Marcela Cubillos (Independiente-UDI): “Corresponde al legislador y no a la Constitución consagrar la forma de ejercer los derechos”

La exministra de Educación, partidaria del Rechazo en el plebiscito, terminó accediendo a competir por el distrito 11 como candidata a la convención constituyente. Marcela Cubillos defiende que hay que mantener ciertos “principios” de la actual Carta Magna y plantea que se deben incorporar nuevos derechos sociales. Eso sí, recalca que le corresponde al Congreso fijar la manera de ejercerlos.

¿Qué aspectos se deberían mantener de la actual Constitución?

Hay muchas cosas que se tienen que mantener, por algo estoy entre las que defendía que a la Constitución había que hacerle reformas y que no era necesario hacer un proceso como éste, pero ya estamos en este proceso. Primero, me parece fundamental que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés. Por otra parte, la Constitución actual es muy clara en permitir, validar y fomentar que haya participación de la sociedad civil y de los privados en la provisión de bienes públicos y eso se debe mantener y fortalecer. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con libertades individuales, tanto la libertad para emprender, el derecho de propiedad, el derecho a no discriminación en materia económica y el resto de libertades de esa naturaleza que están bien consagradas en la Constitución, también deberían permancer. En materias que me importan, por ejemplo, en libertad de enseñanza, también creo que se tiene que mantener y fortalecer.

¿Y respecto de aquello que a su juicio debe corregirse?

Creo que hay órganos que hay que corregir en su funcionamiento. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que en materia de Tribunal Constitucional hay que reformar la forma de designación de sus integrantes, no creo que se justifique mantener el voto dirimente de su presidente, el control preventivo constitucional se tiene que mantener, pero solo al término de la tramitación legal(…). En materia de órganos autónomos como la Contraloría, nos parece fundamental que quede muy claro que lo autónomo no los exime del cumplimiento y respeto al Estado de derecho, que quede claro que la autonomía de la Contraloría no implica que pueda meterse a evaluar el mérito de determinadas decisiones, sino solamente la legalidad de ella.

¿Cuál será el tema que va a impulsar principalmente en el debate si resulta electa?

Lo que me atrae es generar un estatuto de derechos de los ciudadanos frente a los servicios y administración del Estado. Creo que se ha avanzado -y tiene que avanzarse aún más- de qué manera se protege a los ciudadanos frente a servicios otorgados por los privados, pero no se ha avanzado de la misma manera para empoderar a los ciudadanos frente a la entrega de servicios por parte del Estado. Por lo tanto, llevar a la Constitución un estatuto que permita asegurar que las personas reciban buen trato, no discriminación, continuidad de la función pública, es decir, por qué una persona tiene que aceptar que funcionarios públicos determinados la tengan paralizada en el Servicio Médico Legal, Servicio de Registro Civil, etcétera. Entregar ciertas garantías que puedan proteger y empoderar al ciudadano frente a la administración del Estado me parece fundamental.

¿Qué derechos añadiría a los que ya están establecidos en la Constitución?

Hemos planteado que, en materia de derechos sociales, el derecho al acceso a la vivienda y el derecho al acceso al sustento alimenticio son derechos que hoy día son indiscutibles, incluso a nivel mundial. Ahora, la diferencia es de qué manera se garantizan y otorgan esos derechos, tanto esos derechos como los otros derechos sociales. Creemos que le corresponde al legislador y no a la Constitución consagrar la forma de ejercer los derechos. Es decir, es el legislador el que tiene, conforme a las mayorías de un momento determinado, y conforme a la situación fiscal del país en un momento determinado, regular de qué manera, bajo qué mecanismo, con qué gradualidad se van asegurando esos derechos. Por lo tanto, la Constitución fija los accesos a estos derechos, pero el mandato tiene que dársele al legislador para que los regule, porque sino- de nuevo- se cae en la demagogia de creer que porque están consagrados a nivel constitucional existen esos derechos.

Pero eso es fijar titulares y las bajadas dejarlas al Congreso…

Claro, pero no es tan así. En el fondo es porque no corresponde que la Constitución lo haga. Depende, de partida, de la situación económica del país y la situación fiscal del Estado. Depende también de cómo las mayorías quieran regularlo, si se va a otorgar ese derecho por proveedores, por así decirlo, públicos o privados. Creo que es fundamental que las personas tengan garantizados ciertos derechos y es la responsabilidad del legislador implementarlo

¿Debería consagrarse el derecho al agua?

Ahí volvemos a lo mismo. Hay mucha consigna. Hoy está establecido en el Código de Aguas que el agua es un bien nacional de uso público, por lo tanto, esa misma declaración puede quedar consagrada a nivel constitucional, pero del mismo modo, es fundamental seguir protegiendo el derecho de propiedad que existe sobre el aprovechamiento o la utilización de esos derechos de agua.