Solución administrativa para las isapres

A fines de la semana pasada, la ministra de Salud, Carmen Castillo, admitió que la esperada reforma de las isapres quedaría para el siguiente Gobierno, algo que no necesariamente viene a sorprender. En paralelo, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, señaló que respecto de la judicialización que afecta al sistema, hay espacios para mejorar por la vía administrativa. Esto último sí que llama la atención, dado que el sector privado ha insistido recurrentemente sobre la necesidad de una reforma que posibilite abordar los vacíos regulatorios que se mantienen y que, entre otras razones, han permitido un aumento de la judicialización -en el marco del alza de precios de los planes de salud- más allá de lo que resulta manejable por el sector y por la autoridad. Lo que sorprende es por qué esta señal de que existen caminos administrativos no se dio antes y, por el contrario, se ratificaba que el único camino era un proyecto de ley. De hecho, la propia autoridad ha dicho que el aumento de costos por el alza de la judicialización no es sostenible en el largo plazo. El superintendente dijo también que el cambio regulatorio tendrá un foco de seguridad social, lo que estará alineado con las isapres y todo el sector salud. Será de suma relevancia que dicho foco quede absolutamente definido para asegurar de manera concreta el funcionamiento del sistema privado.