Nueva Constitución: La gran promesa (in)cumplida de Michelle Bachelet

¿Cuál es el objetivo? Esa es la pregunta.

A sólo cinco días de dejar su administración y en una ceremonia en La Moneda -alejada de la rimbombancia de otros actos en Palacio-, la Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer el proyecto de nueva Constitución, que ingresó en la misma jornada al Congreso.

"Vamos a gobernar hasta el último día", sostuvo la mandataria -sin pregunta mediante-, entregando uno de los argumentos para justificar el envío de la iniciativa.

Lo cierto, es que si bien esta reforma fue uno de los tres pilares de su programa de Gobierno -junto a la tributaria y educacional-, el objetivo, o esperanza que muchos albergaban, de tener una nueva Carta Fundamental en esta administración, no se cumplió.

Es más, ayer, inmediatamente después de la firma del proyecto en la casa de Gobierno, fueron los propios dirigentes de la Nueva Mayoría quienes plantearon la poca viabilidad de la iniciativa e incluso antes ya se había hablado de un saludo a la bandera.

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En su primera Cuenta Pública, el 21 de mayo de 2014, la jefa de Estado planteaba que "trabajaremos, con participación social y diálogo político, para dotarnos de una nueva Constitución". No obstante, al poco andar los propios dirigentes de la Nueva Mayoría aseguraron que dado que la mandataria había priorizado otras reformas era imposible, por los plazos, lograr una nueva Carta Magna en esta gestión.

La propia mandataria en octubre de 2015 dio a conocer el itinerario del llamado proceso constituyente, donde reconoció que sería el próximo Congreso el que definiría, por ejemplo, el mecanismo para una nueva Carta Fundamental.

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Bachelet se comprometió a que el segundo semestre de 2017 el proyecto de nueva Constitución sería enviado al Congreso. Una promesa incumplida que, sin embargo, se consumó ayer.

Con todo, desde el Gobierno aseguran que Bachelet cumplió. Que se sentaron las bases de una nueva Carta Magna, que hubo participación ciudadana - 204 mil personas entre los Encuentros Locales Autoconvocados y cabildos, y otras 17 mil en la Consulta Indigena Constituyente- y se cumplieron las etapas establecidas.

La pregunta sigue siendo ¿cuál es el objetivo? Desde la oposición se argumentó que el envío del proyecto es sólo un "check" a una promesa que forma parte de lo que se ha denominado el legado. En el sector apuntan a la justificación por la utilización de importantes recursos del Estado en el proceso. Incluso, hay quienes se aventuran a señalar que éste puede ser la base de la lucha que dará la propia Bachelet desde la oposición o parte de la plataforma para llegar nuevamente a La Moneda.

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En el futuro Gobierno de Sebastián Piñera, aún no se sella completamente qué hacer con el proyecto de Bachelet.

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que encabezará Gonzalo Blumel, definirá la próxima semana la planificación para materializar la "modernización constitucional" que pretende impulsar la próxima administración.

Si bien por el momento no está contemplado que exista una persona en particular que lidere estos cambios constitucionales, será la jefa de la división jurídica, Fernanda Garcés, la que verá estos temas y las respectivas urgencias para estas iniciativas legales y otras.

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Dentro del proyecto presentado por la mandataria, existen algunas convergencias con las propuestas del Presidente electo, agrupadas en esta modernización constitucional de su programa de Gobierno. Las coincidencias más explícitas tienen que ver con el reconocimiento a los pueblos indígenas; la capacidad de las personas para presentar iniciativas populares de ley; y el límite a la reelección parlamentaria que, en el caso del proyecto de nueva Constitución, lo limita a dos periodos.

Otras coincidencias menos exactas tienen que ver con la extensión del periodo presidencial a 6 años, que, en el caso del proyecto ingresado ayer, no contempla la posibilidad de reelección ni tampoco de volver a postular al cargo, a diferencia de las propuestas de Piñera que sí evaluaban esto último. Además, el proyecto ingresado concita algunas ideas que había contemplado Piñera respecto a modificaciones del artículo 19 de la Carta Magna, como la prohibición de la tortura entre aquellos apremios ilegítimos proscritos por la Constitución, que en el proyecto presentado aparece como prohibición de "pena de muerte, la tortura, y los apremios degradantes para la integridad física y psíquica".