El derecho a una alimentación adecuada, la protección constitucional de los animales o la garantía estatal de la educación sexual integral son parte de las crecientes demandas ciudadanas y de las que hace algunos años poco se hablaba.

A medida que avanza el debate por la redacción de la nueva Constitución, son cada vez más los temas que, mediante sus grupos de interés, se han posicionado en la opinión pública. A pesar de que el surgimiento de nuevas demandas no es un fenómeno propio de la sociedad chilena y ya se han visto experiencias similares en el mundo, hay quienes creen que el surgimiento de estos también tiene fundamentos en los procesos históricos y políticos nacionales como, por ejemplo, la transición. Además, se evidencia el factor de la fragmentación social y una ciudadanía con niveles más altos de educación.

Ante estas nuevas demandas ciudadanas y los “nuevos derechos”, el sociólogo y académico de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, aseguró que esto se basa en “lo que en sociología se llama el aumento de los procesos de diferenciación y la tendencia a una mayor complejidad que va a ir experimentando la sociedad”.

Avendaño agregó que estas diferencias no solo se dan desde los ingresos o en términos socioeconómicos, sino que “también cada vez van más acentuadas aquellas diferencias de carácter cultural que van generando –desde luego– cada vez una sociedad más diversa y cada vez más compleja”.

De acuerdo al historiador Juan Luis Ossa, las nuevas demandas que se están visibilizando hoy son los llamados derechos de tercera generación, “como derechos medio ambientales, derechos de minoría, que en el siglo XIX no existían, porque no eran parte de la lista de demandas de los ciudadanos”, afirmó.

Al respecto agregó que “en ese sentido son demandas nuevas, originales, si tienen o no tienen que estar en la Constitución es otra pregunta, pero las demandas obedecen a un tiempo específico, que es el tiempo que estamos viviendo hoy.”

Frente al tema y la situación en Chile, la socióloga y doctora en ciencias sociales, Mónica Vargas, atribuyó dos hechos que explican el surgimiento de las nuevas demandas en Chile; el primero relacionado al incremento en la educación y el segundo, vinculado a las características de una sociedad postdictadura y que creció en la Transición.

“Nuestro país comenzó a concebir de manera distinta los límites, por lo que emergió la necesidad de aquellos grupos –que siempre estuvieron, lo que pasa es que estaban más callados– como los ciclistas, medioambientalistas o de diversidad sexual de poner los temas en discusión”, señaló Vargas.

Para la socióloga, parte de las demandas se basan, también, en el aumento en los niveles educacionales: “Las personas, en general, son mucho más educadas”. Además, destacó que actualmente tienen mayor acceso a la información y que “el internet y el bombardeo hacen que la gente tenga mucha más conciencia de las implicancias que tienen determinados temas, por lo tanto, tienen muchos más argumentos para defenderlos”.

Dentro de los nuevos debates, enfatizó en el individualismo presente en la sociedad chilena y aseguró que “cada uno intenta poner su punto de vista de la situación, ese es uno de los problemas que tenernos y no tiene que ver con la Constitución misma, sino que con cuestiones más bien culturales, sociales y la desconfianza”.

“Lo que está en la base de nuestro país es la fragmentación social, estamos tan divididos que cada uno está intentando poner su punto porque no encuentra un referente que le permita generar un colectivo donde esa idea sea recogida”, agregó.

Al igual que la socióloga, el analista político Max Colodro cree que el aumento de la cobertura educacional es el gran cambio cultural que explica este fenómeno. “Entre otras cosas, el año 90 teníamos 200 mil estudiantes universitarios y hoy tenemos más de un millón. Es decir, el cambio de expectativas y de demandas de la sociedad ha sido enorme”, dijo.

“A ello se agrega un contexto global donde la lucha por los derechos de las minorías y por agendas culturales ha adquirido mucha fuerza. Entonces, ambas tendencias se han potenciado, generando una verdadera explosión de demanda de nuevos derechos en la sociedad chilena. Y las redes sociales son el gran medio a través del cual esas demandas se articulan y difunden”, añadió.

Frente a las nuevos derechos, el abogado y director ejecutivo del Instituto de Estudios y la Sociedad, Claudio Alvarado, aclaró que estas no son demandas de la ciudadanía en general y que pertenecen a grupos o nichos que “no coinciden necesariamente con las prioridades o los anhelos de las grandes mayorías”. Además, se mostró crítico frente al uso cuidadoso del lenguaje y aseguró que se ha vuelto más frecuente que “cualquier aspiración, demanda, bandera se arropa o se envuelve bajo el lenguaje de los derechos”.

“Las personas que promueven estas agendas hoy día –a veces inconscientemente– asumen de que se trata de un derecho que debe ser reclamado en justicia, tal como si estuviéramos hablando de libertad de conciencia, libertad de expresión o libertad de educación (...) lo que a veces impide hacer la pregunta si estamos realmente en exigencia de justicia equivalente a esos derechos básicos”, agregó Alvarado.

Pero, ¿qué tan factible es la inclusión de estas consideraciones en la Carta Fundamental? Ante el debate de dichas demandas en el proceso constituyente, Alvarado aseguró que generaría una situación difícil e inconveniente: “Es difícil porque en la Convención, lo que hay que intentar poner, es lo que tenemos en común, lo que estamos de acuerdo, no agendas de nichos demasiado específicos”.

Dentro de los que se podrían entender como “nuevos derechos”, se encuentran temas como la inclusión de los animales en la Carta Magna para que estén protegidos constitucionalmente.

Más actual y contingente son las demandas de los ciclistas que –si bien han estado presente desde antes– pareciera que su llamado es cada vez es más urgente. Las exigencias que acompañan la consigna “No más ciclistas muertos” se resumen en el derecho al espacio público, la movilidad, la accesibilidad universal y el aumento de penas para siniestros viales.

La alimentación saludable también es uno de los temas presentes en el debate y que ya vio la luz en algunas constituciones internacionales. Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, actualmente 16 países de Latinoamérica y el Caribe reconocen explícitamente el derecho a la alimentación, entre ellos, Colombia, Bolivia y Brasil.

Por otro lado, el sector LGBTIQ+ planea promover la instauración de sus propios derechos. Si bien existe la ley de identidad de género, en la Constitución no se menciona a las personas trans explícitamente, solo se asegura la igualdad de todas las personas ante la ley. De esta manera, se busca llevar los avances legislativos hasta ahora logrados a una normativa constitucional similar a la de países como Uruguay, que ya cuentan con una ley integral trans.