Nueva Ley de Bancos avanza y pasa a la sala de la Cámara Baja
Esto luego de que ayer la Comisión de Hacienda aprobara las indicaciones.
El proyecto que moderniza la Ley General de Bancos (LGB) dio ayer un importante paso en el Congreso. Luego de varios meses de trabajo de la comisión técnica -conformada por los asesores parlamentarios, la Superintendencia de Bancos (SBIF), y los ministerios de Hacienda y Economía-, el Ejecutivo ingresó las indicaciones el pasado 21 de noviembre, y ayer fueron votadas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
La votación fue unánime para el conjunto de las indicaciones, donde los integrantes de la comisión se inclinaron a favor. Sin embargo, hubo dos indicaciones que se votaron por separado, y que tuvieron los votos en contra de tres diputados: secreto bancario y el artículo 162. De todos modos, ahora el proyecto avanza a la sala de la Cámara de Diputados.
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Cuando se trata del secreto bancario, la bancada de la oposición destacó que hubo avances con la indicación presentada por el Ejecutivo, ya que se reformuló la redacción para eliminar la presunción vinculada al Ministerio Público y acota la del Servicios de Impuestos Internos (SII) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al ejercicio de sus funciones de fiscalización. Pero aún así, desde ChileVamos consideraron que la mejora de la propuesta no sería suficiente, por lo que esperan que se perfeccione una vez que la iniciativa pase desde la sala a la Comisión del Senado.
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El otro artículo donde hay opiniones encontradas es en el 162, que se refiere a la posibilidad de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) -que vendrá a reemplazar a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y luego a la SBIF- pueda imponer sanciones para una misma infracción que, en paralelo, puede ser objeto de reproches por la LGB o por la ley que crea la CMF.
Con todo, hubo otros avances que ChileVamos destacó entre las indicaciones, como los sueldos más altos que tendrán los cinco miembros principales de la CMF, y que la puesta en marcha de la ley ahora no será en un plazo fijo (2024), sino que más bien será de seis años y medio desde su publicación.
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