hay atrasos relevantes. El calendario está más justo, pero no hay atrasado.
¿En qué etapa está actualmente la Casen?
Estamos en la etapa del piloto en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Valparaíso. Este piloto consiste en probar todas las etapas de la encuesta, que va desde tocar el timbre en las casas hasta realizar las preguntas del cuestionario. La encuesta vuelve a ser presencial después que en 2020 fue con contacto previo y luego por teléfono, entonces es superimportante evaluar la percepción de la gente y testear cómo se entienden las preguntas. Este proceso se extiende hasta el 25 de septiembre. La encuesta comienza el 1 de noviembre hasta 31 de enero de 2023.
En el proyecto de ley que le otorga mayor autonomía al INE se incluyó que esa institución sea la que mida la pobreza, pero esa iniciativa no ha tenido avances. ¿Cuál será la entidad a cargo de hacer el cálculo de la pobreza este año?
Eso está asociado al proyecto de ley que le da autonomía al INE, y mientras eso no avance, será la Cepal quien mida la pobreza. Está todo coordinado para que lo haga.
¿Cuál es la fecha estimada para publicar los resultados de la pobreza?
Julio del próximo año. Ese es el calendario. Ahí se entregan los primeros resultados que son los nacionales, regionales, urbano y después se van entregando mayores detalles y desgloses.
Otro de los temas que tiene a cargo es la evaluación de programas. ¿Cómo ha ido avanzando ese proceso?
Este es un esfuerzo muy importante entre la Subsecretaria de Evaluación Social y Dirección de Presupuestos. Lleva poco tiempo y lo que hemos hecho es darle continuidad a ese trabajo. Dipres mide los programas no sociales y nosotros los sociales. Esta distinción está asociada a instituciones.
¿Cuáles fueron los programas que se evaluaron este año y sus resultados?
En coordinación con Dipres, evaluamos los programas sociales y no sociales nuevos o aquellos que planteen reformularse, con el objetivo de revisar si el programa cuenta con un diagnóstico riguroso que identifique el problema que pretende abordar y la población a la que busca atender. Además se busca que el objetivo, el diseño y los resultados esperados tengan coherencia para realizar una ejecución correcta y eficiente de la política pública y que existan indicadores de desempeño que permitan su posterior evaluación y seguimiento. En la Subsecretaría de Evaluación Social tenemos a cargo los programas sociales y este año evaluamos 107, de los cuales el 54% obtuvieron una Recomendación Favorable (RF), 44% fueron Objetados Técnicamente (OT) y el 2% restante fue calificado con Falta de Información (FI). Con esta información, los congresistas, a la hora de discutir la ley de Presupuestos, saben cuáles tienen recomendación favorable y cuáles no, y eso es un insumo para la discusión presupuestaria.
¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?
En el corto plazo se está trabajando para que todos los programas pasen alguna vez por una evaluación ex-ante y, por ello, de a poco se han sumado programas que ya tenían 20 años de funcionamiento, y que no habían sido evaluados. De esta manera, se llegará a un momento en que todos los programas hayan estado evaluados y solo van a ir entrando los programas nuevos o rediseñados.
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