Una preocupante caída en la intención de votar
Desde el 31 de enero de 2012 que rige en Chile la Ley 20.568, la que regula la inscripción automática y el voto voluntario para todos los procesos electorales. Con la promulgación de esta normativa -tras un largo tiempo de discusión- quedan inscritas automáticamente en los registros electorales todas las personas que cumplan con los requisitos para votar.
Como su nombre lo indica, la principal característica de este cuerpo legal es que eliminó la obligatoriedad del voto, anulando así la necesidad de que las personas justificaran su no participación en un proceso electoral.
Pese a su corta vigencia y a la luz de los recientes procesos electorales (municipales, parlamentarios y presidenciales) ante la más mínima señal de una caída en la intención de participación, el mundo político reacciona pidiendo volver a la obligatoriedad del voto.
En esta cruzada no sólo han participado analistas, también han encontrado eco en sus reclamos parlamentarios y ex presidentes. De hecho, la propia Presidenta Bachelet declaró estar arrepentida de haber apoyado, en su minuto, la voluntariedad del voto. “Cuando apoyé el voto voluntario fue porque estaba segura de que los chilenos teníamos un espíritu cívico más alto [...] Me equivoqué”, dijo en 2015 la mandataria.
Durante los últimos días la discusión respecto de la obligatoriedad del voto ha resurgido a la luz de los resultados de la última encuesta CEP.
Esta medición da cuenta de que pese a que el 68% de los encuestados por el CEP califica como “muy mala” la situación política del país, sólo un 27% declara que “con toda seguridad” votará en las próximas elecciones municipales de octubre. Por el contrario, un 25% dijo que “con toda seguridad no irá a votar” y un 16% respondió que “probablemente” no votará en las municipales.
Las cifras son reveladoras, no sólo del amplio rechazo a la actividad política, sino también de la escasa motivación de elegir a los futuros dirigentes y representantes ciudadanos.
Esto obliga a preguntarnos si es necesaria una imposición legal para reencantar a los electores o, más bien, si debemos revisar el estado actual de la actividad política en Chile.
Por lo mismo, antes de reactivar una discusión normativa, es necesario responder una serie de preguntas que guardan relación con la razón de fondo por la cual la gente no quiere votar, la representatividad de los candidatos a cargos públicos y la innovación o falta de caras nuevas en la política.
Por sobre todo, en el escenario actual, no es conveniente caer en análisis facilistas de la obligatoriedad del voto ni impulsar modificaciones erráticas que no apuntan al problema de fondo, que es el extendido, si no total, desencanto de la ciudadanía con la actividad política. P
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