Sergio Muñoz y críticas por judicialización: "¿De cuántos fallos estamos hablando? Hay cierta exageración"

Casi un año lleva Sergio Muñoz a la cabeza de la Corte Suprema. Un año en el que ha debido dejar su emblemático cargo en la Tercera Sala, donde debió definir la suerte de una serie de casos relacionados a proyectos de inversión, como Castilla, Bocamina o Punta Alcalde.

Ahora, desde la testera del Poder Judicial, el ministro responde a las críticas que vinculan a los tribunales con el estancamiento de los proyectos de inversión. Lo hace desde una mirada proporcional, asegurando que las causas en que se basan quienes hablan de "judicialización" o "activismo judicial", no superan los 30, una cifra ínfima, dice Muñoz, si se le compara con los más de 500 fallos anuales que redacta la corte o los 200 mil recursos de protección que reciben. En paralelo, el magistrado hace una evaluación de cómo ha operado el Convenio 169 en el país.

¿Qué opina de quienes culpan a la llamada "judicialización" del retraso o las trabas de algunos proyectos de inversión?

-El tema de la judicialización está referido a que las personas tengan derecho a accionar frente a los tribunales y que estos tribunales puedan ejercer su competencia. Me cuesta pensar que en un Estado democrático de derecho, donde las personas son iguales en dignidad y derechos, unos puedan tener acciones que creen que les corresponden y otros no. Los tribunales no son los que crean las leyes o las dictan para entregarles derechos o garantías a las personas, lo que hacen es poner su infraestructura, el acceso a la judicatura en manos de las personas. En ese sentido parece injusta la crítica porque no son los tribunales los que generan la litigiosidad, son las diferentes legislaciones que se dictan las que posibilitan a las personas recurrir a los tribunales.

¿Pero le da un punto al mundo empresarial cuando dicen que los plazos de la justicia son muy largos?

-Yo concedo la preocupación, y es nuestra, de acortar los plazos de tramitación de los procesos. Estamos en un trabajo de gestión que lleva años, y que ha comenzado por la propia Corte Suprema. Antes un proceso se demoraba desde 3 a 4 años, hoy demoran 4 meses, y a veces uno.  Hemos pedido lo mismo a las Cortes de Apelaciones y Tribunales de primera instancia. La preocupación existe.

¿La judicialización entonces no debería verse de manera peyorativa?

-Lo que sucede es que la judicialización no responde a una actividad de los tribunales, responde a una actividad de las personas, para la jurisdicción. Y el mensaje es claro, total y absoluto. La gente no se tiene que preocupar por reclamar sus derechos frente a la judicatura, siempre va a tener la posibilidad de hacerlo.

¿Pero no cree que hay abogados que aprovechan esta situación buscando judicializar todo proyecto? ¿El ex Presidente Piñera alguna vez dijo que existía un mercado de la judicialización?

-Él debe tener antecedentes de los cuales yo carezco para efectuar esa declaración.

¿Y su visión con respecto a si cree que existe un mercado de abogados que abusa de esta situación?

-Carezco de antecedentes para calificar de abuso el recurrir a los tribunales solicitando amparo de alguna vulneración de garantía en relación a proyectos específicos.

¿Pero cuando usted ve la cantidad de recursos de protección que se presentan contra distintos proyectos, no le parece  que se este usando indiscriminadamente este recurso?

-Es que tendríamos que hacer una estadística, pero yo creo que los podemos contar con los dedos de ambas manos los que se refieren a proyectos específicos. Lo que ocurre es que son atendidos especialmente por la prensa, y aparecen como que son muchos. Yo estando en la Tercera Sala (de la Corte Suprema), no recuerdo que haya llegado una cantidad relevante de casos, contrariamente con lo que ocurre con los planes de salud de las isapres, donde sí son una cantidad de casos relevante. Lo mismo respecto de cómo se interponen recursos sobre la aplicación de los planes reguladores, o las antenas telefónicas.

Lo que pasa es que estos son proyectos por muchos millones de dólares y por lo tanto toman relevancia porque afectan a mucha gente.

-Ese es otro tema. Me pregunta si se ha hecho un abuso, y eso significa una gran cantidad de casos, y yo le digo que no conozco esa gran cantidad de casos, no llegaron a la Corte Suprema al menos, no creo siquiera que hayan superado los 30 en todo este período. Los podemos ir contando, Cuervo, Bocamina I y II, Punta Alcalde, Castilla I y II, Los Morros, parque eólico, si es que llegamos a 30 casos. No podría yo emitir responsablemente un juicio crítico sobre la base de 30 casos, cuando a la Corte el año pasado llegaron casi 200 mil recursos de protección.

Otra arista de la judicialización es el llamado "activismo judicial", crítica que algunos han hecho contra la Corte, señalando que en algunos fallos se ha buscado reemplazar al legislador. ¿Cómo ve ese debate?

-Los tribunales tienen un principio de inexcusabilidad por el cual tienen que resolver con ley y sin ley, y lógicamente que van a resolver todos los aspectos que estén determinados en la legislación, considerando todo el sistema de fuentes del derecho. Una de las fuentes del derecho es la ley, pero también está la Constitución, los tratados internacionales, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, los reglamentos, la jurisprudencia. Y los jueces siempre se han ajustado a lo que es la aplicación de la ley. Y ocurre que existe también cierta interpretación que es lícita y que está dentro de lo que se puede realizar por la doctrina. Pero llegamos al mismo tema: ¿de cuántos fallos estamos hablando? Hay cierta exageración. En algunos casos se habla por un fallo de que hay activismo, de que no se quiere sujetar a lo que es la legislación, cuando en un año un juez dicta, al menos en la Corte Suprema, no menos de 500 fallos, e incluso puede ser más. Un fallo no significa nada en ese espectro. Siempre los fallos han sido basados, sustentados y razonados, sobre la base de un ordenamiento jurídico preciso y determinado.

Convenio OIT y el Comité

¿Cómo ve que se ha llevado a cabo y se ha cumplido el Convenio 169?

-El convenio 169 solicita que se haga la consulta a las etnias correspondientes que puedan ser afectadas por el proyecto, y nosotros hemos regulado que alguien es afectado cuando las consecuencias directas o indirectas van a estar relacionadas con su población. Pero el Convenio 169 no representa problema, siendo una legislación que ha sido ratificada por nuestro país, y no le podemos pedir a los Tribunales que no la apliquen. Generalmente nos preocupamos de la legislación cuando es aplicada por los fallos judiciales. Si lo hiciéramos antes, la gente entendería que el juez llamado a aplicar la legislación no le corresponde más que aplicarla. Si tengo que hacer una evaluación como ciudadano, creo que se ha cumplido bien. Los casos que han llegado a los Tribunales son una mínima expresión.

El Comité de Ministros ha emitido dos polémicas resoluciones:  Punta Alcalde e HidroAysén, y se ha debatido respecto de si dicha instancia tiene facultades, por ejemplo, de anular una RCA. ¿Qué piensa?

-Si hay toda una nueva normativa en que se establece un recurso específico ante una autoridad, que en este caso es el Comité de Ministros, es para que la autoridad resuelva en un sentido o en otro. Lo que plantean algunos es que lo único que podría resolver es reponer a un estado de tramitación si es que estimara que se ha infringido alguna normativa, pero establecer todo este aparataje tan grande para que su intervención, en el mejor de los casos para quien reclama, sea reponer a un estado anterior, y no sobreponerse con otra decisión, por lo menos en mi concepto, era excesivo.

Pero algunas empresas consideran que un permiso ambiental es un activo que se ha conseguido después de toda una tramitación ambiental y técnica.

-Pero lo mismo podrían pensar los pobladores o aquellos que dicen que una RCA rechazada también es un activo de ellos, y que no puede ser revertida por la autoridad superior.