Conscientes de que existe una parte de la población que no se ha involucrado con el proceso constituyente o que necesita de vías para entregar su punto de vista, un grupo de académicos de la PUC y la U. de Chile, a través de la plataforma Tenemos que Hablar de Chile, presentaron en agosto a la comisión de Participación Popular y Equidad Territorial de la Convención Constitucional una propuesta de 18 páginas que entrega sugerencias sobre cómo se podría incluir la participación ciudadana en el proceso constituyente.

Por parte de la U. de Chile, participaron en la redacción del documento las politólogas María Cristina Escudero y Claudia Heiss y los abogados Salvador Millaleo y Francisco Soto. En tanto, por parte de la UC, trabajaron en la propuesta los politólogos Gabriel Negretto, Julieta Suárez y los abogados Alejandra Ovalle y Patricio Zapata. Como coordinadores del documento participaron el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, el director de Tenemos que Hablar de Chile, Hernán Hochschild y la subdirectora de la misma plataforma, Valentina Rosas.

Los académicos identificaron y detallaron en un documento cinco métodos que consideran recomendables para promover la participación ciudadana en el proceso constituyente, como también a escuchar a quienes históricamente no han sido representados en los procesos políticos.

Los académicos que formaron parte de la redacción de la propuesta plantean que la participación ciudadana en un proceso tan relevante como la redacción de la nueva Carta Magna puede contribuir a la deliberación pública y a que la ciudadanía esté informada sobre las diversas propuestas que se discutan. Además, confían en que “la participación ciudadana (...) puede permitir la elaboración de una Constitución más democrática y es un elemento relevante para la legitimidad del proceso mismo”.

En consideración de los plazos con que cuenta la Convención para la elaboración de la propuesta de nueva Carta Magna, el uso de mecanismos de participación y los plazos que cada uno de ellos implica son limitados. Por lo mismo, los académicos definieron cinco opciones de mecanismos disponibles para la Convención que permitirían una sistematización de resultados “relativamente concretos”.

El primero de ellos son las consultas digitales de preguntas abiertas y específicas. Sobre este punto, en el documento se explica: “Es relevante la elección de mecanismos innovadores de comunicación con la ciudadanía, ya que pueden permitir la comunicación con distintos grupos etarios y socioeconómicos. Por ejemplo, el uso de la aplicación WhatsApp”.

Como segunda opción, los académicos presentan la idea de formar cabildos, foros o encuentros autoconvocados o locales, ya sea presenciales o virtuales. Gracias a la experiencia que han tenido con estos formatos a través de la plataforma Tenemos que Hablar de Chile, concluyen que “es positivo contar con grupos pequeños que permitan a todos los asistentes dar su opinión”. Además, consideran que esta opción puede ser “muy útil en la etapa de preparación de la agenda y temas que trabajarán las comisiones permanentes”.

El tercer mecanismo corresponde a audiencias públicas, encuentros regionales y de pueblos originarios, que consisten en “la exposición o presentación que realizan organizaciones, expertos u otras personas con interés en la discusión”. También, como cuarta sugerencia, proponen la utilización de minutas y propuestas de redacción concretas. Si bien la Convención ha dispuesto de un canal para la recepción de documentos vía correo electrónico, los académicos sugieren “establecer un sistema en el que se recojan los documentos enviados por instituciones y organizaciones, con ciertos requisitos mínimos de formato y contenido”.

Por último, se propone la instancia de emitir comentarios sobre el primer borrador. “La oportunidad para el ingreso de estos comentarios es relevante, y debiera establecerse un plazo suficiente para que la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil puedan elaborar e ingresar sus propuestas u observaciones”, se explica en el documento. Además, los expertos sugieren que la existencia de una plataforma digital puede ser de gran utilidad “para la sistematización, estudio y patrocinio de estas propuestas”.

Los expertos identificaron tres etapas en las que se podrían adoptar distintos tipos de mecanismos que se acoplen a la discusión constitucional: la definición de temas y contenidos a incluir, la redacción y votación de propuestas; y la publicación, discusión y comentarios del borrador elaborado de la Carta Magna. Sin embargo, distinguen que, para garantizar la participación en cada una de estas etapas, existen condiciones necesarias.

Gracias a la experiencia comparada con otros proyectos e iniciativas de participación ciudadana, como la iniciativa desarrollada durante el gobierno de la expresidenta Bachelet o la misma plataforma de diálogo lanzada por Tenemos que Hablar de Chile, los expertos han podido concluir que es “fundamental que el diseño del proceso de participación contemple la coherencia y oportunidad de los mecanismos para que estos puedan ser incidentes”. Para lograr un diseño que asegure esas condiciones, proponen que se podrían utilizar algunos mecanismos de participación masiva, para la ciudadanía en general, como también otros para la ciudadanía organizada.

Entre otras condiciones que, de acuerdo a los académicos, se necesitan para la participación pública durante el proceso constituyente, están la consideración el tiempo y la planificación realizar aportes en los momentos precisos, uso de herramientas y tecnologías que permitan sistematizar la participación de forma transparente. Sobre este último punto, los expertos explican que “existen experiencias que muestran que el uso de tecnologías es fundamental para que la sistematización se realice de forma oportuna”.

También se debe procurar contemplar la participación de la pluralidad, con énfasis en aquellos que “usualmente no se involucran en los procesos políticos”. Al mismo tiempo, se debe evitar generar sesgos en la ciudadanía, se tiene que procurar un manejo responsable de los datos personales y la existencia de un proceso de retroalimentación, que contribuya a la integridad y al uso efectivo de los métodos de participación.