Destino final: Las últimas horas de los políticos en Penta y SQM

Todo comenzó y probablemente terminará en la misma persona: Patricio Contesse González, el ex gerente general de SQM entre 1990 y 2015. El ingeniero forestal fue formalizado el 30 de abril de 2015 por delitos tributarios asociados a pagos irregulares a políticos y desde esa fecha está sujeto a medidas cautelares: estuvo un año con arresto domiciliario total, el que luego fue reemplazado por reclusión domiciliaria nocturna. La Fiscalía pretende cerrar su causa y, junto a ello, terminar la serie de investigaciones que se iniciaron hace tres años contra políticos de todos los sectores por el financiamiento irregular de campañas. Las causas abiertas en el caso SQM sumaron casi a 180 imputados; un tercio de ellos terminó en suspensiones condicionales de procedimiento y ocho condenas; otro tercio será sobreseído por prescripción y sólo resta definir el destino de un último grupo. Entre ellos, varios políticos cuyos casos terminarán también en suspensiones, en archivo (quienes fueron indagados, pero no acusados) o en decisiones de no perserverar (es el caso de muchos formalizados).

El cierre de varias de esas causas pasa por lo que diga o no diga Patricio Contesse. Y Contesse por fin habría comenzado a hablar, tras años de guardar silencio. Tres fuentes consultadas dijeron que el ex gerente general de SQM ya declaró en la causa que dirige el fiscal Pablo Gómez. Lo habría hecho en la mañana del 26 de enero, en dependencias de la Fiscalía en calle Agustinas, horas antes de zanjar en un tribunal la suspensión condicional de procedimiento contra SQM. Ese día, el juez Luis Avilés aprobó el acuerdo entre el fiscal Gómez y la Fiscalía, a cambio de un pago de $ 2.550 millones en multas y aportes a fundaciones de beneficencia. Abogados ligados al caso creen que Gómez tomó declaración a Contesse antes de esa audiencia para agotar las diligencias asociadas a la investigación por cohecho contra SQM. El abogado de Contesse, Samuel Donoso, se acogió a secreto profesional para no desmentir ni confirmar esa gestión. El fiscal Gómez indicó que no habla de causas vigentes.

Según varias personas ligadas a la causa, Donoso ha estado en conversaciones con Pablo Gómez para evitar un juicio oral y conseguir para Contesse un procedimiento abreviado abierto. Para ello, el gerente debe antes declarar y reconocer ciertos ilícitos. Contesse estaría dispuesto a admitir delitos tributarios asociados al pago de "boletas ideológicamente falsas", no así las acusaciones de cohecho en las que cuales se ha involucrado al ex senador UDI Pablo Longueira. Esto último sería discutido por el fiscal y la defensa ante los jueces.

La declaración del ex ejecutivo es un paso ineludible para que su abogado esgrima la atenuante de colaboración sustancial que, sumado a su irreprochable conducta anterior, le permitan tener una condena con beneficios fuera de la cárcel. Para esto último cuenta, además, con otro argumento a su favor: parte importante de la pena que arriesga está cumplida, por los casi tres años que suma con medidas cautelares.

Como parte de todo este proceso, y cerrar la arista de la responsabilidad penal de la persona jurídica, el fiscal Gómez realizó en diciembre otra gestión relevante: interrogar nuevamente a tres ejecutivos claves de SQM que habían declarado hasta ahora como imputados, el gerente general, Patricio de Solminihac; el vicepresidente de Servicios Compartidos, Ricardo Ramos y el abogado de la Fiscalía de la minera, Enrique Olivares. Todos ellos fueron informados por Gómez que al tenor de las diligencias de la investigación, en lo sucesivo tendrían la calidad de testigos. Los tres apuntaron reiteradamente a la responsabilidad de Contesse en los pagos cuestionados que se gestionaron desde la gerencia general, así como a su conocimiento sobre las políticas tributarias de la empresa. "Era el propio gerente general quien determinaba qué gastos se imputaban a ese centro de costos", respondió De Solminihac. En esos interrogatorios a los gerentes de SQM, el fiscal consultó por varios políticos cuyo destino deberá resolver antes del cierre de la investigación y se concentró en tres de ellos y sus círculos: Pablo Longueira; el ex candidato presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami y el diputado DC Roberto León. Sobre todos ellos también deberá declarar Patricio Contesse.

MEO, Longueira y León

La arista principal del caso SQM ya tiene fecha de término. El 28 de marzo se vence el último plazo que dieron los tribunales -en noviembre pasado- a esta investigación, la que ya excede con creces el tiempo máximo de dos años que estipuló la Reforma Procesal Penal para que una persona sea investigada. Por ello es probable es que el tribunal no otorgue más prórrogas y, al menos, las aristas principales de la causa deberán cerrarse el próximo mes.

Uno de ellos debe ser el caso de Marco Enríquez-Ominami. Para definir su futuro, Gómez espera que Contesse declare sobre los aportes que SQM hizo a Cristián Warner, brazo derecho del ex abanderado, formalizado por delitos tributarios por emitir facturas para más de $ 391 millones. Abogados ligados a la causa creen que el ex gerente general de SQM podría reconocer que los numerosos encuentros que sostuvo con ME-O eran para pactar aportes políticos a través de Warner. Con estos antecedentes, el Ministerio Público contaría con información nueva sobre el ex abanderado que podría remitir al Servicio de Impuestos Internos (SII).

El ex candidato lleva un año y tres meses formalizado, pero sin querella nominativa para seguir adelante con este cargo en su contra como facilitador de boletas ideológicamente falsas. En caso que la acción criminal del ente fiscalizador no prospere, el fiscal Gómez estaría obligado a no perseverar contra MEO.

El caso de Pablo Longueira es más complejo. Fuentes ligadas al caso sostienen que Contesse ha rechazado en privado, de manera categórica, haber sobornado al ex ministro para lograr modificaciones a la Ley de Royalty. Y eso no va a cambiar.

De esta manera, la imputación de soborno al ex ejecutivo quedará abierta a las pruebas que presente la Fiscalía y lo que la justicia decida al respecto. Desde el propio Ministerio Público admiten la dificultad de poder acreditar este tipo penal, por lo que el escenario judicial más probable en este caso sería la absolución del cohecho. En ese caso, la Fiscalía decidiría no perseverar contra Longueira, quien tiene calidad de formalizado en el caso. Al impulsar la suspensión condicional de enero contra SQM, Gómez admitía que esta no era una carrera ganada. "Nosotros tenemos la convicción de poder sostener el cohecho, pero es un juicio, y serán tres personas, tres jueces de la República los llamados a resolverlo", dijo a La Tercera.

Pero aunque logre desestimar las acusaciones de cohecho en su contra, Longueira tiene pendiente cargos por facilitación de boletas ideológicamente falsas. La Fiscalía ha realizado reiterados envíos de documentos al Servicio de Impuestos Internos (SII), pero el organismo no se ha querellado contra el ex senador, pese a que éste lleva más de un año y 7 meses imputado como facilitador de boletas emitadas a SQM por su asesora histórica, Carmen Luz "Titi" Valdivielso, y los colaboradores y miembros de las fundaciones Chile Justo y Fundación Web.

Fuentes del Ministerio Público adelantaron que para Valdivielso se evalúa ofrecer un procedimiento abreviado. Y en el caso del ex diputado UDI Cristián Leay -representante del Centro de Estudios Nueva Minería y de la Fundación Chile Justo- pese a que está formalizado, no existe querella nominativa del SII por lo que no se perseveraría a su respecto. En diciembre, el fiscal Gómez perguntó a los tres gerentes de SQM si conocían y si habían visto en la empresa a Valdivielso y Leay.

El otro caso de cohecho que analiza la Fiscalía es el del diputado DC Roberto León, cuyo hijo recibió, durante años, pagos que SQM más tarde rectificó ante el SII. Hasta hace algunos meses, el Ministerio Público se había adoptado la decisión de acusarlo por ese delito -León intervino sin ser miembro en la comisión investigadora del caso Cascadas y envió oficios a la SVS por la misma causa-, pero para acreditarlo tendrá detrás el mismo precedente que en el caso de Longueira: la decisión de no acusar por cohecho a la empresa minera en enero pasado.

Dos senadores

El 11 de marzo el senador Fulvio Rossi (ex PS), quien perdió su reelección en noviembre, perderá su fuero parlamentario. Nueve días antes, el 2 de marzo, están fijados los alegatos de desafuero en la Corte Suprema. Algunos abogados creen que Pablo Gómez optará por suspender esos alegatos y esperar a que Rossi deje su escaño para formalizarlo como facilitador de boletas falsas. La suspensión de esa discusión frente a la Corte Suprema ahorraría a Gómez reeditar en ese mismo tribunal la discusión que se abrió por el caso de Iván Moreira. La Suprema acogió el desafuero del senador UDI por un estrecho nueve votos a favor y ocho en contra. Y para nadie fue irrelevante que ocho ministros argumentaran su voto en que Moreira pretendía obtener aportes de campaña y no buscaba rebajar impuestos a Penta con la emisión de boletas o facturas por servicios no prestados. En el caso de Fulvio Rossi, la Fiscalía apuesta a ofrecer un juicio abreviado para aplicar al senador ex PS una condena en libertad.

Una suerte distinta correría el senador Jorge Pizarro (DC). A diferencia de Rossi, el parlamentario cuya militancia mantiene congelada a la espera de su desenlace en la causa de financiamiento irregular de campañas, ha adoptado una actitud de colaboración ante la justicia. Por ejemplo, destacan en la Fiscalía que se presentó a su formalización sin obligar al Ministerio Público a pedir su desafuero. Además, el SII se querelló contra Pizarro por un delito distinto -presentación de declaración de impuestos falsa o incompleta-, por lo que se expone a una pena de tan solo 21 días de presidido remitido. Pizarro seguiría el mismo camino de Moreira: una suspensión condicional. Es decir, no tendría condena.

En otras derivaciones del caso SQM, los casos de personeros que declararon como imputados, pero nunca fueron formalizados, serán archivados. Será los casos del ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y el empresario Jorge Rosenbluth. En ambas causas nunca hubo un pronunciamiento del SII en su contra y en la Fiscalía han sostenido que el cortafuego para perseguir eventuales responsabilidades respecto de prácticas de financiamiento irregular fue la condena contra el geógrafo Giorgio Martelli por las facturas de Asesoría y Negocios SpA que la minera no metálica corrigió y que habrían permitido financiar parte del equipo de precampaña de la Presidenta Michella Bachelet. Rosenblut declaró haberse reunido con Patricio Contesse para obtener recursos para la empresa de Martelli, autodenominado operador político de la Nueva Mayoría, mientras que Peñailillo emitió boletas por supuestos informes realizados para esa sociedad. También prestó servicios para Asesorías y Negocios el ex director de SII, Michel Jorratt.

Además de Martelli, en la arista SQM han recidido condenas, en juicios abreviados, el ex PPD Patricio Rodrigo; el ex PRI Humerto de la Maza; la ex DC Clara Bensán y el RN Claudio Eguiluz.

El caso Penta

Los destinos judiciales de los políticos en el caso Penta serán similares a los de SQM. Hasta ahora, el ex senador UDI Jovino Novoa es el único condenado por delitos tributarios derivados de financiamiento irregular y lo más probable, dicen en la Fiscalía, es que se mantendrá así.

Durante marzo el Comité Penal del CDE -querellante del caso- abordará la posibilidad de un procedimiento "abreviado abierto" para los controladores de la compañía, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

En el Ministerio Público sostienen que la piedra de tope para arribar a un acuerdo en esta causa - que abrió hace más de tres años la puerta a las investigaciones por financiamiento irregular de las campañas- ha sido la imputación de cohecho que la Fiscalía Oriente hace sobre los pagos que siguió recibiendo el entonces subsecretario de minería, Pablo Wagner, de parte de Banmédica, del holding Penta.

La idea, dicen conocedores de esta negociación, es que en ese abreviado abierto Délano y Lavín reconozcan delitos tributarios (por los que Penta ya ha pagado $4.900 millones al Fisco) y que se discuta frente al juez de garantía el ilícito de cohecho. La defensa de los socios de Penta cree que en un juicio conseguiría la absolución.

Pero serán los políticos acusados como facilitadores de boletas falsas quienes se desprenderán primero de las acusaciones de Fiscalía. Ello sería congruente con la decisión que, tras el desafuero de Moreira, adoptó el fiscal del caso Penta, Manuel Guerra, de ofrecer una suspención condicional a cambio de un pago de $ 35 millones. Si Guerra lo hizo en ese caso, dicen abogados ligados a la causa, no podría sostener algo distinto en casos similares.

En Penta, en esta situación estarían el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett y el ex ministro y candidato presidencial Laurence Golborne, quienes se someterían a una suspensión condicional del procedimiento.

Con esto, se concretaría el "efecto dominó" en estas causas que advirtieron los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena al momento de renunciar el 19 de enero. Mañana Gajardo retomará sus funciones, luego de tres semanas de vacaciones y, junto a Norambuena, comenzará a hacer el traspaso de causas a sus sucesores para irse definitivamente del Ministerio Público el 31 de marzo.

El camino de una suspensión condicional también se abriría para Santiago Valdés, el ex administrador electoral de Sebastián Piñera en 2009, quien fue formalizado por delitos tributarios en la causa por Penta.

Otros casos de políticos que serían archivados -estuvieron imputados, pero no formalizados- son los de la senadora UDI Ena Von Baer y del ex candidato a senador Andrés Velasco. En el caso del ministro DC Alberto Undurraga, éste fue vinculado a la causa, pero la Fiscalía nunca lo citó a declarar.

Según fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía Oriente separó a Von Baer y Velasco en otro RUC que será archivado por si alguna vez el SII acciona en contra de esos hechos indagados.

Las defensas de los acusados en los dos grandes casos de financiamiento de la política, Penta y SQM, ya ven la luz al final del túnel. Y después de tres años de investigaciones, se preparan para pedir sobreseimientos definitivos para sus representados apenas se establezca el cierre de los casos.

[caption id="attachment_64100" align="aligncenter" width="1218"]

[/caption]