¿Por qué los testigos e informes no bastaron para revertir sanción de la SVS?

El Caso Cascada pasa por una calma a medias. Las 710 páginas sancionatorias de la SVS aún están siendo digeridas por las partes. Pues es tiempo de análisis y revisar las cartas sobre la mesa. Es cosa de tiempo para que los sancionados apelen a la resolución del regulador, y para que los accionistas no-controladores de la cascada acudan a la justicia con nuevas acciones legales.

Con este ambiente, varios analizan las pruebas y testimonios con que los 9 sujetos de sanción buscaron defenderse de las imputaciones del regulador, cuestionando el efecto que pudo haber tenido esa etapa probatoria en el proceso liderado por la SVS.

Mucho se habló de la larga lista de testigos -entre ellos connotados empresarios locales- que presentarían las partes, pero de las 85 personas propuestas para ello, sólo 32 acudieron a la SVS, cuyas declaraciones no sólo fueron insuficientes para descartar la tesis de la entidad fiscalizadora, sino incluso fueron contraproducentes, en algunos casos.

De esos 85, la SVS sólo aceptó a 73 personas, sobre el criterio de los hechos de prueba del caso. En definitiva, más de la mitad no fue. Y no solamente porque algunos optaron por  restarse a la cita, sino porque, según explicaron algunos de los 41 “testigos ausentes”, nunca fueron notificados para prestar sus testimonios y tampoco los contactaron los abogados de las partes. De hecho, en muchas ocasiones se enteraron de ello por la prensa.

No fueron Andrónico Luksic, Luis Enrique Yarur ni Mauricio Larraín, entre otros connotados nombres del mundo empresarial. Sí Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica, su par de la plaza capitalina, José Antonio Martínez y Juan Carlos Ponce, gerente de operaciones de la misma institución, los nombres que más se repitieron como testigos.

Uno de ellos, Spencer, no sirvió del todo para las partes. “Lo que más representa el precio de mercado es el valor de la última transacción realizada en bolsa”, dijo en una ocasión. Con dicha frase, el regulador constató que utilizando como precio de referencia el precio promedio ponderado del día anterior a la inscripción de los remates cuestionados, igualmente hubo altos descuentos en las compras de las acciones cascada y de premios relevantes en sus ventas para las sociedades denominadas como “relacionadas”, “vinculadas” e “instrumentales”.

Otro caso es el del ejecutivo del Banco de Chile Juan Carlos Cavallini. Su testimonio lo pidió el controlador de la cascada, Julio Ponce, para constatar que en un contexto de crisis económico, la cascada tenía poco margen de renegociación de sus créditos, lo que habría justificado las operaciones de financiamiento cuestionadas por la SVS. Al respecto, Cavallini sostuvo: “Obviamente la crisis tiene un efecto, pero en este caso había una estructuración que podría haber permitido refinanciar a más largo plazo”.

Los informes

En base al documento sancionatorio del regulador, este medio pudo contar 28 informes privados encargados por las partes para su defensa.

En estos documentos participaron economistas como Patricio Arrau, Alvaro Clarke, Erik Haindl, casas de estudio como la Universidad de Chile y abogados, entre otros. Fueron varios los expertos sondeados. Algunos de los sancionados llegaron a ofrecer cerca de $100 mills. para algunos de estos documentos.

Sin embargo, uno de los más trascedentes fue el de Arrau, el cual se concentra en la crisis subprime y el efecto en la situación financiera de la cascada, siendo éste uno de los principales argumentos de Ponce para justificar las operaciones cuestionadas.

Son varias las páginas en las que la SVS desacredita el documento. Una de las partes más duras dice lo siguiente: “El perito presentado por la defensa del Sr. Julio Ponce Lerou debe recurrir a estimaciones con respecto a la deuda de SQYA y SQ, de forma de realizar su análisis, es así como la defensa del Sr. Julio Ponce Lerou, además de no poder aportarle documentos que le prueben a su perito ciertos eventos que justifican el actuar de su defendido -como la negativa a renegociar de los bancos-, tampoco le proporcionó los estados financieros de alguna de las sociedades a partir de las cuales esta Superintendencia le formuló cargos. Si esta Superintendencia debió acudir a estimaciones, fue porque el Sr. Julio Ponce Lerou se ha negado sistemáticamente a entregar información de sus sociedades particulares, como dan cuenta los Oficios Reservados N° 283 y N°332, que se encuentran agregados al expediente administrativo, pero se debería esperar algo diferente para un perito contratado especialmente para desvirtuar los cargos formulados por esta Superintendencia, así parece que la situación financiera particular del Sr. Julio Ponce Lerou resulta ser hermética”.

En la misma línea, la SVS dio cuenta de que tanto las clasificaciones de Standard & Poor’s como las memorias de la cascada, la crisis financiera no fue una amenaza gravitante para la situación de la compañía.

Otro informe que desestimó el regulador fue el del ex titular de la SVS, Alvaro Clarke, que sirvió de perito para Roberto Guzmán, LarrainVial y sus ejecutivos Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz. Su trabajo “Análisis intermediación operaciones bursátiles cascada” comparó los remates cuestionados con otros del mercado, entre otros aspectos. “Después de aplicar los propios criterios de la SVS, los resultados de los remates cuestionados no tienen diferencia significativa a lo que normalmente ha ocurrido en otros procesos similares”, fue una de las conclusiones.

Sin embargo, a esto la SVS respondió: “El autor no realiza un análisis respecto de las contrapartes que participaron en los remates, ni tampoco a algún patrón de comportamiento, sino que más bien el autor se esfuerza por determinar que la ‘metodología’ utilizada en la formulación de cargos respecto de los precios, no resulta aplicable para determinar precios de mercado. Al respecto, cabe hacer presente que en dicho informe no se analiza en ninguna ocasión el patrón de transacciones descrito en la sección anterior, en donde se muestra que consistentemente ciertas sociedades compraban con descuento, y posteriormente vendían con premio”.