Con trucos o vetos, las ciudades españolas se enfrentan a Airbnb

Sólo en la planta baja o con entrada independiente indispensable: frente a la explosión de la oferta de apartamentos turísticos en plataformas como Airbnb, ciudades españolas como Madrid o Valencia usan el ingenio, mientras Palma de Mallorca prepara una prohibición pura y dura.

En la capital española, la municipalidad de izquierda radical se planteó como objetivo lograr para fines de año que el 95% de los apartamentos sean imposibles de arrendar legalmente en esos sitios.

¿La maniobra para lograrlo? Para obtener una licencia, los propietarios tendrán que probar que la vivienda dispone de una entrada independiente del resto del inmueble, como en el caso de un hotel. Una condición virtualmente imposible de cumplir.

A los particulares que arriendan su vivienda principal menos de tres meses al año no les afectará.

"Sabemos que es una condición muy restrictiva, somos conscientes de ello", admite el consejero municipal de desarrollo urbano sostenible, José Manuel Calvo.

Según él, algunos barrios del centro de Madrid presentan hoy en día "prácticamente la misma situación de saturación" que Barcelona, donde los arriendos se han disparado a causa de los apartamentos turísticos y han surgido movimientos locales contra los turistas.

Madrid cifra en 9.000 los apartamentos actualmente destinados a fines turísticos, unas "seis o siete veces más que en 2013", explica Calvo. De ellos, unos 2.000 operan sin licencia.

Hay presión para "expulsar a comunidades enteras de vecinos (...) Poco a poco los barrios se van vaciando, especialmente en el centro, y hay que impedirlo", asevera Calvo.

Contra el fenómeno, el ayuntamiento congeló desde enero la atribución de licencias turísticas y no volverá a otorgarlas hasta que se apruebe la nueva regulación.

Mantener "la esencia"

En Valencia (sureste), el número de apartamentos turísticos aumentó un 30% desde 2016. La alcaldía de izquierda reconoce que la situación no es tan crítica como en Barcelona o Madrid, pero prefiere actuar preventivamente.

Sin ser "un problema generalizado en toda la ciudad", es positivo "establecer una legislación que sin agotar lo que es un modelo de economía colaborativa, sea compatible con la preocupación por que las ciudades mantengan (...) la esencia de sus barrios", estima Julio Olmos, coordinador de desarrollo económico de la alcaldía.

La ciudad busca adoptar para julio la misma legislación para los apartamentos turísticos que para hoteles, que les prohíbe instalarse por encima de viviendas.

En la práctica, solo los apartamentos situados en la planta baja o si ella está ocupada por un comercio, en el primer piso, podrán ser arrendados legalmente a turistas.

En el centro histórico, la legislación será más drástica: ninguna licencia se otorgará a apartamentos aislados, y solo se dará luz verde a aquellos en inmuebles dedicados al turismo.

Vigilantes de Internet 

Falta garantizar que las nuevas normas, una vez aprobadas, sean respetadas.

Madrid y Valencia se preparan para seguir el ejemplo de Barcelona: la capital catalana creó unos cuarenta puestos para "vigilantes" con la tarea de escudriñar sitios especializados de internet para verificar que los alojamientos propuestos cuentan con licencias.

Entre mediados de 2016 y de 2017, la alcaldía de Barcelona, dirigida por una avezada activista por el derecho a la vivienda, se jacta de haber ordenado el cierre de más de 2.300 alojamientos ilegales.

Reconoce que menos de 750 han obedecido -están en curso procesos que pueden desembocar en sus cierres-, pero destaca que Airbnb retiró 1.500 anuncios ilegales.

Enfrentada a una escalada de 40% entre 2013 y 2017, la ciudad de Palma de Mallorca tiene menos miramientos: la capital del turístico archipiélago de Baleares se apresta a prohibir todo apartamento turístico.

La invasión de turistas en estos alojamientos se ha vuelto de tal magnitud que algunos residentes o empleados temporales se han visto forzados a dormir en vehículos o en campamentos, ante unos arriendos imposibles de pagar en verano.

Las casas individuales podrán ser arrendadas, pero sólo aquellas situadas fuera de la ciudad y principalmente en zonas industriales o cercanas al aeropuerto.