Oposición plantea que director del Trabajo debe ser ratificado por el Senado

El 12 de septiembre el Gobierno ingresó al Senado el esperado proyecto de ley que moderniza y fortalece a la Dirección del Trabajo (DT).

Sin ningún tipo de urgencias, desde esa fecha la Comisión de Trabajo sólo ha dedicado tres sesiones para revisar la iniciativa que es clave para empoderar al organismo en el marco de la implementación de la Reforma Laboral y de otros cambios legales ya en ejecución, como la regulación de las trabajadoras de casa particular y abuso contra el Multirut.

Los senadores Hernán Larraín (UDI) y Andrés Allamand (RN) reactivaron el debate del proyecto, con la presentación de dos enmiendas que ayer hicieron llegar a la ministra del Trabajo Alejandra Krauss.

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Uno de los ajustes apunta a que la designación del director del Trabajo requerirá, además de pasar por el cedazo de la Alta Dirección Pública (ADP), por un acuerdo de dos terceras partes del Senado. Asimismo, se plantea que el perfil del cargo de jefe de la DT deberá ser visado por el Consejo Superior Laboral, instancia creada por la Reforma Laboral, "de acuerdo al mecanismo que establezca el reglamento elaborado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para estos efectos", precisa la indicación.

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Un viejo anhelo del sector privado es que la DT tenga un gobierno corporativo colegiado o que su director tenga un mayor grado de autonomía respecto del gobierno de turno. Con la última reforma a la ADP se traspasó la primera línea de mando de la Dirección del Trabajo a ese sistema.

Otro de los ajustes apunta a que la DT, dentro de su nuevo marco institucional y regulatorio, pueda ampliar su perímetro de fiscalización a las relaciones laborales entre el Estado y sus funcionarios. "Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 1º inciso 2º del Código del Trabajo, los funcionarios allí mencionados estarán sujetos a la fiscalización de la Dirección del Trabajo, la cual podrá requerir antecedentes sobre los contratos laborales existentes y las condiciones en que se desempeñen estos trabajadores. En caso de encontrarse irregularidades, estarán sujetos a las mismas sanciones y responsabilidades que los demás trabajadores fiscalizados por la Dirección", señala el texto de las indicaciones de la oposición.

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Respecto de esa última propuesta, el senador Larraín reveló que el Ministerio del Trabajo no está de acuerdo en traspasar a la DT la responsabilidad de fiscalizar al sector público. "Hemos tenido respecto de la propuesta una reacción inicial que comparte el diagnóstico, en el sentido de que los trabajadores del sector público no tienen esa eficaz protección que la Dirección del Trabajo le brinda a los privados, pero no están convencidos de que este sea el camino, pueden haber otras alternativas como generar instancias dentro de la propia Contraloría que sean más proactivas como lo es la DT", dijo el parlamentario.

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