Transparencia bancaria: Desafío pendiente

En los próximos días se promulgará la reforma a la Ley General de Bancos e Instituciones Financieras. Esto representa un avance importante para modernizar nuestra legislación bancaria de acuerdo con los estándares de Basilea III. Pero aún es insuficiente en materia de transparencia y acceso a la información.

Tuvimos la oportunidad de ir más allá. El proyecto original presentado por la expresidenta Michelle Bachelet establecía claramente las diferencias entre secreto y reserva bancaria, no solo en la ley sino también en la práctica. Mantenía que los movimientos del día a día de una cuenta corriente, como los depósitos y las captaciones, constituyen información sujeta a secreto, que no se entrega sin autorización judicial, porque podría exponer la vida privada del titular.

Pero establecía que el resto de la información, como el saldo de una cuenta corriente, por ejemplo, solamente está sujeta a reserva.

También reconocía el interés legítimo del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para acceder a información bajo reserva bancaria. De esta forma, no tenían que pasar primero por tribunales. Todo esto en el marco del respeto a nuestra Constitución, y las garantías de privacidad de los individuos.

Con ello, se fortalecía la labor preventiva del SII y de la UAF y se cumplía con los estándares internacionales y convenios que Chile ha suscrito en materia de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y respecto del acceso a información para el cobro de impuestos y la justa repartición de la carga tributaria.

El año pasado habíamos dado un importante paso en esta dirección al permitir que el SII pueda acceder a información sobre saldos de cuentas corrientes -sujeta a reserva- que extranjeros tienen en Chile, sin pedir autorización a tribunales. De esta forma, el organismo puede intercambiar dichos datos por la misma información de chilenos en el extranjero (Ley Nº 21.047).

Así se dio cumplimiento a un acuerdo multilateral con más de 100 países, que ha contribuido a debilitar los paraísos fiscales.

El actual gobierno tiene una visión distinta. Impulsó cambios que concordó en el Senado y que debilitaron la iniciativa. La nueva ley establece que la comisión de mercado financiero será la que entregará los antecedentes -incluidos los sujetos a reserva- a la UAF en el caso que detecte indicios de delitos como lavado de activos y financiamiento del terrorismo para que ésta investigue.

Mientras que el SII deberá contar con autorización de un Tribunal Tributario y Aduanero para acceder a información sujeta a reserva sin que el banco notifique al titular de la cuenta, en los casos en los que se arriesgue el curso de la investigación.

Las medidas que se aprobaron implican un mejoramiento respecto de lo que existía, pero muy modesto si se considera lo que podríamos haber hecho. Y yo diría que insuficiente para los desafíos que debemos enfrentar desde ya en materia de transparencia y acceso a la información.

Deberíamos tener presente que cuando los organismos fiscalizadores no cuentan con las facultades necesarias para desarrollar su trabajo, nuestros sistemas, nuestras instituciones, nuestra democracia es más vulnerable al narcotráfico y la corrupción, como lamentablemente hemos visto en otros países de la región. Espero que no reaccionemos demasiado tarde.