Trabajadores de Escondida anuncian paralización por demandas de seguridad

Los trabajadores afiliados al sindicato 1 de minera Escondida, el mayor yacimiento mundial de cobre, paralizarán sus labores el 21 y 23 de noviembre en protesta por demandas laborales, anunció este martes el gremio.

A inicios de septiembre, los trabajadores agremiados habían amenazado con iniciar una huelga tras denuncias sobre faltas en seguridad, lo que derivó en posteriores fiscalizaciones de autoridades gubernamentales.

“El Sindicato ha decidido ejecutar huelgas o paralizaciones los días 21 y 23 de noviembre de 2022, de todos los turnos de sus socios, conforme fuera aprobado en su oportunidad por sus asociados y ratificado en asambleas recientes, atendido múltiples los incumplimientos, infracciones y vulneraciones”, dijo el sindicato en un comunicado.

“La situación de múltiples infracciones no sólo se ha mantenido, sino que durante estas semanas se han producido graves incidentes de seguridad, como son tres incendios, en donde hemos podido confirmar que la Empresa no ha adoptado las medidas de prevención y seguridad”, agregó.

El gremio explicó que las protestas fueron notificadas a la empresa para establecer las medidas de contingencia. La empresa, controlada por BHP, ha negado las acusaciones del gremio.

Las amargas relaciones entre la minera y el sindicato los ha enfrentado en diversas oportunidades. En 2017, los trabajadores protagonizaron una histórica huelga de más de 40 días en medio de una negociación contractual.

Por la noche, la minera Escondida envío un comunicado donde descartó algún incumplimiento a la normativa legal y al contrato colectivo vigente. .

De acuerdo a lo afirmado por la empresa, “la seguridad y salud de las personas es la principal prioridad para Escondida. La compañía mantiene los más altos estándares de la industria minera en esta materia y cumple estrictamente los protocolos establecidos y la normativa vigente”.

Por lo anterior, mencionan que “no existe justificación para realizar las paralizaciones anunciadas por el Sindicato N°1. A través de esta acción, la organización sindical pretende presionar a la compañía para obtener el pago de un aporte al sindicato y de un bono a sus socios, ninguno de los cuales tiene su fundamento en la ley ni en el contrato colectivo vigente. Es importante considerar que dicho contrato colectivo fue acordado por las partes recién en agosto del año pasado”.

Por ello, indicaron que “la empresa mantendrá, como siempre, abiertas todas sus instancias de diálogo y espera que el sindicato deponga esta medida de fuerza que no tiene sustento legal alguno. Una acción de este tipo genera riesgos para la seguridad de las personas, compromete el resguardo de las instalaciones y afecta la continuidad operacional, lo que es perjudicial para no solo para la empresa y sus trabajadores, sino también para el desarrollo económico y social de la región y el país”.