Nueva carta magna: La incertidumbre constitucional y la promesa de Bachelet

DURANTE las próximas semanas la Presidenta Michelle Bachelet recibirá un informe del equipo jurídico de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) sobre los principales mecanismos para cambiar la Constitución, una de las promesas de su Gobierno.

Según informaron a PULSO fuentes de Segpres a cargo del compilado, el documento será la antesala de la decisión sobre la fórmula con que se transformará la carta fundamental, sumado al seminario constitucional con invitados internacionales que realizarán en enero de 2015, junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e IDEA Internacional.

El debate constituyente, sin embargo, ya fue postergado por la jefa de Estado a comienzos de julio pasado. En la oportunidad, la mandataria analizó el avance de las reformas estructurales de su período en un consejo de gabinete. "Buscamos transformar el sistema de educación, cambiar el régimen tributario y esperamos avanzar en una nueva Constitución (...). Al menos, redactar una nueva Constitución e iniciar su discusión", sostuvo la mandataria.

Las interpretaciones de políticos y analistas no tardaron y se instaló la idea de la postergación presidencial de la discusión constituyente. Y de paso se acrecentaron las críticas de quienes desde un principio dudaron de la promesa hecha en la candidatura.

Antes, durante su campaña en 2013, afirmó que los dos proyectos grandes que ingresarían en su gestión serían el educacional y el tributario. "Y digamos, el segundo semestre (de 2014) ingresará el proyecto de nueva Constitución", adelantó.

Indefinición constituyente

Desde la oposición y el oficialismo han cuestionado esta incertidumbre presidencial ante el mecanismo.

Los actores ligados a la Alianza critican la incertidumbre que genera en el país no sólo las reformas en curso, también el proceso de cambio constituyente.

Algunos abogados constitucionalistas y políticos de oposición no admiten que se requiera una nueva Constitución. Aún más, reclaman que se mantenga en suspenso la forma y contenidos con que se elaborará la nueva carta magna.

Por otro lado, la postergación de la definición a 2015 también genera detractores en la Nueva Mayoría e independientes.

El presidente del MAS, senador Alejandro Navarro, defiende la asamblea constituyente (AC) y ha planteado que, con la correlación actual de fuerzas del Senado es imposible que institucionalmente se convoque a una AC.

Por eso manifiesta que el debate se postergará no al próximo año, sino que a la próxima elección presidencial. Ese será el principal debate de las elecciones 2017-2018, según el senador que acostumbra a cerrar sus intervenciones en el hemicilo con la consigna "¡Nueva Constitución, ahora!".

La diputada PC Karol Cariola, quien junto a la diputada PS Maya Fernández coordinan la bancada transversal AC, iniciativa creada este año en el Congreso, también espera que el debate se zanje pronto. "Es urgente", dice. La ex dirigente estudiantil acusa que la discusión por la nueva Constitución "debió haber partido hace mucho tiempo".

En este contexto, la propuesta de la parlamentaria oficialista es que el mecanismo se acuerde "a principio del primer semestre de 2015". Más allá de ese plazo, dice, "no resiste".

Según Cariola, los partidos de la Nueva Mayoría tienen que llegar a un "acuerdo vinculante" sobre la fórmula que se utilice para cambiar la carta magna.  

"Si no logramos tener una posición única, no tengo temor a que el mecanismo se defina mediante un plebiscito convocado por la Presidenta Bachelet". Sin embargo, para que la mandataria pueda hacer esto se requeriría, también, una reforma constitucional.

La diputada PC de todas formas dice entender que este año ha estado "cruzado" por la reforma educativa. Pero, sostiene, "ya es tiempo de hacer definiciones sobre la nueva Constitución", pues esto también influirá en el cumplimiento del resto de las reformas estructurales, dado que varias de ellas han sido atacadas por la oposición desde el punto de vista de su inconstitucionalidad. "Estamos atrasados en el proceso", advierte la parlamentaria.

Los actores en juego

Distintas son las iniciativas que se han desplegado en este escenario abierto, desde el rechazo a las transformaciones radicales, hasta las que promueven una asamblea constituyente. Con el tiempo, las posturas en juego han ido consolidándose y tomando iniciativa frente al debate.

La derecha se ha opuesto a una nueva Constitución como tal. En cambio, desde la campaña presidencial pasada se abrieron a ciertas reformas -incluso propusieron ajustes específicos en materia de institucionalidad política- y se abanderizaron con el método de la "evolución constitucional" ante la transformación radical de la carta magna.

El debate sobre el mecanismo y los tiempos se han tomado la agenda oficialista, a pesar de que la mandataria ha llamado al orden y a priorizar las reformas Tributaria, educacional y reemplazo al binominal durante 2014.

De todas formas, senadores como Felipe Harboe (PPD), quien además es presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, han adelantado posiciones descartando la AC, por ser "inconstitucional" y alentando el método basado en el Congreso, más cabildos ciudadanos.

Otros parlamentarios, como los agrupados en las bancadas transversales de la Cámara y el Senado, se la jugaron por la AC, organizando foros y giras a regiones difundiendo su mensaje. Incluso, durante los próximos días lanzarán una campaña virtual y callejera con afiches que relacionen los problemas cotidianos de los chilenos con la necesidad de cambiar la carta fundamental, anuncian.

A su vez, los movimientos como Marca tu Voto -iniciativa que convocó al electorado a marcar AC en las elecciones presidenciales- han llamado a marchar para defender su propuesta, en medio de la incertidumbre constituyente que también critican. Marchas como la del domingo pasado, a la que asistieron artistas, dirigentes sociales e incluso parlamentarios oficialistas.

Los posibles contenidos

Si no hay definición del mecanismo, menos lo hay de los contenidos, más allá de la guía que entrega el programa. Nacionalizar el agua, reconocer a los pueblos originarios y entregar una perspectiva de género, están dentro de los avances.

Los derechos, los llamados "sociales", también surgen en la discusión. Tener una vivienda, fomentar la descentralización, empoderar a la mujer para que pueda decidir sobre su sexualidad -en clara alusión a la despenalización del aborto-, permitir el matrimonio homosexual, son parte de las iniciativas que aparecen en el debate ciudadano.  

Al menos la ministra de Segpres, Ximena Rincón, en la presentación del libro "Estudios para una nueva Constitución", explicó que es deber de la nueva carta fundamental avanzar en una política indígena consagrada en el documento normativo, y apelar por la igualdad de género en el mismo texto.

Las reformas en riesgo

"La Constitución vigente está diseñada para que las reformas no puedan ser llevadas a cabo", afirmó a PULSO en abril el constitucionalista Fernando Atria.

Prueba de aquello es la arremetida de la Alianza frente a la "constitucionalidad" de las reformas estructurales del Gobierno, como la Educacional, la Tributaria y la Electoral. De hecho, en varias instancias han hecho reserva de constitucionalidad en el Congreso, apelando al Tribunal Constitucional para intentar frenar los proyectos, amparándose en la Carta Magna. Resulta paradojal que la misma Constitución, la que se intenta cambiar para garantizar nuevos derechos, aquella que Bachelet asegura que "debe nacer en democracia", puede ser el principal escollo para sus propias reformas.

¿Podrá realizar los cambios prometidos sin la nueva Constitución? Varios, incluso desde su misma vereda, lo han cuestionado.