Pagos a concesionarios del Transantiago sumaron más de US$1.148 millones en 2017

En más de US$50 millones respecto del año anterior subieron en 2017 los costos del Transantiago, hasta llegar a los US$1.767 millones. La mayor parte de los desembolsos se destinó a los operadores de transporte de buses, que representaron el 65,6% del total en 2017. En concreto, el pago a concesionarios alcanzó los US$1.148 millones, unos US$19 millones más que en 2016.

Se trata de una cifra que desde la industria no descartan aumente este año, en el marco de la renegociación que tendría que tener el gobierno para extender los contratos actuales tras declarar desierta la licitación que impulsó la administración anterior.

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En los últimos ocho años, el Estado ha desembolsado US$9.363 millones para el pago a las compañías operadoras de transporte de buses. Si en la anterior administración de Sebastián Piñera el pago a concesionarios sumó US$4.653 millones, en el mandato de Michelle Bachelet se elevó a US$4.710 millones, 2,3% más. La mayor alza en los últimos ocho años se registró en 2014, cuando el pago a concesionarios se incrementó en 6% a US$1.283 millones.

Con todo, el Transantiago cerró 2017 con un déficit por $488.477 millones, unos US$813 millones, como resultado de un ejercicio en el que se tuvieron ingresos por $571.370 millones (US$947 millones) y costos por $1.059,8 millones (US$1.767 millones). Se trata de la mayor cifra registrada desde 2014, cuando el déficit del sistema alcanzó los $492.662 millones (US$814 millones).

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LICITACIÓN

La decisión del gobierno de declarar desierta la licitación del Transantiago, no sólo desató las críticas de las ex autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). También generó molestia entre algunas compañías que estaban participando en el fallido proceso.

Esto, sobre todo por los gastos en que incurrieron las compañías en la formulación de ofertas para adjudicarse alguna de las seis unidades que se licitaban. Fuentes señalan que incluso el gasto para algunas compañías llegó hasta los US$2 millones sumando estudios, asesorías, contrataciones, conformación de equipos, entre otros gastos adicionales. A esto se añaden asesorías legales, contables y publicidad. Por ello, al menos dos empresas que ofertaron en la licitación estaría evaluando las distintas opciones que existen. Algunas de ellas incluso no descartan posibles acciones judiciales para recuperar los recursos invertidos.

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En la industria hay voces que no consideran que el gobierno haya presentado una razón de peso para cancelar esta licitación. Plantean que fue una decisión político-técnica sin un sustento jurídico, como que por ejemplo, el Ministerio de Transportes estuviese obligado a adjudicar la totalidad de las unidades. Cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) reactivó la licitación del Transantiago, sólo liberó la adjudicación de las unidades 4, 6, 7 y 8, no así de las 1 y 9. Por el momento, algunas empresas están a la espera de los detalles que el Ministerio quedó de entregarles sobre el período de transición hasta que se lance una nueva licitación. De ello, dependerán las decisiones que las compañías tomen.

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Siete empresas presentaron ofertas. Se trata de tres nuevas, Carmo Sion (brasileña), Nextbus (consorcio de Turbus y la española Alsa) y Tower Transit (británico), además de las cuatro que actualmente operan en el sistema, Metbus, STP, Vule y Transdep, empresa francesa controladora de Redbus. De todas ellas, Carmo Sion, en la cual estaba el grupo Duarte, no pudo seguir el proceso licitatorio al no incluir parte de la documentación exigida por las bases.