El mercado de las telecomunicaciones en el país pasa por un momento difícil, con la mayoría de los operadores con resultados en rojo y una competencia feroz que impulsa a la baja las tarifas y limita sus opciones de crecimiento. La mayoría de los actores han hecho notar su descontento con la situación actual de la industria.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, a quien le ha tocado hacer frente a diversos problemas de la industria, anunció en agosto la preparación de un proyecto que busca reemplazar la Ley General de Telecomunicaciones, y considera que esto podría apoyar a las compañías, con una aceleración de los procesos de inversión de las compañías por parte de la Subtel.

La reforma contempla una modernización que incorpora mejoras al régimen de autorización de inversiones y las modificaciones que se han hecho desde 1982 para incorporar la evolución de nuevas tecnologías.

La primera parte del proyecto se espera que ingrese durante septiembre. Y una vez aprobado, la Subtel se encargará de ingresar otras dos partes: una que modifique la gobernanza, con la entidad que deberá fiscalizar el nuevo régimen de autorizaciones, y luego una tercera que defina la institución que se dedique a fomentar y a supervisar la evolución del ecosistema digital en su conjunto.

¿En qué consiste el proyecto?

-Tenemos hoy un régimen de autorizaciones que tú, antes de instalar un cable, tienes que contar con la autorización de Subtel. Ingresas un proyecto técnico, un proyecto financiero, se analiza, se te hacen observaciones, lo vuelves a ingresar y al final toma años. En otros países, tanto Latinoamérica como en Europa, están evolucionando a un sistema que se llama registral, que consiste en que, al estar registrado como proveedor, ingresas el proyecto y puedes empezar a construir e incluso puedes empezar a dar servicio, porque tú no vas a requerir una concesión previa. El periodo se acorta de un año, dos años, a dos meses entre que tienes la idea y ingresas al proyecto y puedes dar servicio. Esto no altera las otras autorizaciones sectoriales, pero sí en lo que es las comunicaciones, acorta mucho los plazos y baja la carga administrativa tanto para las empresas como para el Estado.

¿Dónde cree que se pueda entrampar el proyecto?

-Los elementos que son críticos o factores de discusión que seguramente van a ser de muchas vueltas en el Congreso, una vez que lo ingresemos, es que hoy día las concesiones son todas por 30 años. Y nosotros vamos a dejar de dar concesiones para todos los servicios, pero cuando se usa el espectro radioeléctrico, eso sí tiene que ser administrado por el Estado, porque no puedes usar el mismo rango de frecuencia en dos empresas en la misma zona, porque se interfieren. Entonces se entregaron concesiones para 2G, para 3G, para 4G, para 5G, todas por 30 años, pero la tecnología evoluciona mucho más rápido que 30 años. Nosotros estamos proponiendo en el proyecto de ley acortar las concesiones a 15 años, con la opción de una renovación, pero sujeta a que haya actualización tecnológica, o sea, la idea es que no se viva 30 años con la misma tecnología, tiene que haber al menos una renovación de equipo, tener eficiencia energética o eficiencia de transmisión de datos.

Entonces la reducción del tiempo de la concesión será un nudo en el Congreso.

-Claro, para las empresas, sobre todo las móviles, que hoy día tienen una concesión por 30 años. Y lo otro, asociado también con el tema de las concesiones, la ley actualmente no define qué pasa a los 30 años o cuál es la condición bajo la cual se puede renovar. Entonces uno lo puede interpretar, como que se renueva automático o como que no existe renovación. Nosotros estamos planteando escribir condiciones: ‘Usted, para renovar una concesión tiene que presentar actualización tecnológica, un proyecto técnico’. También va a generar discusión porque, como no está normado, la primera vez que se norma algo se aparece en las opiniones discordantes, sobre todo los regulados van a querer que ojalá esto sea libre.

¿Usted cree que pueda avanzar rápidamente el proyecto? ¿Que esté aprobado al final del gobierno?

-No, yo creo que esto trasciende el gobierno. Creo que hoy día la agenda legislativa está bien cargada por otros temas: las pensiones, lo tributario, la condonación del CAE... Hay harta presión legislativa para urgencias. Yo creo que esto debe entrar en un track normal.

Pero pensando en el escenario actual del sector de las telecomunicaciones, que están con muchas pérdidas, con varios problemas, ¿el proyecto de ley puede solucionar de alguna forma esa situación?

Puede ayudar, pero nosotros igual participamos del proyecto de permisología que presenta Economía, donde entendemos que se pueden destrabar otros nudos que también pueden ser significativos, incluso más que este. Entonces, creo que, desde ese punto de vista, que si bien este es un proyecto que es muy necesario, creo que no es tan urgente como el de permisología.

¿Qué opina del escenario actual de la industria?

-En la industria móvil, el punto en que estamos hoy día tiene una complejidad financiera que las empresas tienen que resolver. La posibilidad de crecer en cantidad de líneas orientado a personas es muy baja, porque somos menos de 20 millones de habitantes, entonces ya la posibilidad de crecer un 10% o un 30% en cantidad de líneas es muy poco probable. Por otro lado, el ARPU que anda alrededor de $10.000, tampoco va a subir significativamente porque si aumentan mucho las tarifas van a perder clientes. Entonces el ingreso total de la operadora móvil está bastante rígido hoy día. Acaban de invertir cientos de millones de dólares en construir tres redes, se están invirtiendo en construir una cuarta red para 5G, y eso no está significando mayores ingresos.

¿Cómo solucionar esto?

- Usando el 5G para lo que fue diseñado: 5G no se diseñó para personas, se diseñó para hacer eficientes los procesos industriales, para hacer telemetría, para internet de las cosas, para comunicaciones entre máquinas. El desafío para las empresas es ir al sector empresarial, a los distintos sectores industriales y ver cómo esta tecnología genera eficiencia económica, eficiencia productiva, que además nos debería hacer más productivos, más competitivos como país. Entonces, en la medida que se genera su eficiencia productiva, parte de esa eficiencia productiva debería traducirse en ingresos para la gestión.

¿Y en otros países pasa lo mismo?

Sí, es una situación más o menos recurrente. Sin embargo, ya hay países que están con casos de uso implementados y funcionando. China obviamente que ha sido pionero en temas de 5G: tiene aplicaciones en faenas mineras, en salud, en ciudades inteligentes, la logística. En Holanda ya empezaron en esta segunda fase. La primera fase es instalemos la red, la siguiente fase es vamos a la aplicación sobre la red que permite generar esta eficiencia y hay países que ya partieron en eso.

Movistar y Claro se unieron para intentar comprar WOM... ¿La reducción de los operadores pueda aliviar la situación de las telecomunicaciones?

-La respuesta en corto sí: la respuesta en largo, depende. Porque uno mira y dice, si hoy en día son 26 millones de clientes, están distribuidos entre cuatro operadores, entonces todos van a tener entre 6 y 10 millones de clientes. Si tú lo divides en tres, entonces tú pasas a estar entre 7 y 13 millones. Por lo tanto, aumenta la cantidad de clientes, aumenta la facturación. O sea, divide a misma torta entre menos actores, por supuesto que sí, a los que quedan, les va mejor. Lo que no es claro es si esto en el largo plazo puede retornar en perjuicios para la ciudadanía.

O sea que, en el caso de que disminuyan los operadores, ¿la carga extra se la lleva el consumidor?

Se la podría llevar. Podría llevársela o podría afectar la competencia: por lo tanto, si se produjera una concentración en el mercado, las autoridades de competencia tendrían que estar muy atentas a que esto no se traduzca en una pérdida de esta relación calidad-precio que se tiene hoy.

¿Y aseguraría la rentabilidad?

Mejoraría la rentabilidad, por el solo hecho de dividir entre menor actores.

¿Están los operadores en condiciones de poder absorber toda la clientela de Wom?

Hace cuatro meses, la respuesta era un no rotundo. Sin embargo, hoy día es más factible porque los operadores están desplegando redes, se están ampliando. Hay un cuarto actor que está desplegando una red 5G, por lo tanto también está ampliando su capacidad para atender clientes.

¿La Subtel contempla la opción de revocar la concesión a Wom por los incumplimientos en los plazos de la red 5G?

-La ley establece bajo qué condiciones se puede revocar la concesión. Y si esas condiciones se llegasen a cumplir, yo entiendo que no es un tema de voluntad, estoy obligado a hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, la respuesta sería sí, pero es bajo ciertas condiciones que establece la ley, que a la fecha no se han cumplido. Por ejemplo, el no pago del espectro radioeléctrico de un cierto periodo de tiempo, son cuestiones bien específicas que dan origen a la pérdida de la concesión.

¿Se puede negociar con Wom un pago proporcional de las boletas de garantía?

-Me complica hablar de negociación. A mí también parece que lo correcto es hablar de cumplimiento. Mi postura es no salir de un ápice de lo que establece la ley. Ahora, dentro de lo que establece la ley, siempre existe un espacio para que intervenga el tribunal de justicia. Y un dictamen del tribunal de justicia también es obligatorio. Por lo tanto, si a nivel de un tribunal o de un árbitro se establece una condición distinta, la vamos a cumplir. Pero para mí lo primero es que se cumpla lo que dice la ley.

¿Y el reglamento de la ley Chao Cables?

-Yo esperaba que estuviera esta semana, no ha sido así. Yo creo que nos faltan semanas, no meses. Ha habido interacción con Contraloría, tenían algunas dudas, creo que se ha ido despejando, por lo tanto yo esperaría que en unas pocas semanas esto ya esté tomado de razón. Tengo que decir que de todos modos un gremio de operadores ingresó observaciones al reglamento. Esto fue hace dos semanas, que fue la de la Idicam (Cámara Chilena de Infraestructura Digital) y esto va a generar seguramente una demora adicional.

¿Cuál es la preocupación del gremio?

-La preocupación de fondo es el costo que tiene hacer el retiro, entonces están preocupados por los plazos que se establecen en el decreto, y están preocupados por las atribuciones de los municipios. Esas son las dos cuestiones más relevantes.

¿Hay alguna medición de cuántos cables hay que retirar?

-No. De hecho, un problema que tenemos nosotros como Estado, que es lo municipal y también tienen las empresas, es determinar cuáles cables están en desuso. Tú ves diez cables en un par de postes y no sabes si hay nueve en desuso o hay uno en desuso. Entonces, ahí una de las cargas que tienen que asumir las empresas en este proceso es precisamente determinar la propiedad de cada cable, que es otro problema.

Lo que sí hay que decir es que algunas empresas han empezado a retirar por su cuenta, porque han hecho migración tecnológica, se han cambiado a fibra óptica. En la comuna de Independencia una empresa retiró todo el cobre que tenía. Y por lo tanto, la carga que va quedando es menor, ya por razones propias de la compañía. En este caso, les vandalizaban mucho para robar el cobre, entonces optaron por migrar su red y retiraron todo el cobre.