La encrucijada del general

La orden que recibió el general Ricardo Martínez fue concisa, perentoria. En uno de los salones del Hotel Militar Granaderos, frente a la playa Cavancha, en Iquique, el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Defensa, Alberto Espina, encararon al comandante en jefe del Ejército el martes 23, entre las 23 y las 24 horas.

La instrucción que le dio el gobierno al uniformado no le dejaba margen de acción. A más tardar esta semana, le señalaron al jefe castrense, deberá entregar al ministro de Defensa el cuadro completo de los generales y coroneles que pasarán a retiro y los nombres de los oficiales que propondrá para ascender al Alto Mando.

Será un remezón fuerte, aseguran en el Ejecutivo, anticipándose a lo que se espera sea una de las renovaciones más significativas al interior de la cúpula del Ejército desde la salida del general Augusto Pinochet de la Comandancia en jefe.

Cualquiera que aparezca involucrado en hechos irregulares, le indicó el Jefe de Estado al general Martínez, no puede seguir en el mando. A lo que el ministro de Defensa añadió: la responsabilidad de producir la salida de todos los generales y altos oficiales que se han visto involucrados en malas prácticas será única y exclusivamente del comandante en jefe.

Por ahora, La Moneda no tiene forma de saber los nombres de los uniformados que están implicados en las 21 aristas diferentes de fraude al Fisco que investigan la ministra de la Corte Marcial Romy Rutherford y algunos fiscales del Ministerio Público. Hasta ahora, afirman fuentes del Ejecutivo, Defensa solo tiene indicios de la magnitud de estas irregularidades.

Y es enorme.

Solo en la arista "agencias de turismo", por fraude al Fisco en el uso irregular de pasajes aéreos que tiene en sus manos la ministra Rutherford, hay a lo menos 12 generales en servicio activo involucrados -de los 34 que integran el Alto Mando-, y a lo menos 50 coroneles incurrieron en las mismas prácticas por las que fue detenido y procesado el 16 de octubre el general John Griffiths, hasta ese día, jefe del Estado Mayor del Ejército y segundo en la línea de mando tras el comandante en jefe.

Griffiths, un general de tres estrellas y con altas calificaciones, debió presentar su renuncia inmediata. Otros dos coroneles, Sergio Vázquez y Rodolfo Hidalgo Fariña, y el ex jefe de la Sección Pasajes y Fletes, coronel (R) Fredis Jara, también están procesados por la ministra Rutherford en el caso de viajes irregulares cometidos entre 2009 y 2014.

Pero ellos son solo el comienzo.

El lunes 5, el ministro Alberto Espina concurrió al Palacio de Tribunales para hablar con la jueza Rutherford. No escondió su preocupación por el alcance de los escándalos de corrupción que afectan al Ejército y que tienen entrampada la conformación del Alto Mando institucional.

A la jueza, Espina le ofreció toda la colaboración del gobierno para el avance de sus investigaciones. Incluso, aseguran fuentes de Defensa, el titular de la cartera le propuso a la magistrada la posibilidad de que enviara a su despacho un registro de todos los oficios y requerimientos de información que hiciera al Ejército, para garantizar que estos fueran respondidos de manera oportuna y eficaz por la institución castrense. Las mismas fuentes afirman que, desde entonces, la jueza ha estado usando ese canal para asegurarse la pronta respuesta del Ejército.

Abogado de profesión, Espina sabía que no podía pedir a la jueza que le anticipara los nombres de los oficiales que están en la mira del tribunal. Eso hubiera facilitado la tarea de Defensa para depurar la lista que debe proponer el comandante en jefe para los pases a retiro y los ascensos al Alto Mando. Pero es ilegal.

La renovación que se viene será una de las más significativas al interior de la cúpula del Ejército desde la salida de Pinochet de la Comandancia en Jefe.

Lo único que podía llevarse era una estimación del número de uniformados implicados. Por eso, el gobierno ha insistido tanto en que el general Martínez se haga responsable de llevar adelante una investigación a fondo dentro del Ejército y entregue "una lista limpia" de nombres para integrar el Alto Mando.

Esa es la mejor forma de proteger al Ejército, le dijeron el Presidente Piñera y el ministro Espina al comandante en jefe durante el encuentro que sostuvieron a solas en el hotel militar de Iquique.

Martínez manifestó su anuencia. Sabe que no le queda tiempo. El 9 de noviembre está convocada en Santiago la junta de generales de Ejército y para entonces el comandante en jefe debe tener todos lo cambios totalmente claros. Además, Martínez debe dar tiempo al ministro de Defensa para hacer el contrachequeo de los nombres propuestos para el Alto Mando. Por lo mismo, la nómina para su conformación no puede pasar de esta semana.

Para el general Martínez el tema es doblemente complejo. El gobierno presiona por un cambio significativo en el Alto Mando, en medio de todos los escándalos de corrupción.

En marzo pasado, Carabineros pasó por un proceso similar. Quince generales pasaron a retiro y 33 miembros del Alto Mando policial fueron renovados tras la llegada de Hermes Soto a la dirección general de la policía uniformada, en una depuración institucional tras los escándalos de la Operación Huracán y el mayor fraude al Fisco en la historia de Chile, por más de 27 mil millones de pesos.

El problema para Martínez, sostienen fuentes castrenses, es que la limpieza del Ejército de todos aquellos que estén implicados en malas prácticas, como le ha solicitado el gobierno, pasaría inevitablemente esta vez por sacar a buena parte de los mejores oficiales.

Entre los 12 a 15 generales en servicio activo y 50 coroneles implicados en la arista "pasajes" están precisamente los oficiales que más se han destacado y quienes tienen mejores currículum, afirman fuentes castrenses. Son estos uniformados quienes recibían las destinaciones en el extranjero, ya fuera para el mando de tropas, estudios o de representación institucional.

Muchos de ellos hicieron exactamente lo mismo que el exgeneral Griffiths. Modificaron a proposición de las agencias de viaje contratadas por el Ejército los itinerarios y rutas que habían sido cotizados por el Ejército por otros de menor valor, quedándose con la diferencia en dinero o recibiendo otros pasajes a destinos turísticos.

Para el abogado del coronel Sergio Vásquez, Luis Valentín Ferrada, se trataba de una práctica habitual y extendida. En la audiencia de formalización de su cliente, señaló que entre 2009 y 2015 (periodo que indaga la ministra Rutherford) fueron 1.503 los militares que salieron en comisión de servicio al extranjero: 348 generales y 892 coroneles.

La ministra Rutherford allanó las oficinas de las cinco agencias de turismo que trabajan con el Ejército e incautó todos los documentos, incluidas las copias de los pasajes que finalmente se emitieron para cada viaje, lo que están constrastando con los decretos de destinación y los voucher que entregaba el departamento de pasajes y fletes del Ejército para el traslado de los uniformados.

Según una investigación interna realizada por el Ejército al Departamento de Pasajes y Fletes, cuyo informe final llegó a manos del comandante en jefe, Ricardo Martínez, el 1 de octubre, había una seria falta de control en el uso de este derecho. Incluso, había contradicciones entre el reglamento que regula este beneficio para los militares que eran enviados al extranjero y las cartillas operativas internas que se seguían para proceder a la entrega de los pasajes.

Sin embargo, señala esa investigación especial, lo que hoy es considerado un delito por la ministra de la Corte Marcial, era una práctica de uso común en la institución. "Sí procede reglamentariamente que el personal canjee su orden fiscal ante la agencia de viaje respectiva, determinando distintas rutas o itinerarios para llegar a su destino en comisión y eventualmente obtenga saldos a favor en dinero, que no son otra cosa que dineros de propiedad del comisionado", plantea el informe.

Cualquiera que aparezca involucrado en hechos irregulares, le indicó Piñera al general Martínez, no puede seguir en el mando.

El comandante en jefe no se quedó conforme con esa investigación: encargó al abogado Jean Pierre Matus un informe en derecho respecto de los resultados de esa auditoría y de las medidas que se recomendaban realizar.

El pago de pasajes para el personal destinado al extranjero "no es un derecho personal que ingresa al patrimonio personal para su libre disposición, no sujeto a rendición, como erradamente da a entender el informe analizado", sostiene el abogado Matus.

Por lo mismo, recomienda al comandante en jefe actualizar la cartilla operativa que regula el sistema de pasajes para el personal, para que estos queden sometidos a rendición de cuentas y mecanismos de control que incluya la obligación a los uniformados de entregar copia de las tarjetas de embarque que fueron utilizadas para corroborar que se ajusten a los destinos preestablecidos y a las tarifas más económicas para la ruta más corta.

En Defensa afirman que el general Martínez no solo se comprometió a entregar una "lista limpia" de oficiales que puedan integrar el Alto Mando. También deberá hacer las adecuaciones reglamentarias para que exista un mayor control de los recursos fiscales.

Los cambios, sin embargo, deberá hacerlos en un momento particularmente difícil. Martínez enfrenta una arremetida de exoficiales involucrados en delitos de derechos humanos y que están presos en Punta Peuco y Colina 1. Además, él mismo, en su calidad de comandante en jefe, debió declarar como testigo el jueves 25 ante el fiscal de Aysén, Carlos Palma, por el fraude cometido por el uso de recursos fiscales para pagar dineros adeudados por el Fondo de Ayuda Mutua (FAM) que funcionaba en los regimientos de Aysén.

El lunes 5, Espina se reunió con la ministra Rutherford. No escondió su preocupación por el alcance de los escándalos de corrupción que afectan al Ejército y que tienen entrampada la conformación del Alto Mando institucional.

El jefe militar no es el único que se ha visto afectado en los últimos días. El ministro de Defensa, Alberto Espina, también ha visto mermado su nivel de aprobación. Según el último sondeo de Cadem, la aprobación de Espina cayó esta semana del 71% al 60%. Fue la baja más significativa entre los miembros del gabinete, la que se vio arrastrada por la caída, en igual periodo, en la aprobación que hacen los ciudadanos sobre la forma en que se ha desempeñado el Ejército (pasó de 63% a 58%).

Cercanos al exsenador de RN reconocen que la gestión en Defensa ha sido más compleja y difícil de lo que esperaba. Espina pretendía asumir en Justicia, cartera más cercana al trabajo que había desempeñado por varios años como senador desde la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por lo mismo, cuando lo designaron en Defensa, el exparlamentario imaginó que llegaba a un ministerio más tranquilo de lo que ha sido hasta ahora.