El domingo, en entrevista con Canal 13, el expresidente Ricardo Lagos expresó, a raíz de las medidas tomadas por el Gobierno durante la pandemia, que “en determinados momentos sólo el Estado es capaz de ordenar”.

El mismo día, en El Mercurio, el Presidente Sebastián Piñera también abordó el tema y expresó: “(Necesitamos) un Estado poderoso, eficiente, moderno, ágil, y eso tiene que ver con modernizar profundamente nuestro Estado. La lectura correcta no es más Estado, es mejor Estado”.

La función del Estado ha vuelto a la primera línea del debate constitucional. A solicitud de Re:Constitución Sebastián Soto, Patricio Zapata, Sebastián Aylwin y Enrique Navarro dieron sus apreciaciones al respecto.

El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Sebastián Soto, cree que, “la pandemia ha llevado a algunos a pedir más poderes para el Estado. Pero eso es más bien fruto de la nostalgia; hoy el foco debiera ser otro”.

Destaca que no debe olvidarse que ante todo, “en el combate contra epidemias, el Estado opera sobre el Código Sanitario. Éste, que ya tiene un siglo, fue reformulado completamente bajo el gobierno de Frei Montalva con la lógica estatista tan propia de esos años. Por eso es que, ante una emergencia sanitaria, se pueden tomar las medidas más invasivas y todo ello por una simple resolución del Ministro de Salud. Basta mirar el Diario Oficial las últimas semanas para ver cómo derechos y libertades ceden ante la firma del ministro”.

Pregunta: “¿Es esto problemático? No en las actuales circunstancias. Lo que sí sería un problema es intentar replicar la intervención estatal en épocas de pandemia a épocas regulares, como parecen añorarlo algunos”.

Por esta razón argumenta que “el camino debiera ser otro”. Enumera que así como el 27-F “nos permitió mejorar en la reacción ante desastres naturales y el 18-O ha recordado la importancia de instituciones policiales y de inteligencia con capacidad para el control del orden público frente a la violencia organizada, el covid-19 también nos da una oportunidad”.

Por esto estima que “cuanto todo pase debiéramos profundizar la integración público-privada de nuestra red de salud, transformar a los viejos hospitales públicos en empresas públicas, promover una mejor relación entre la ciencia y la política pública, flexibilizar las modalidades de trabajo y enseñanza, entre otras cosas. Posiblemente poco de eso requiere más Estado sino que un mejor Estado que confíe en las capacidades de la sociedad civil y abra nuevos espacios a soluciones privadas para problemas públicos”.

El representante de Comunes en la mesa técnica constituyente, Sebastián Aylwin opina que “la actual pandemia ha motivado en todo el mundo un prolífico debate sobre cuán preparado estaba el Estado para esta crisis y qué transformaciones debiesen hacerse para adaptarnos al nuevo orden. Pero en la historia de Chile no es primera vez que una crisis demuestra las críticas deficiencias de nuestro Estado subsidiario”.

Señala por ejemplo que los terremotos en la zona centro-sur y norte “tuvieron que ser enfrentados mediante incentivos del Estado para que empresas suministraran insumos y realizaran obras, con un costo exorbitante para el erario público, ineficiencia traspasada a los propios afectados con alzas de precios inusitadas”.

“Más evidente resulta el reciente estallido social, cuyas demandas son múltiples y un grueso de ellas se focalizan en el abandono del individuo por parte del Estado en materias como pensiones, educación, salud e igualdad de género”.

Pese a esto, piensa que sería un error asumir que “el Estado simplemente debiese ‘crecer’. Primero, porque el Estado subsidiario ya es muy grande, con una gran capacidad jurídica y económica para crear nuevos mercados subsidiados. Segundo, porque el Estado de bienestar, entendido como prestaciones estatales a individuos, si bien con mejores resultados, ha producido un individualismo incapaz de lidiar con la presente crisis. De lo que se trata entonces es de fortalecer la sociedad para que esta medie entre el individuo y el Estado”.

Argumenta que una sociedad se fortalece con mayor democracia. “Los resultados exitosos al enfrentar la actual crisis muestran no solo mayor intervención estatal sino también comunidades capaces de organizar el cumplimiento de objetivos complejos”.

Por esto cree que una nueva Constitución “debiese repensar la democracia involucrando la sociedad civil en la construcción del Estado, las prestaciones sociales y la regulación del mercado, complementando las esferas ya existentes de autonomía individual y regulación estatal con las de una democracia social y plena”.

Para el abogado constitucionalista Patricio Zapata, “es bastante evidente que la emergencia sanitaria provocada por la propagación del covid-19 ha empujado a todos los Estados del mundo a desplegar acciones de control social que, al menos en las democracias liberales, eran impensadas hace apenas tres meses”.

Reflexiona que es claro que el impacto económico de la pandemia “está llevando, y llevará, a todos los gobiernos, cualquiera sea su signo ideológico, a impulsar regulaciones, políticas sociales y planes de fomento que desafían ortodoxias y tensionan los equilibrios fiscales. Al hacerlo, no solo responden a la demanda de las grandes mayorías ciudadanas sino que, también, en muchos casos, acuden en auxilio de sectores empresariales pequeños, medianos y grandes que, históricamente, y con mejores o peores razones, han mirado con desconfianza la acción estatal”.

Opina que “en nuestro país, escuchamos a autoridades de un gobierno de derecha hablar de tirar ‘toda la carne a la parrilla’ (ministro Briones) y a un exministro de Hacienda, que no es precisamente un populista (Andrés Velasco), señalar que ‘hay que tirar la casa por la ventana’. Y así, en efecto, ante el peligro del naufragio, varios dogmas que se consideraban intocables están siendo tiradas por la borda”, dice el profesor de la Faculta de Derecho de la Universidad Católica.

Señala que en este momento es difícil anticipar “cuáles podrían ser, para la función de los Estados, las consecuencias de largo plazo de la epidemia. Me parece, en todo caso, que es altamente probable que la experiencia conduzca a una cierta revalorización de la acción estatal. Y a una mayor voluntad política para invertir en mejores servicios públicos. Y frente a aquellos que piensan que, en el mundo de los mercados globalizados, los Estados deben ser chiquititos, molestando lo menos posible a los emprendedores y concentrándose, más bien, en reprimir la protesta social; lo ocurrido es otra razón más para sacar al Estado Social del desván de las cosas en desuso en que lo quiso encerrar el neoliberalismo”.

Acota, “ahora bien, una cosa es saludar un mayor compromiso social del Estado y aceptar que, en una emergencia terrible, y mientras dure esa emergencia, la autoridad puede asumir poderes extraordinarios, lo cual es razonable, y otra, muy distinta, peligrosa e inconveniente, es llegar a creer que esta pandemia, u otra crisis que venga, sea motivo para que tiremos por la borda ciertos principios del constitucionalismo que son esenciales para la libertad de las personas”.

Por esto opina que “ningún miedo a una peste terrible puede ser razón para entregar cheques en blanco al Estado, para sacrificar la separación de los poderes o a la independencia de los tribunales o para renunciar a la libertad de expresión, la privacidad, la libertad económica o el derecho a la propiedad privada”.

El constitucionalista Enrique Navarro, opina que "el Estado sin duda tiene un rol esencial, incluso en la actual Constitución, lo que poco se conoce".

El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile explica que entre los deberes del poder estatal, "es dar protección a la población y promover la integración armónica de todos los sectores. La finalidad básica del Estado es estar al servicio de la persona humana y promover el bien común".

Al respecto, dentro del ámbito de la salud, como la actual pandemia, "el Estado también tiene un rol esencial: proteger el acceso a las acciones de salud: promoción, protección, recuperación y rehabilitación", además de"garantizar la ejecución de las mismas".

"Entra ese sentido, no debe olvidarse, que el criticado principio de la subsidiariedad (que no está señalado expresamente en el texto constitucional) no supone una mera abstención, como se suele afirmar.  El propio término alude a la idea de subsidio y apoyo. Por lo mismo, debe actuar directamente, precisamente para proteger a las personas".

"El rol del Estado en toda democracia constitucional es muy relevante y decisivo. La solidaridad, por ende, también forma parte indisoluble de su finalidad". Enumera como ejemplo de lo anterior "son las limitaciones que se pueden imponer a la propiedad, en tiempos de normalidad y excepción, fundado en la función social de la propiedad. El bien común exige la adopción de restricciones en aras del interés nacional".

O, indica, en el ámbito empresarial, "por una ley de quórum, se puede autorizar al Estado a emprender actividades económicas. Y ello, en tiempos de excepción, puede ser imperioso"

“En síntesis”, sentencia, “el Estado siempre debe tener un rol activo, no olvidando su deber esencial de bien común. Ello supone fiscalizar, coordinar o actuar derechamente, según las circunstancias”.