Participación contra el tiempo: Los desafíos que enfrentará la Secretaría de Participación Popular de la Convención Constitucional

Desde sus inicios, el proceso constituyente ha pretendido responder a un fuerte mandato de participación popular. Por ello, es extendida la idea de que los 154 convencionales no redactarán el proyecto de texto constitucional encerrados en las paredes del exCongreso sino que será un proceso ligado a la ciudadanía, con múltiples instancias de diálogo.

Con este fin, hace dos semanas se eligieron a los primeros integrantes de la Secretaría Técnica de Participación Popular, organismo que durante lo que resta de proceso constituyente tendrá la tarea de “implementar los mecanismos de participación y del programa de educación popular constituyente”.

Sin embargo, desde la propia Secretaría reconocen que el hecho de que a la Convención le queden menos de ocho meses de funcionamiento, complejiza el cumplimiento de las tareas de participación. Incluso algunos convencionales han manifestado que existe tensión en torno a los mecanismos de participación ciudadana y el tiempo que resta para entregar un proyecto de nueva Constitución.

A continuación, se detallan y analizan cuatro aspectos que la Secretaría de Participación Popular y los 154 convencionales deberán afrontar para promover la participación de forma óptima a lo largo del proceso.

Si bien desde las comisiones temáticas de la Convención han valorado el proceso de audiencias que ha llevado a cabo el organismo desde el pasado 2 de noviembre, algunos de los convencionales han manifestado su preocupación debido al alto número de solicitudes entregadas. Hasta la fecha, la Convención ha recibido casi cinco mil solicitudes de audiencias. Solo la comisión de Derechos Fundamentales ha recibido 1.700, seguida de Medio Ambiente, a la que han llegado 1.650 solicitudes hasta la fecha.

El reglamento de Participación Popular que rige a la Convención señala que, en el caso de que el número de audiencias supere las capacidades de tiempo de escucha, “se seleccionará por medio de sorteo público ante un ministro de fe” y se “priorizará considerando los criterios de representación definidos por la comisión pertinente”.

Sin embargo, y como el número de solicitudes es tan alto, Gonzalo Delamaza, académico de la Universidad de Los Lagos y uno de los integrantes de la Secretaría de Participación Popular, postula que se podría considerar la opción de ampliar los modos en los que se hacen llegar los planteamientos, para que no sea necesario exponer ante los convencionales, o también, tal como dice el reglamento, dar prioridad a los “grupos históricamente excluidos”. “Normalmente, cuando abres un periodo de audiencias, los que primero llegan no son esos grupos, son los grupos que justamente tienen propuestas, organización, funcionarios”, señala Delamaza.

En este sentido, Julieta Suárez, politóloga y académica del Instituto de Ciencias Políticas UC, plantea que los grupos históricamente vulnerados tienden a no ser los primeros en sumarse a las audiencias, debido a que “tienen menos recursos, tanto simbólicos como materiales para poder organizarse y participar”. Por eso, la profesora señala que es “súper importante tratar de emparejar la cancha lo más posible, para que puedan tener un acceso lo más igualitario posible”.

No obstante, y en relación a estos grupos excluidos, la coordinadora del programa legislativo de Libertad y Desarrollo, Pilar Hazbun, considera que es relevante que los criterios que cada una de las comisiones definan para escoger a los expositores sean públicos y permitan recibir una pluralidad de visiones. “Me preocupa especialmente que estos criterios muchas veces tienen consideraciones de privilegiar a ciertos grupos (...). Se quieren aplicar tantos principios, como el de descentralización, enfoque de género, plurinacionalidad, enfoque de niñez. A mí eso me genera duda de que puedan caer en criterios tan subjetivos que terminen atentando contra la igualdad ante la ley”, señala.

Según el cronograma de la Convención, el lunes 8 de noviembre debió comenzar el plazo de recepción de iniciativas populares para la nueva Constitución. Sin embargo, y tras una sesión de la Comisión de Participación, se anunció que el periodo se inició esta semana, debido a que la plataforma digital en que las propuestas deben ser ingresadas por los ciudadanos aún no estaba lista.

Delamaza confirma que desde esa fecha la plataforma estará habilitada tanto para recibir las iniciativas como para validar las firmas necesarias para ingresar una propuesta. “Entiendo que eso sí está elaborado, que durante esta semana van a tener una versión, una prueba de cómo esto funciona. Por lo tanto, el 22 estaría funcionando”. Desde esa fecha, comenzarán a correr los 60 días que los ciudadanos tienen para reunir 15 mil firmas -provenientes de al menos cuatro regiones distintas- para ingresar una iniciativa y que esta sea analizada por las comisiones.

Sobre el retraso, Paula Medina, académica de la U. Central e investigadora del Observatorio Nueva Constitución, sostiene que no cree que sea algo inesperado dentro de un proceso de la envergadura de la redacción de una nueva Constitución. “Creo que es razonable y que todos tenemos que aportar con cierta cuota de tolerancia, de comprender que nadie está echado en su casa descansando, sino que todas las personas, directamente los convencionales y todos los equipos de apoyo, están trabajando a toda máquina para lograr esto”, señala.

Además de las firmas y su origen de cuatro regiones, para presentar una iniciativa también existe el requisito de que la Secretaría de Participación tiene que analizar la “pertinencia” de esta iniciativa a la discusión constituyente. En este sentido, a Hazbun le preocupa que “el reglamento no da mayores indicios de qué debe entenderse por pertinencia”. Por esto, la investigadora considera relevante “que la Secretaría Técnica de Participación Popular defina cuáles van a ser los criterios objetivos para determinar si su iniciativa es pertinente al debate constitucional”.

Debido a lo ajustado que es el cronograma, el convencional Mauricio Daza indicó hace dos semanas a Radio Biobío que debería reformarse el reglamento del organismo, con el fin de eliminar semanas territoriales de enero y febrero y que, durante las que queden vigentes, las comisiones temáticas puedan funcionar vía telemática y así ahorrar tiempo.

Sobre este cuestionamiento, Hazbun comenta que, desde un principio, ha tenido dudas con respecto a si estas semanas territoriales eran necesarias, en consideración del acotado plazo que tiene la Convención para la redacción del proyecto de nueva Constitución. “Dado que ya se aprobó la prórroga, creo que lo ideal es que se aproveche en el sentido de que se promuevan las actividades de la convención, que se informe a la ciudadanía y quizás para eso es más fácil que sea online”, agregó.

No obstante, tanto convencionales de distintos sectores como la mesa directiva de la Convención han manifestado su oposición a la idea de eliminar estas semanas, pues consideran que son de gran importancia para garantizar la participación. En este sentido, Medina explica: “El solo hecho de haber estado disponible para acoger esa participación, me parece que es un gesto por parte de la Convención. Es muy importante en este momento para la legitimidad de la Convención, por lo tanto, yo no acotaría las semanas territoriales en virtud de los tiempos”.

Suárez plantea otra alternativa: “La solución ideal sería que el Congreso diera más tiempo a la Convención para no tener que recortar por este lado. Con las condiciones actuales, de algún lado va a haber que recortar el tiempo”.

Luego de cada una de las nueve semanas territoriales que ocurrirán a lo largo del proceso constituyente, los convencionales, en un plazo máximo de 15 días, deben presentar ante la Secretaría de Participación un informe que dé cuenta de las actividades que realizaron y cómo estas contribuyen a la participación. Sin embargo, la semana pasada la convencional Manuela Royo manifestó ante el pleno que varios de los informes entregados tras la primera semana territorial no contienen explicaciones sobre el trabajo en terreno. “Si bien hay un contenido, tienen solamente métricas de Facebook, no tienen conclusiones y no hay ningún trabajo territorial”, señaló.

Sobre estos informes, Delamaza argumenta: “Es el momento de corregir, es la primera vez. Quizás incluso lo hicieron por falta de tiempo o desconocimiento. A lo mejor se necesita un formato o alguna solución práctica o algún mecanismo de control, para que después se pudiera saber quiénes no cumplieron”.

En esta misma línea, Suárez plantea que debería haber “un formulario más estandarizado”, o también que se podría capacitar en estos aspectos a los convencionales. “Tenemos un montón de gente que es novata en estos temas, que no tienen el entrenamiento y no tiene por qué tenerlo en cuestiones técnicas. Lo que es terrible es que la Segpres no haya dado el presupuesto para que estas personas tengan una asesoría técnica que les permita hacer estas formalidades”, agrega.