El día en que el gobierno de Bachelet negó información de Inteligencia para aclarar el crimen de guardia en Valparaíso

Esta semana, la Fiscalía Regional de Valparaíso obtuvo una condena por incendio con resultado de muerte en contra de seis manifestantes que fueron acusados de provocar la muerte del guardia Eduardo Salas, ocurrida durante una marcha del 21 de mayo de 2015. Ese día, la víctima trabajaba custodiando un edificio municipal cuando -según la acusación de la fiscalía- los imputados procedieron a incendiar con bombas molotov una farmacia en calle Pedro Montt. El siniestro se propagó al recinto colindante, que era cuidado por Lara, quien falleció por asfixia.

Al inicio de la investigación penal fue complejo para la fiscalía dar con la identidad de los responsables, pues al momento del ataque incendiario estaban encapuchados.

Sin embargo, se abrió una posibilidad cuando pasados unos meses se supo que la PDI contaba con antecedentes recopilados bajo la Ley de Inteligencia sobre los involucrados en el crimen. Fue entonces que

el fiscal Cristián Andrade solicitó la entrega de esa información, pero el jefe de Inteligencia de la policía civil de esa época, Manuel Leiva, negó los antecedentes. El Ministerio Público escaló la pugna al ministro del Interior, Mario Fernández, quien ratificó la decisión de la PDI.

La controversia solo se zanjó cuando el fiscal regional, Pablo Gómez, solicitó la intervención de la Corte de Valparaíso, que ordenó a la policía liberar los antecedentes, lo que permitió la formalización y posterior condena. El 7 de julio se leerá la sentencia.