Operación Huracán y la persistente violencia en La Araucanía

La Operación Huracán ha copado la agenda noticiosa este verano. La supuesta manipulación de pruebas por parte de Carabineros en el proceso que buscaba dar con los responsables de la quema de camiones en el sur del país, ha sido tema obligado de análisis político y ha levantado, nuevamente, las críticas por la permanente tensión entre el Ministerio Público y Carabineros.

Pero la gravedad de todo este escándalo público es que, en el intertanto, la violencia en el sur del país se ha acrecentado las últimas semanas, sumando más propiedades y vehículos quemados y un daño patrimonial importante para las regiones afectadas.

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Así, a sólo dos meses de haber iniciado 2018, los contratistas forestales suman perjuicios por $5.462 millones, lo que ya representa un 70% del total de lo perdido el año pasado.

Desde 2014, las mermas de este sector que agrupa a proveedores y equipos forestales, entre otros, acumulan $32.394 millones. En cuanto al número de atentados, los contratistas forestales han sido objeto de ocho actos de violencia en lo que va del año. Esta cifra se acerca a los catorce ataques que se registraron en 2017. Mientras, 87 fueron los atentados totales experimentados desde 2014 a la fecha.

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Durante este período, además, un 42% de los daños afectó a camiones forestales, mientras que el restante 58% a equipos forestales.

Como suele ocurrir con los hechos de alta connotación, la investigación por la fallida Operación Huracán ha logrado ocultar el real debate respecto de las implicancias del conflicto mapuche, las medidas de control y resguardo de la seguridad y del rol que de una vez por todas el Estado debe asumir en esta problemática histórica.