La batalla final de las empresas

El tercer piso del Palacio de Tribunales, en la esquina donde se ubica la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, será el escenario de la que, dicen, es la batalla final de las empresas que alguna vez aparecieron mencionadas en las investigaciones por financiamiento irregular de campañas políticas.

El origen de la contienda está en la arremetida que desde hace algunas semanas viene realizando silenciosamente el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, a quien la fiscalía solicitó nueve años y tres meses de pena: siete por delitos tributarios y dos años y tres meses por soborno.

Mediante un recurso de reclamación, el otrora ejecutivo pidió al tribunal de alzada acceso a las actas de denuncia, recopilación de antecedentes y fallos de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), en los que se extinguió la responsabilidad de al menos 11 empresas que habían sido vinculadas a los casos de "platas políticas", pero cuyo destino se selló en abril de 2017.

En esa época, el actual director del Servicios de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, decidió que su organismo no presentaría querellas contra estas empresas y optó por multar a las compañías, lo que impidió que el Ministerio Público avanzara en las investigaciones penales.

Contesse -quien enfrentará en los próximos meses la preparación de un juicio oral y busca los antecedentes para su defensa-, primero requirió dicha información al SII, pero le fue negada bajo el argumento de que la documentación tiene calidad de secreta. Entonces, el exejecutivo de la minera no metálica fue al Consejo para la Transparencia que rechazó el amparo y -ahora- la discusión se trasladó a los tribunales de justicia.

Acceder a esta información es vital para la estrategia de defensa del abogado Samuel Donoso con miras a la preparación del juicio oral del caso SQM, que parte el 2 de septiembre y en que su cliente arriesga una pena efectiva de siete años de cárcel. Apenas la causa ingresó a la Corte de Apelaciones bajo la carátula "Contesse contra Consejo para la Transparencia", una a una las empresas aludidas fueron haciéndose parte para participar de los alegatos e impedir que el exejecutivo obtenga detalles sobre las multas de estos juicios tributarios.

En estricto rigor, lo que Contesse busca es llevar a juicio oral el detalle de la vía pecuniaria que siguió el SII con compañías que estaban en una situación similar a la de Penta y SQM, empresas contra las cuales el organismo se terminó querellando.

De ganar esta batalla judicial, el exgerente general de la minera no metálica tendrá en sus manos las multas y rectificaciones de servicios a políticos que hicieron firmas como Forestal Arauco, Copec, Abastible, Siemel, Bci, Itaú Corpbanca, Ripley Corp, Watts, Cencosud, entre otras.

Dicha documentación le serviría al abogado Donoso para demostrar ante el Tercer Tribunal Oral de Santiago que para el SII en la mayoría de los casos los aportes económicos a campañas políticas, a cambio de boletas y/o facturas que les permitieron a las firmas rebajar la base imponible, no fueron delito y que, además, el SII actuó de forma discriminatoria con el exejecutivo de SQM.

Consultado por Reportajes, Donoso sostuvo que "estos antecedentes buscan probar básicamente tres cosas: la primera, que el criterio del SII antes de este caso que afectó a mi cliente y después de estas querellas contra SQM, siempre fue que estos hechos no eran delito y estos antecedentes prueban que a todas las demás empresas a las que se les acreditó exactamente lo mismo, es decir, haber recibido boletas y facturas para financiar la política, el SII no se querelló y aplicó una sanción administrativa".

A eso, dice el profesional, se agrega que "en segundo lugar, buscamos acreditar que esta forma de financiar la política era usual en Chile en estos años y, por último, probar, cómo en el caso de mi defendido ha existido una arbitrariedad y discriminación brutal: de más de 45 empresas que se encontraban en las mismas circunstancias, solo a ellos se les persiguió y se les persigue".

Tanto el SII como el Consejo para la Transparencia argumentaron que la información de los Tribunales Tributarios y Aduaneros es reservada, puesto que "dan cuenta de datos patrimoniales de los contribuyentes por lo que se configura el secreto tributario".

Sin embargo, Contesse -a través de su defensa- ha planteado que la información contable está en los anexos de la información requerida, por cuanto los juicios tributarios solo dan cuenta de las rectificaciones realizadas por las empresas, únicos ítems a los que ellos quieren acceder para demostrar lo ya planteado.

La causa se verá, según la tabla oficial de la Corte de Apelaciones de Santiago, este martes 7. Pese a que el recurso es de Contesse contra el Consejo para la Transparencia, está registrado que en representación de las empresas alegará el abogado Sebastián Valdivieso Lecaros, quien -según la tramitación- se ha anotado con 10 minutos por cada una de las firmas que le han solicitado que participe y se pliegue a la decisión de los Tribunales Tributarios y Aduaneros y el Consejo para la Transparencia en cuanto a que dichos documentos no sean develados y mantengan su calidad de secretos.

Los casos emblemáticos de Penta y SQM ya han cerrado sus etapas investigativas. Mientras en el primero los principales acusados fueron llevados a un procedimiento abreviado, en el segundo se dará inicio a la preparación de juicio oral el 2 de septiembre. Solo en ese momento se podrá saber si Contesse contará con la poderosa arma en que se ha convertido la información que está en los Tribunales Tributarios y que el SII aún mantiene guardada bajo llave. R