Presidente del CDE y Caso Cascada: "Hay ocho reclamaciones de ilegalidad. No es un dato trivial"

“Este requerimiento no tiene argumentos plausibles y por tanto debe ser desestimado”, dijo enfático el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña.

En una muestra de total respaldo a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la autoridad asistió ayer al Tribunal Constitucional (TC) para presenciar los alegatos del recurso que presentó hace unas semanas el gerente general de Norte Grande, Aldo Motta, quien reclamó que a éste no le competía presentar los hechos de prueba para acreditar su inocencia frente a los cargos que le levantó la SVS. Alegatos con los que el TC definirá la admisibilidad del recurso de Motta.

Piña también se refirió al hecho de que recursos como el presentado en instancias como el TC y la Corte de Apelaciones, eventualmente, busquen dilatar la investigación del regulador en circunstancias de la pronta caducidad de varias de las operaciones que cuestionó la entidad. Al respecto, sostuvo: “No soy partidario de enjuiciar a las partes cuando hacen uso de los derechos que el ordenamiento jurídico les da como en este caso. Sin perjuicio de eso, ésta es una causa en que evidentemente una eventual dilación es funcional a los intereses de los requirentes y por lo tanto, si ésa ha sido una consideración que han tenido en mente es una posibilidad que no puede descartarse. Varias de las acciones que aquí han tenido lugar dan la impresión de que en ese sentido se orientan. Pero eso no merece reproche en la medida que son facultades legales”.

En la misma línea, agregó que “a estas alturas hay ocho reclamaciones de ilegalidad presentadas por las distintas partes. Ese no es un dato trivial, por lo que tanto la SVS como nosotros tenemos que hacernos cargo”.

Alegatos.

Los argumentos del abogado Francisco Zúñiga, quien actuó en representación de la SVS, para desestimar el recurso de Motta radicaron en que “en ningún caso le impone la carga de probar su inocencia; por el contrario, le da la oportunidad -que por lo demás, es un derecho- de probar la inexistencia de las circunstancias que lo inculpan”.

“No existe un precepto legal que en su aplicación resulte contrario a la Constitución, como  se exige para la procedencia de la acción de inaplicabilidad, sino que por el contrario lo que verdaderamente busca el requirente es la invalidación de un acto administrativo”, agregando el presunto mecanismo artificioso que utilizaron los abogados de Motta para acudir al TC como publicó este medio el pasado mes.

Por su parte, Germán Pfeffer, abogado de Motta, partió reafirmando que los cargos contra Motta se hicieron sobre operaciones que cumplieron con requisitos legales, criticando que la SVS haya abierto un período de prueba sin fijar los hechos sustanciales y controvertidos del caso. “La SVS traslada la obligación de probar los hechos en el imputado. Es decir, se afecta el derecho a la presunción de inocencia. Pero no es todo, violenta el derecho a la defensa y al debido proceso (...) Se le impone al imputado la carga de probar su inocencia, la carga de fijar los hechos y con eso se le impide determinar cuáles son esos hechos, con lo que se rompen reglas básicas. No existe un derecho a la defensa si no existe un derecho a la prueba (...) ¿Cómo puedo ejercer el derecho a rendir prueba si no conozco el hecho que tengo que probar?”.

Más recursos.

Mientras se libra esta batalla, hay otras en curso. La semana pasada la Corte de Apelaciones declaró admisible un recurso de admisibilidad presentado por Julio Ponce, controlador de la cascada, luego de que el regulador no acogiera algunos de los puntos de prueba que se presentaron en la etapa probatoria.