Sala del Senado dirimirá contienda entre Contraloría y Corte Suprema por pensiones de DGAC

El próximo 28 de diciembre se cumplirá un año desde que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, promoviera ante el Senado una contienda de competencia con la Corte Suprema. ¿La razón? Ambos organismos se enfrentaron por el régimen previsional que debe regir para los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), lo anterior, luego de que la Contraloría determinara que deben continuar en las AFP, mientras que la Corte se encuentra analizando la situación tras un recurso de protección.

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Tras ello, los antecedentes fueron entregados a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta para que realizara un informe respecto de la contienda entre los organismos y el pasado 6 de diciembre los integrantes de la comisión resolvieron que debe ser el pleno de la Sala del Senado el que resuelva. Pese a que aún no se conoce la fecha en que los parlamentarios podrían dirimir al respecto, el hecho fue dado cuenta ayer en Sala.

Asimismo, en un escrito de 102 páginas se recordó que, pese a que ambas partes fueron recibidas por la comisión, "existen precedentes de contiendas de competencia examinadas por esta Corporación, en que la Sala del Senado recibió en audiencia al señor Contralor General de la República y a un representante de la Excma. Corte Suprema, oportunidad en cada parte pudo presentar nuevos argumentos a favor de su posición".

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Según la Contraloría, son las administradoras de fondos de pensiones las que deben gestionar las cotizaciones y pagar las pensiones de los trabajadores de la DGAC, a diferencia de lo que los funcionarios pidieron en 2012 cuando interpusieran una demanda al 29° Juzgado Civil de Santiago en 2012, en representación de 1.331 personas, y que luego fue apelada en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde los funcionarios de la DGAC tuvieron un fallo favorable. Tras la resolución, fue el Consejo de Defensa del Estado el que llevó la discusión ante la Corte Suprema, razón por la cual Bermúdez llevó el tema al Senado.

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En su presentación ante la comisión, el Contralor apuntó que "la actuación de la Excma. Corte Suprema vulnera las atribuciones que la Constitución y la ley han entregado a la Contraloría General de la República", según detalla el escrito, el que añade que Bermúdez puntualizó que "si lo que los demandantes pretenden que se modifique el régimen previsional que les es aplicable, la vía idónea para ello la dictación de una ley que así lo disponga".

Con todo, en cuanto a los efectos del traspaso de los funcionarios, Bermúdez detalló ante los senadores que se proyectan en tres dimensiones: "La primera, de índole administrativa, ya que en la medida que se jubilen deberían ser pensionados por parte de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Esa resolución tendría que enviarse a la Contraloría para la correspondiente toma de razón. Se preguntó cómo podría tomar razón este organismo si la decisión va en contra de la ley N° 18.458, y de la jurisprudencia administrativa. Cómo podría ser obligada la Contraloría si ni siquiera ha sido parte en el juicio que ordena el traspaso de los funcionarios al sistema de Capredena", explica el informe de la comisión.

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En segundo lugar, explicó el Contralor, la ley 20.735 dejó expresamente fuera a los funcionarios de la DGAC del sistema previsional de las fuerzas armadas. Por último, el efecto económico tiene relación con que en un plazo de 30 años la modificación tendría un costo fiscal de $900.000 millones, mientras que Capredena cada año requiere más de $ 1.000.000 millones de presupuesto.