La inquietud que viene de Venezuela

El reloj marcaba las 18.30 horas del jueves 31 de mayo cuando el exembajador de Chile en Venezuela Pedro Felipe Ramírez llegó hasta la Cancillería. Ese día se cumplían exactamente dos meses desde su regreso al país y, tras varios intentos fallidos, el exdiplomático pudo reunirse por primera vez con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero.

Entusiasmado por el encuentro, el exembajador de Michelle Bachelet y exministro de Salvador Allende llegó hasta Teatinos 180 con una serie de documentos en sus manos, dispuesto a transmitirle al canciller la información que había recabado tras una estadía de cuatro años en Venezuela, donde pasó de ser un reconocido admirador de la administración chavista a un declarado opositor del régimen de Nicolás Maduro.

No era la primera vez que Ramírez tomaba contacto con personeros del gobierno de Sebastián Piñera. El hoy Jefe de Estado llevaba poco tiempo de haber sido electo, a inicios de 2018, cuando se comunicó telefónicamente con Ramírez para pedirle antecedentes sobre la situación de Venezuela.

El jueves 31 de mayo, en su cita con el canciller, Ramírez -quien en abril en una entrevista con Reportajes admitió su decepción con el gobierno de Maduro, al que calificó de "dictadura"- no solo puso sobre la mesa de Ampuero informes que daban cuenta de la crítica situación humanitaria que vive el país sudamericano. Más alarmante aún, el exembajador compartió con Ampuero antecedentes extraoficiales que -según dijo- provenían del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela: cerca de 450.000 venezolanos ya habían requerido sus antecedentes para poder emigrar a Chile.

La cifra corresponde a más de un tercio de los cerca de 1,6 millones de venezolanos que habían solicitado sus antecedentes penales a sus autoridades para iniciar un proceso migratorio durante los primeros cuatro meses de 2018.

La situación humanitaria en Venezuela había llevado al exembajador Ramírez a realizar diversas gestiones para alertar del riesgo de una masiva ola migratoria.

Solo dos días antes de su cita con Ampuero, Ramírez había querido exponer estos hechos ante el Congreso. Se presentó en la Cámara de Diputados durante la sesión especial convocada especialmente para analizar las elecciones presidenciales de Venezuela. Pero no lo dejaron entrar a hablar ante el hemiciclo. No hubo unanimidad entre los parlamentarios para que el exdiplomático interviniera.

En conversación con Reportajes, Ramírez reafirmó sus antecedentes y aseguró: "Extraoficialmente, funcionarios del gobierno de Venezuela me informaron que cerca de 450 mil venezolanos están solicitando antecedentes para poder trasladarse a Chile".

Las cifras son similares a las que denunció el analista Ascanio Cavallo el domingo 27 de mayo pasado, en una columna de Reportajes titulada "El polvorín venezolano". En esta dijo que, tras la bullada elección presidencial del 20 de mayo en Venezuela, las peticiones para viajar a Chile llegaron a 500.000, la cifra más alta de potenciales refugiados en América Latina.

"Chile es y seguirá siendo el asilo contra la opresión y el defensor de la libertad donde quiera que esta se vea amenazada".

El 1 de junio, el Presidente Sebastián Piñera dedicó un espacio de su primera cuenta pública para ratificar que su gobierno buscará asumir un rol protagónico a nivel internacional en las denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro y, a nivel local, en los esfuerzos por otorgar refugio político a los opositores venezolanos.

Una apuesta que genera un amplio respaldo ciudadano y que se reflejó en la encuesta Cadem de abril, cuando un 66% de los chilenos manifestó estar de acuerdo con la creación de una visa especial para los venezolanos, tal como lo había anunciado recientemente el Ejecutivo.

En La Moneda, no obstante, reconocen en privado que la medida se ha convertido en un verdadero desafío para el gobierno, en momentos en que Piñera ha buscado ordenar y controlar la masiva llegada de inmigrantes.

Operativa desde el 16 de abril, en menos de dos meses, según cifras oficiales del Ministerio del Interior, la Visa de Responsabilidad Democrática ha generado 27.910 solicitudes, de las cuales 3.896 han sido aprobadas, 3.244 se han rechazado por falta de antecedentes y 219 no cumplieron con los requisitos.

Se trata de números que en el gobierno vigilan de cerca, conscientes de que la inestable situación política de Venezuela, generada tras las elecciones presidenciales del 20 mayo y que el mismo gobierno calificó de "ilegítimas", podría aumentar abruptamente la cantidad de solicitudes de visas. El escenario complicaría la capacidad administrativa de los mismos funcionarios chilenos en Venezuela y la propia estrategia de Piñera, que busca entregar señales claras que apuntan a que su gobierno dará todas las garantías para que los opositores al régimen de Maduro puedan llegar al país.

Una bandera que no solamente lidera el Mandatario, sino que también es defendida desde Chile Vamos y partidos como la Democracia Cristiana. Y en un factor que es no menor para la ofensiva del gobierno, también desata duras tensiones internas en las filas opositoras.

El tema, de hecho, ha sido abordado por los parlamentarios oficialistas de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, quienes mensualmente desayunan con el canciller Ampuero, instancia en la que le han manifestado al ministro su preocupación por el estado de los venezolanos y la necesidad de entregar facilidades para que Chile sea un refugio político.

La DC, en tanto, fue aun más lejos. En la sesión especial del martes 29 de mayo, el jefe de bancada de diputados, Matías Walker, solicitó formalmente a Ampuero que se eliminaran los requisitos que deben ser aprobados por el gobierno de Venezuela en la emisión de visas. Esto, con el fin de agilizar aún más la entrega de los documentos que permitirían la llegada a Chile. El mismo mensaje se le ha transmitido al canciller a través de la Organización Demócrata Cristiana de América (Odca), presidida por el exdiputado DC Juan Carlos Latorre.

La petición complica al gobierno. De alguna manera, en La Moneda reconocen que el apostillado de documentos venezolanos es una suerte de barrera de control al momento de entregar las visas de responsabilidad democrática y, conscientes del alto número de solicitudes de ingreso a Chile, no se pueden dar el lujo de facilitar el trámite.

De visita en Chile por la conmemoración de los 25 años de la Asamblea de Unión de Partidos Latinoamericanos (Upla) que reúne a los partidos de centroderecha de América Latina, el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y opositor al régimen de Nicolás Maduro, Carlos Berrizbeitía, admite que el interés por viajar a Chile va en aumento en su país y relata las largas filas que hay en las oficinas administrativas para acceder a una visa.

"Chile es uno de los países donde la mayoría de los venezolanos entre 25 y 45 años, jóvenes y muchos de ellos profesionales, están tratando de llegar. Pero ahora, con la severa crisis que hay en el país, donde el salario mínimo no llega a dos dólares y un maestro de escuela gana menos de cinco dólares al mes, con un deterioro diario, creo que Chile será uno de los países que recibirán más venezolanos. Por eso, no es extraño que lleguen al país, a finales de este año, entre 300 mil o 450 mil venezolanos", señala Berrizbeitía.

El fantasma sobre un eventual aumento de solicitudes de venezolanos está presente en el Ejecutivo y ha sido abordado en distintas conversaciones en La Moneda.

Sin que se haya discutido formalmente, hay quienes en el seno de Palacio incluso no descartan que, en caso de que la cifra de inmigrantes venezolanos crezca más de lo esperado, se pueda generar un tope anual al número de visas, pasando Venezuela a ser parte de los 103 países a los cuales Chile impone un número determinado de ingresos.

"Con la libertad pasa algo como con el aire, cuando la tenemos no la echamos de menos y, por tanto, no la defendemos, pero cuando la perdemos y queremos defenderla, muchas veces es demasiado tarde. Yo estoy pensando en lo que ocurre en países de nuestro continente, países hermanos como Venezuela".

Acababa de ser condecorado por el encuentro Upla, el jueves 7, pasadas las 20 horas, cuando Piñera, rodeado de dirigentes de partidos de centroderecha, ratificaba su bandera de lucha en contra de la situación que se vive en Venezuela.

Una apuesta que ya había sido anticipada por el hoy Mandatario durante su campaña presidencial y que tuvo su primer gesto el 23 de enero, cuando, al presentar a su gabinete, anunció que su titular de Relaciones Exteriores sería Roberto Ampuero, un reconocido escritor y exmilitante comunista que ya había tomado como un compromiso personal los cuestionamientos a los regímenes de Cuba y Venezuela.

Desde su nominación, de hecho, Ampuero se ha reunido en varias ocasiones con los seis magistrados venezolanos que se encuentran refugiados en Chile y mantiene un diálogo fluido con los diputados opositores al régimen de Maduro. Tras estos gestos, la ofensiva no ha hecho sino escalar: se decidió no designar embajador en ese país y, durante esta semana, Chile tomó un rol protagónico en la 48° Asamblea General de la OEA, donde por primera vez se resolvió aprobar una resolución que abre la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo.

Mientras Piñera impulsó llevar a la Corte Penal Internacional las violaciones a los derechos humanos que, a su juicio, se realizan en Venezuela, el canciller sostuvo, el lunes 4, un intenso e inédito debate con su par venezolano, Jorge Arreaza.

Chile formó parte, además, de los 19 países que aprobó la resolución para iniciar el proceso de suspensión de Venezuela de la OEA y se espera que todos los embajadores sean mandatados para iniciar un lobby que buscará conseguir los 24 votos que se requieren para que la asamblea extraordinaria finalmente expulse a Venezuela de ese organismo.