Constitución del 80 ¿El pecado original?

El 10 de agosto de 1980 el gobierno militar de Augusto Pinochet anunció un plebiscito para votar por una nueva constitución. Un mes después, precisamente el 11 de septiembre de 1980, cuando se cumplían siete años del régimen, se realizó la votación. Según los registros oficiales votaron 6.271.868 personas, el 67,04% de ellas por la opción SI, el 30,19% por el NO y el 2,77% nulo.

En su libro El Fraude, el cientista político y académico de la UDP Claudio Fuentes, recopila los antecedentes de ese proceso y las dudas que desde el primer momento pesaron sobre su legitimidad. En forma inédita, cita el informe Sobre el plebiscito y el fraude realizado por el DC Genaro Arriagada los días posteriores al sufragio donde se cuestionan varios puntos: el increíble aumento del padrón electoral (en 1973 el total de inscritos eran 4,5 millones), la bajísima abstención (6,8%) y la sobrerrepresentación de votantes en algunas comunas. Las cifras no cuadraban.

Fuentes relata también cómo la tinta supuestamente indeleble de la huella digital, que impedía que una misma persona fuera a votar más de una vez, se borraba fácilmente y cómo la única franja televisiva permitida mostraba un ejemplo de cómo sufragar marcando sobre la opción SI.

“El proceso mediante el cual se promulga la constitución no considera ningún estándar mínimo para ser considerado legítimo. Se trató de un plebiscito convocado 30 días antes, en un contexto donde los partidos políticos estaban prohibidos, donde no existía la libertad de expresión y donde los vocales de mesa fueron todos designados por el régimen militar”, dice Fuentes.

Ese es, a su juicio, el principal argumento para decir que la Constitución del 80 carece de legitimidad de origen, o estaría viciada desde su génesis. Ahora, según el cientista político, ese hecho por sí solo no justifica que la Carta Fundamental actual tenga que cambiarse. “No, hay otros elementos relevantes que tienen que ver con la distancia brutal que existe hoy entre la política y la sociedad”, añade.

Lo cierto es que en el debate actual, el pecado original de la Constitución de 1980 por el hecho de haber sido redactada en dictadura por una comisión designada por una junta militar y por los vicios de su plebiscito ratificatorio lleva ya varios años. Pero, coinciden muchos constitucionalistas y politólogos no sería el argumento más válido a la hora de poner sobre la mesa las razones por las cuales es necesario contar con una nueva carta.

¿1980 o 2005?

La del 80 es la constitución más reformada en la historia de la República. De los 120 artículos del texto original, solo veinte no han sido transformados o reemplazados y el único capítulo que ha permanecido inalterado es el XIII, relativo al Banco Central. Por esos, hay varios actores que plantean que la carta actual ya no es la redactada por el régimen de Pinochet y que, por lo mismo, hablar de ilegitimidad de origen sería una falacia.

Según el constitucionalista y director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, a esta discusión le falta historia. Su argumento es que la carta vigente hoy día en Chile no es la misma de 1980 y que plantear que es la Constitución de Pinochet, es una caricatura. Por un lado, explica que el texto original del año 80 nunca rigió en el Chile democrático. Hasta 1988 lo que guió los designios institucionales del país, fueron las disposiciones transitorias redactadas en conjunto con la Constitución y fue solo recién al regreso de la democracia que la carta fundamental redactada en 1980 comenzaría a regir, no sin antes sufrir una importante reforma que habría ayudado a subsanar los problemas de legitimidad del origen.

El 30 de julio de 1989 se realizó un plebiscito en el cual se introdujeron 54 reformas a la Constitución. El resultado fue de 91,25 % por el apruebo y 8,74 % por el rechazo. “Es un hecho que cuando logramos la democracia la constitución fue plebiscitada en un proceso que tuvo masiva participación y que incluyó un conjunto de cambios que para la época fueron significativos”, explica Alvarado.

Pero más allá de eso, su tesis central es que la reforma realizada en 2005 y que cuenta con la firma de Ricardo Lagos, permitiría afirmar que la Carta Fundamental que rige hoy no es la de Pinochet, sino la de la transición. “Es esa constitución, a su juicio, y las lógicas con las que fue hecha, lo que cayó en descrédito, lo que fue perdiendo legitimidad social”, plantea.

El problema, dice, es que la Concertación de Lagos enfocó la reforma de 2005 con la misma lógica de los años 90 en minutos en que los actores políticos no estaban concientes de su descrédito. “Fue un cóctel explosivo. El mismo hecho que no se haya realizado un plebiscito habla de eso. Otro ejemplo es que se sacó el binominal del texto, pero se mantuvo por diez años más porque la UDI no estaba dispuesta a eliminarlo, lo que es muy sintomático. Y cuando Ricardo Lagos dijo `tenemos piso compartido`, fue criticado tanto por la derecha como por la izquierda más dura y nunca logró consolidarse como una carta de consenso”, explica.

Para la doctora en Ciencias Políticas Claudia Heiss (RD), parte importante de la discusión actual gravita en si la actual Carta Magna es la del 80 o la de Lagos. Para ella, la reforma de 2005 intervino en varios aspectos importantes, como el rol tutelar de las Fuerzas Armadas sobre el sistema político. Sin embargo, su postura es que el corazón del texto del 80 no se tocó. “Si eso hubiera ocurrido, la gente la habría sentido como una nueva constitución, pero eso no ocurrió. Y hoy vemos que hay trabas reales, como las leyes orgánicas, las decisiones del Tribunal Constitucional y los quórums que persisten. Ese poder de veto de la derecha que se traspasó desde los militares, hace que sea una constitución muy rígida que no ofrece reglas del juego equitativas. Hasta ahora lo que hemos cambiado es lo que ha cedido la derecha, no en lo que nos hemos puesto de acuerdo. No es la misma constitución del 80, pero se mantiene ese poder de veto indebido y ese es el problema de legitimidad, dice.

Y agrega: “Enfatizar el hecho de que fue redactada en una dictadura, es negar el problema que tiene hoy día la Constitución, que es la percepción de que el sistema político está tutelado y que no permite que sea la mayoría la que tome las decisiones”.

Para Claudio Fuentes, es claro que la actual Constitución no es la misma que la del 80 por todas las reformas que se han hecho, pero sí comparte lo que dice el constitucionalista Fernando Atria (ex PS) de que hay un ADN, un elemento original que viene de la génesis y que tiene que ver con los altos quórums, que la ciudadanía solo pueda participar cada cuatro años y no tenga más injerencia en las decisiones y el rol del Estado. “Creo que ese va a ser el gran debate: cuánto Estado queremos y cómo se garantizan los derechos sociales”, adelanta.

Sergio Verdugo, constitucionalista y académico de la UDD, plantea que la constitución actual sí tiene un problema de legitimidad, pero no asociado necesariamente a problemas de origen. “Es una constitución que divide a los chilenos. El gran debate es por qué la generación actual no ha sido capaz de apropiarse de ella. Hoy hay una mayoría de chilenos que quiere reemplazar la carta fundamental independiente de sus contenidos. Por lo tanto hay una necesidad de un cambio simbólico”, explica.

Japón, Alemania y Estados Unidos

Para adscribir a la tesis de que la constitución chilena carga consigo un pecado de origen difícil de perdonar, es también necesario revisar qué ha ocurrido en la historia de las Cartas Fundamentales en el resto del mundo. Pocas, casi ninguna, han nacido de un contexto ideal y en la práctica lo que ocurre es que más allá de lograr legitimarse por su origen, terminan legitimándose en su ejercicio.

Así lo plantea Sergio Verdugo. “Hay muchas constituciones que se legitiman con posterioridad a su origen y es muy común que sean dictadas en períodos de crisis, muchas veces por órganos que no son representativos”, dice.

La Constitución de Japón fue impuesta por Estados Unidos en 1947 con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y sigue vigente hasta hoy sin que se haya puesto en duda su legitimidad. Algo parecido ocurre en Alemania. Su constitución, que cumplió 70 años el año pasado, fue elaborada como una solución temporal post nazismo y aún goza de la confianza de los alemanes. Y la Carta Fundamental de Estados Unidos fue hecha por un grupo de hombres blancos, dueños de fortunas y poseedores de esclavos y sigue siendo representativa para los norteamericanos. “Los procesos constituyentes hay que entenderlos sin romances y de acuerdo a las condiciones políticas y de conflicto en el momento que fueron dictados, que por lo general no son ideales, son momentos de polarización y de fuertes presiones por cambio. Pedirle a una constitución que tenga legitimidad en su origen, es ser ingenuo con la historia”, aclara.

Una visión no muy distinta tiene Claudia Heiss. “Evidentemente que el origen de la Constitución del 80 está manchado por haber sido hecha en dictadura y dictada a través de un decreto entre cuatro paredes, pero todas las constituciones chilenas y casi todas las del mundo han nacido por el triunfo de un bando sobre otro”, señala.

La Constitución del 25 en Chile también fue impuesta, plantea Heiss, por un grupo de militares comandados por Carlos Ibáñez del Campo y Arturo Alessandri en contra de la mayoría de la clase política y lo mismo ocurrió en la de 1933 que está marcada por el triunfo del bando conservador sobre el liberal, que se definió en la Batalla de Lircay.

“Son constituciones que se fueron legitimando en el curso de los años por el ejercicio político, algo que la del 80 no ha logrado”, dice.

Y agrega: “Si uno fuera a buscar siempre la legitimidad de origen, tendría serios problemas de acuerdo a la época en que se hicieron esas cartas fundamentales. La gracia de la Constitución de Estados Unidos, que fue redactada por hombres blancos que tenían esclavos, es que se ha ido adaptando y permitido interpretaciones, lo que le ha dado espacio al juego político. El problema de la constitución actual chilena es que no permite esa flexibilidad”.

Los datos internacionales también permiten explicar que no todos los procesos constitucionales que se han realizado en los últimos años han estado bajo parámetros de alta participación y lejos de crisis. En 2015 el PNUD publicó el estudio Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo, en el cual entrega datos comparados de procesos de cambio de constituciones a partir de la segunda mitad del siglo XX. De un total de 95 procesos constituyentes analizados entre 1947 y 2015, un 41% de los casos se realizaron mediante alguna modalidad de asamblea constituyente, pero la gran mayoría de las cartas fundamentales nacieron de una comisión de expertos, personas designadas ad hoc para redactar una nueva constitución.

La excepcionalidad de la actual constitución que rige a nuestro país es otro punto que se ha puesto en discusión. En su libro La Ilusión Constitucional, publicado en 2016, Claudio Alvarado plantea que si bien la evidencia muestra que la carta fundamental del 80 tiene la característica de que fue hecha bajo una dictadura para luego sobrevivir a un proceso de transición, no se trataría de una condición que solo atañe a Chile. De hecho, plantea que hay varias constituciones en el mundo cuya génesis fueron gobiernos autoritarios y que lograron legitimarse en su ejercicio. “Si consideramos la totalidad de los sistemas constitucionales históricos respecto de los cuales existen datos disponibles —Comparative Constitutions Project— 695 de 846 son susceptibles de ser tildados como autoritarios; y si atendemos a las constituciones hoy vigentes, aproximadamente el 56% fueron redactadas bajo regímenes dictatoriales”, plantea en su libro.

La marca del 18 de octubre

Entre los argumentos que han surgido en contra de la votación y eventual redacción de una nueva Carta Fundamental para Chile, está también el posible vicio de origen que podría tener un proceso que se vio forzado por el estallido social del 18 de octubre. Un debate que, al menos según los constitucionalistas consultados, es todavía muy prematuro.

“Le legitimidad del actual proceso va a depender mucho de las condiciones del plebiscito y todo lo que acontezca después. El camino constitucional es largo, faltan todavía muchos pasos si es que se aprueba, pero la decisión que tomó el sistema político el 15 de noviembre para que procesáramos este conflicto por la vía constitucional, fue presionado por las circunstancias, pero no obligado”, plantea Alvarado.

“Es muy luego para juzgar algo así en este minuto, pero si los políticos lo decidieron y la gente vota apruebo es un síntoma. Hay quienes sostienen que este proceso no debiera darse porque no existen las condiciones, pero hay que separar dos cosas: es poco probable que se den las condiciones ideales, siempre van a haber defectos; y lo segundo es que eso no quita que tengamos que buscar la mejor forma para que el plebiscito se haga con las debidas medidas de orden público y que la convención, si es que esa es la opción escogida, pueda dialogar y que responsa a toda la población y no a los que gritan más fuerte”, plantea Sergio Verdugo.