Una mala fórmula de reajuste al salario mínimo
Han existido casos anteriores en que los acuerdos de reajuste fijados en tramos para años venideros generaron impactos negativos en el empleo que se prolongaron en el tiempo, como ocurrió a fines de los años 90.
El Gobierno presentó la nueva oferta para destrabar la discusión del reajuste del salario mínimo y logró el apoyo de la Cámara de Diputados. En el nuevo escenario contempla un aumento de $10.000 desde los $276.000 actuales, pasando a $286 mil a partir del 1 de agosto.
El siguiente tramo incluye un alza de $14 mil para llegar en marzo a $300.000. Junto a ello, se concordó que el acuerdo regirá hasta diciembre de 2020, período en que el ajuste será de 2% real sobre inflación pasada, dependiendo de si la proyección de crecimiento se sitúa entre 2% y 4%. En el afán por buscar acuerdos, la autoridad cedió respecto de su postura inicial. Es una mala noticia, por varias razones.
El alza del salario mínimo de manera artificial, no es un buen elemento para la economía, pero fijarlo de antemano para años venideros, es aún peor. Han existido casos anteriores que generaron un impacto negativo en el empleo por años, como lo sucedido a fines de los años noventa, cuando el resultado fueron años de desempleo en dos dígitos.
El reajuste futuro comprometido se acaba de transformar en el piso, y aunque esté ligado a parámetros económicos, el cumplimiento también será políticamente complejo. Por lo demás, se sabe que es difícil revertir beneficios o decir que no, sobre todo para los gobiernos que tienen a la popularidad entre sus prioridades. Además, el crecimiento de los salarios por sobre la productividad generará otra presión a las empresas de menor tamaño, que son más intensas en el pago del sueldo mínimo, afectando, de paso, a las personas menos calificadas.
Esto, en el momento actual de la economía, en que requiere consolidar las expectativas, no es una buena noticia.Lo que el gobierno debiera proponer es avanzar hacia una política de ingreso mínimo y no de salario. Que vía subvenciones, bonos y ayudas del Estado, financiadas con los impuestos generales, las familias de más bajos ingresos puedan complementar sus ingresos, pero sin distorsionar el mercado laboral y afectar la contratación. Asimismo, la autoridad debe reafirmar su compromiso con el crecimiento, especialmente el de largo plazo. Sólo eso permite tener mejores salarios de manera sostenible.
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