Fiscalía envía antecedentes del viaje del ministro Larraín al CDE

En manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya están los antecedentes preliminares de la causa penal que la Fiscalía Centro Norte lleva adelante en contra del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, luego que la justicia declarara admisible una querella en su contra por el polémico viaje que hizo -con gasto fiscal- a la Universidad de Harvard.

La situación pone en un complejo escenario a la autoridad, pues el Ministerio Público está obligado a informar al organismo que defiende los intereses del Estado cuando está frente "a antecedentes relacionados con delitos que pudieren dar lugar a su intervención", según lo obliga la ley.

En general, los fiscales esperan las primeras diligencias para determinar si se configura un delito que implique la eventual querella del organismo, en el caso que esté involucrado dinero y/o un funcionario público. En este caso, los antecedentes -dicen fuentes del CDE- fueron enviados de inmediato el miércoles 16 por el fiscal regional Xavier Armendáriz, a poco andar de la indagatoria por eventual malversación de caudales públicos.

Aún no se ha designado un abogado para que analice los antecedentes que serán llevados al Comité Penal del CDE, quien, a su vez, puede elevarlos al pleno del organismo, por tratarse de un secretario de Estado.

Larraín aún no ha sido citado a declarar, pero en el momento en que la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong decida interrogarlo, deberá hacerlo en calidad de imputado.

Los diputados socialistas Leonardo Soto y Manuel Monsalve denunciaron ante la Contraloría "graves faltas a la probidad" tras revelar que Larraín realizó un viaje particular durante el mes de abril al "Alumni Day" de la Universidad de Harvard, usando para ello fondos públicos.

Mismos antecedentes usó el abogado Luis Mariano Rendón en la querella que presentó ante el 7° Juzgado de Garantía y que dio origen a la causa penal que hoy indaga el Ministerio Público.

De la gama de malversación de caudales públicos, dicen fuentes consultadas, la conducta de Larraín podría caer en el tipo penal que describe el artículo 235 del Código Penal y que castiga al "empleado público que aplica a usos propios ajenos los caudales o efectos a su cargo". Sin embargo, el Ministerio Público se encuentra en la etapa de recopilación de antecedentes de los pagos, reembolsos y permisos solicitados por el polémico viaje.

En paralelo, personal de Contraloría trabaja en establecer si existen faltas administrativas en que los costos del viaje ($ 4.175.334) y viáticos ($ 991.860), hayan sido con cargo a arcas fiscales, pues la invitación al secretario de Estado llegó hace nueve meses, es decir, mucho antes de que fuera nombrado ministro.