Los días más duros de Abbott: "Yo no voy a renunciar, no me voy a ir"

Asunto: "Suspensión desayuno con S.E.".

Texto: "Les informo que se cancela el desayuno con el Presidente Sebastián Piñera hasta que se agende una nueva fecha. Saludos".

La tarde del martes 9, el jefe de gabinete del fiscal nacional Jorge Abbott, Mauricio Salinas, envió un breve mensaje a los correos institucionales de los 18 fiscales regionales. La cita con el Mandatario, agendada en principio para el 17 de mayo a primera hora en La Moneda, que había sido planificada con antelación y que generó altas expectativas en el Ministerio Público, fue repentinamente postergada.

Tras la suspensión del desayuno, en los pasillos de la fiscalía la opinión era unánime: mala señal, mala semana.

La postergación llegó justo en medio de los cuestionamientos a la reunión privada que Jorge Abbott sostuvo a fines de 2015 con el entonces senador UDI Hernán Larraín en la oficina del abogado Mario Zumelzu, en medio de su postulación para convertirse en fiscal nacional.

Con ese encuentro, reflotaron también otras gestiones que la autoridad sostuvo durante ese mismo período con otros parlamentarios, como el PPD Guido Girardi, donde estuvo presente el abogado Ciro Colombara, que posteriormente asumió la defensa de Marco Enríquez-Ominami en el caso SQM y de Herman Chadwick en Caval.

La revelación -que confirmó el propio Abbott en el programa Mesa Central de Canal 13- multiplicó las críticas dentro y fuera de la fiscalía, atizó los cuestionamientos de diputados y senadores, y por si fuera poco, confirmó la intención del Frente Amplio de presentar ante la Corte Suprema -por primera vez en la historia de Chile- una solicitud de remoción del fiscal nacional.

Los problemas de Abbott habían comenzado dos semanas antes, el 26 de abril. El frustrado desayuno en La Moneda desactivó también el consejo extraordinario del Ministerio Público, agendado en principio inmediatamente después del encuentro con el Presidente. Allí se abordarían los cuestionamientos en ascenso en contra del fiscal nacional y que se desataron tras una polémica cuenta pública.

Ese día, Abbott, en medio de temas como el apoyo a la modificación de la Ley Antiterrorista o el debido proceso en la denuncia a Carabineros por falsear pruebas en el caso Huracán, incorporó en su cuenta pública dos párrafos de un mismo tema a última hora: llamaba a los fiscales a "estar conscientes" de que sus decisiones -como las peticiones de desafuero- podían impactar en los quórums del Congreso.

El disparo de Abbott llevaba implícito un nombre y un apellido: Carlos Gajardo. Fue el inicio de la crisis.

Pese a que sus asesores le recomendaron no hacerlo, de todos modos Abbott incluyó en su tercera cuenta pública de 20 páginas una controvertida tesis: la prudencia de los fiscales. El fiscal nacional planteó la importancia de meditar decisiones como las peticiones de desafuero, que alteraban la representación popular y la correlación de las fuerzas políticas en el Parlamento.

Lo que Abbott estaba haciendo era responder según su libreto, fiel a su estilo, de la manera más "republicana" posible, según sostienen en su entorno, al ex fiscal Gajardo, que días antes lo había emplazado públicamente en Reportajes. "Abbott no dimensiona la gravedad que tiene para la democracia que estas conductas terminen sin reproche penal", dijo.

En el entorno del fiscal nacional aseguran que esa frase no le gustó nada, en particular porque Abbott repite siempre que para él es tan grave que "ciertas conductas no tengan castigo" -que es como Gajardo interpreta las salidas alternativas en los casos Penta y SQM-, a que los fiscales filtren información reservada de causas para ejercer presión mediática, o bien que se eternice un desafuero solo con el propósito de desnivelar las mayorías en el Congreso.

El disparo llegó a destino. Gajardo, mientras todos sus excompañeros aún estaban en la cuenta pública, devolvió la gentileza de Abbott a través de Twitter: "Se hace pública la existencia de dos sistemas de persecución penal. Uno para el ciudadano de a pie. Duro con ellos. Otro para los parlamentarios. "Responsabilidad". Increíble cómo se afecta el principio de la igualdad ante la ley".

De inmediato, cientos de tuiteros -como ocurre con casi todos los posteos del exfiscal- hicieron eco de su mensajes. De hecho, hoy es uno de los tuits que más repercusión ha tenido en su cuenta en esa red social. El mensaje se comenzó a difundir también entre los asistentes a la actividad de la fiscalía.

Al día siguiente, Abbott se vio obligado a explicar qué quería decir con la alteración de los quórum en el Congreso. El fiscal nacional descartó que fuese un trato privilegiado. Segundos después, tomó impulso, subió la puntería y volvió a dispararle a quien terminó convirtiendo en su enemigo público: "El personaje terminó comiéndose al buen fiscal".

Gajardo, desde su salida del Ministerio Público, ha desplegado un diseño con varias entrevistas, columnas en medios de comunicación y con opiniones frecuentes sobre la contingencia en las redes sociales, en el que ha convertido la gestión de Abbott en un tema recurrente.

Ya sin los deberes que tiene que cumplir un fiscal en ejercicio, Gajardo decidió que era hora de salir a interpelar a los parlamentarios.

Junto al exfiscal Pablo Norambuena, envió a los diputados del Frente Amplio Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Gael Yeomans y Renato Garín, un proyecto que plantea una serie de modificaciones de artículos del Código Penal, con el fin de elevar las penas y normar con mayor especificación los delitos de cohecho y soborno.

La relación entre Gajardo y los representantes del FA no es nueva. A las conversaciones esporádicas vía WhatsApp que ha mantenido con sus principales dirigentes, como Jackson o Tomás Hirsch, se suma una reunión que en enero de este año, mientras todavía era fiscal, sostuvo con el entonces diputado electo Renato Garín.

Cercanos al parlamentario de RD aseguran que fue Garín quien le solicitó una reunión a Gajardo y que habrían concordado en que existe una "doctrina Abbott", es decir, un tratamiento jurídico punitivo distinto dependiendo de la persona en cuestión.

"Tengo un respeto enorme por el perfil profesional de Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, los conozco hace bastante tiempo, sobre todo al ex fiscal Gajardo. Durante este verano nos reunimos a conversar y hemos tenido otras conversaciones sobre este proyecto y otras materias, y el proyecto en general está muy interesante, ofrece una sistematicidad sobre del cohecho en Chile que hoy día no existe. El aporte que ellos hacen es muy valioso del punto de vista práctico, saben los peligros que enfrenta el fiscal cuando hay que probar el cohecho", explicó Garín a Reportajes.

Desde el Ministerio Público plantean que reuniones entre fiscales y políticos, sin que estas tengan como propósito abordar una causa penal en que sea interviniente el diputado electo, son faltas a la ética duramente sancionadas al interior de la institución por el deber de prescindencia política que tienen los fiscales y porque el único representante que puede instar por modificaciones legislativas es el fiscal nacional.

Respecto de esto último, Gajardo dijo a Reportajes que no tenía "nada que decir", lo que sí explicó es que cercanos a la diputada Claudia Mix le pidieron reunirse hace algunos días para recoger su opinión sobre el fiscal nacional y que él respondió de forma negativa: "Les dije que prefiero no involucrarme".

El exfiscal, en los últimos días, amplió el círculo de destinatarios de su proyecto que eleva las penas del cohecho y envió la iniciativa a diputados de la ex Nueva Mayoría e incluso de Chile Vamos. Además, tiene en carpeta reunirse con los parlamentarios que quieran para explicar, junto a Norambuena, su proyecto de cohecho. Ya agendó una primera reunión con el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya.

El 2 de mayo, mientras la Asociación Nacional de Fiscales discutía si era o no necesario reunirse y fijar una postura ante la ofensiva del Frente Amplio para pedir la destitución de Abbott, llegó un correo a ese grupo escrito por el fiscal Claudio Álvarez.

"Lamentablemente, dado que al interior del directorio existen directores inhabilitados que no se inhabilitan para decidir respecto de las declaraciones públicas sobre ciertos temas, que atañen directamente a sus cercanos, creo que es necesaria una asamblea extraordinaria, porque lo anterior contamina las decisiones del directorio, no las hace objetivas", sostuvo.

El dardo era directo a la esposa de Gajardo, la fiscal Teresa Muñoz, quien es parte de ese directorio al que hace referencia Álvarez, quien en los párrafos siguientes endureció aún más su postura: "Hace rato que las declaraciones públicas de nuestro directorio (que se adoptan por un voto de prevalencia) parecen más una vocería de Gajardo y Norambuena que del gremio en su conjunto". Y agregó: "Estamos todos de acuerdo que los dos ex fiscales aportaron bastante a la institución y al gremio, pero bueno, ya se fueron. Entonces, seguir en la misma línea creo que es nocivo para la ANF y nos impide avanzar hacia los temas relevantes que importan a todos los que nos quedamos en la institución".

Tras una serie de correos que se adherían a la tesis de que la petición de remoción de Abbott no era más que "una pataleta de un sector del Frente Amplio", llegó la réplica de Muñoz, que tensionó aún más la compleja situación interna en la institución.

"A esto en mi pueblo le llaman ser 'chorito por Twitter', Claudio. Tienes mi correo y mi teléfono desde hace rato y hasta acá si no es desde detrás de las faldas que te prodiga la montonera, no te habías tomado la molestia de expresarme tus grandes molestias. O lo que hubiera sido mejor aún, corroborar tus informaciones. No espero que nadie me sobe la espalda por los problemas laborales ni los asociados a mi cargo, pero muestra un poco de respeto antes de andar repartiendo acusaciones sin fundamento", escribió.

La discusión entre los fiscales Álvarez y Muñoz terminó ahí. Sus pares, en tanto, optaron por esquivar la polémica y reforzaron su apoyo a Abbott. "El fiscal nacional está siendo atacado en su rol de tal y por lo tanto nos afecta a todos. Es nuestra independencia y autonomía lo que está en juego", se leía en otro de los correos de la extensa cadena.

La preocupación por la ofensiva en contra de Abbott también ha encendido las alarmas en el cuerpo de fiscales regionales. Lo anterior, pese a que tras la cuenta pública varios de ellos, en un chat que comparten junto a su jefe, enviaron felicitaciones y aseguraron que la performance del 26 de abril había sido la mejor cuenta de todas desde que asumió como fiscal nacional, en diciembre de 2015.

"Una sólida cuenta pública con mensajes muy claros y firmes. Gran trabajo de todo el equipo", dijo Mauricio Richards (fiscal regional del Maule). "Con-tun-den-te, felicitaciones", expresó, en tanto, el fiscal regional Occidente José Pérez, al mismo tiempo que el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, precisaba: "Fue una gran cuenta pública, con mensajes claros e interpelaciones directas a todos quienes ejercemos funciones públicas. Y lo más relevante, con una visión del rol de la fiscalía y sus miembros que nos convoca".

Pero con el paso de los días, y la confirmación del Frente Amplio de pedir la remoción de Abbott, el tenor de los mensajes en el chat fue cambiando. La preocupación por la ofensiva del bloque -que además cuenta con las 10 firmas necesarias para llegar a la Corte Suprema- fue en aumento. "Es necesario hacer un consejo extraordinario presencial", escribió el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork.

Esa reunión aún está en duda, aunque al menos ocho fiscales, entre ellos Emiliano Arias, fiscal regional de O'Higgins -que mantiene una conocida disputa con Jorge Abbott- se han sumado a la idea de impulsar una cita de urgencia.

El resto de los jefes regionales coincidió en que la inédita solicitud a la Corte Suprema era un episodio grave, pero que la ausencia de argumentos del FA en la petición en contra de Abbott terminaría por fortalecer tanto al fiscal nacional como al Ministerio Público.

En esa línea, según quienes conocen la interna en la Corte Suprema, entre los ministros habría cierta concordancia -a priori- en que no se logran configurar las causales para dar luz verde al requerimiento contra el fiscal nacional, lo que pone en peligro la admisibilidad del documento frenteamplista.

En una de las semanas más tensas que se han vivido al interior de la Fiscalía Nacional, Abbott decidió no participar en los actos públicos a los cuales fue previamente invitado, entre ellos la cuenta pública del contralor Jorge Bermúdez.

Fuentes del Ministerio Público aseguran que el diseño de la defensa de Abbott no ha estado a cargo de sus asesores principales, como lo son los jefes de unidades especializadas o la Unidad de Comunicaciones, sino que de la jefa de Estudios, la abogada Nelly Salvo. Ella, al igual que su directora ejecutiva nacional, Francisca Werth, provienen del gobierno de Michelle Bachelet. Apenas Abbott fue nombrado, las llevó a la Fiscalía Nacional. Salvo era asesora del exministro del Interior Jorge Burgos, y Werth venía recomendada por la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco.

En el cuerpo de fiscales regionales algunos resienten que Abbott se apoye en personas que no son "de carrera" en la institución, y que, pese a la insistencia, aún no resuelva un consejo extraordinario en el cual podrían aconsejarlo. En el chat que comparten con el fiscal nacional desde el miércoles, un día después de la suspensión del desayuno con el Presidente, no se ha vuelto a tocar el tema de la petición de remoción.

La soledad de Abbott solo es comprendida por algunos miembros del Ministerio Público, por el miedo a que esta ofensiva oculte un "fuego amigo" que devele la ambición de "candidatos naturales a sucederlo" y que reactive una discusión que ha marcado su mandato: una eventual renuncia antes de terminar su periodo.

Contactado el viernes por la tarde, Abbott aseguró que enfrentará la ofensiva de los parlamentarios, porque está tranquilo.

"Esto me da más fuerza para seguir hasta el último día, jamás ha pasado por mi mente renunciar, en mi familia rendimos culto a Manuel Montt, quien sufrió dos revoluciones y una acusación constitucional, y él nunca claudicó, ese es un mensaje genético: en la vida uno no abandona las cosas, las pelea, eso es intransable".

Sobre las dudas que se han planteado en cuanto a reuniones con el senador Larraín, Abbott sostiene que "todos mis actos como fiscal nacional han sido transparentes y lo seguirán siendo, aun con los costos que tengan, mi obligación es estar acá". El fiscal nacional, asumiendo que esta podría ser su "segunda revolución" (la primera fue cuando se enfrentó al gobierno y Carabineros por pruebas falsas en la Operación Huracán), no dejó espacios frente a una eventual dimisión: "Si alguien está pensando que ante estas presiones voy a renunciar, que sepa que no va a ser exitoso en sus planes. Yo no me voy a ir, voy a terminar mi carrera de servicio público como fiscal nacional y solo si un juicio así lo determina dejaré mi cargo, pero como no hay mérito para ello, seguiré en mis labores liderando la institución de persecución penal como mandata la Constitución".

El martes 8, sorpresivamente, Eugenio González, un histórico lobbista de parlamentarios de oficialismo y oposición, vinculado en 2015 al proceso para elegir al nuevo fiscal, fue entrevistado en radio ADN. En la conversación, que complicó aún más las cosas para Abbott, González reveló buena parte de las reuniones privadas que el fiscal nacional sostuvo con parlamentarios durante la "precampaña", para sellar la nominación de Bachelet y el apoyo del Parlamento para encabezar la Fiscalía Nacional.

Además de las citas con Larraín y Girardi, González afirmó que Abbott se reunió con los dirigentes DC Patricio Walker y Aldo Cornejo. El exdiputado, según el lobbista, habría sido clave, porque sirvió de puente con La Moneda para apuntalar la candidatura de Abbott, que en ese entonces era catalogada como una de las más débiles entre los cinco candidatos. Lo anterior, por el estrecho vínculo que une al exalcalde de Valparaíso con Michelle Bachelet. Ambas reuniones, según la versión de González, no quedaron registradas.

Cornejo, sin embargo, negó de plano cualquier gestión en favor de Abbott mientras era parlamentario.

"Desconozco a la persona (González) que hizo esa afirmación, desconozco sus fuentes, pero quiero señalar que en la postulación de Abbott jamás tuve una reunión privada con él. La única vez que estuve con él en el Congreso fue en la cafetería del Senado, con más gente, y no se habló nada de la nominación del fiscal nacional. A Jorge lo conozco hace muchos años, es una persona íntegra que puede cometer errores, como todos, pero que ha dedicado su vida al servicio público", señaló Cornejo.

En todo caso, Abbott no fue el único candidato que en 2015 se reunió con parlamentarios, tal como reveló Reportajes, en esa oportunidad: de hecho, el entonces fiscal José Morales lideró las citas con los senadores y suscitaba el consenso para la nominación. Todo hasta que la entonces Presidenta Michelle Bachelet mandató al vocero Marcelo Díaz a comunicar en la Nueva Mayoría que su elegido era Abbott.

La supuesta debilidad en la configuración de las causales en la petición de remoción, que en el Ministerio Público es considerado como un punto a favor de Abbott, en el Frente Amplio se ha convertido en el principal temor.

La tarde del miércoles 9, en uno de los salones del Congreso en Valparaíso, los diputados Gonzalo Winter (MA), Claudia Mix (Poder), Maite Orsini (RD), Natalia Castillo (RD) y Tomás Hirsch (PH) se reunieron junto a sus respectivos asesores legislativos para decidir los pasos a seguir frente a la petición de remoción en contra de Abbott.

Sobre la mesa estaba el hecho de que, a pesar de mantener conversaciones hace más de una semana con todas las bancadas de la oposición, salvo el Partido Comunista, ninguna otra manifestó su adhesión. O al menos, simpatía. El argumento se repitió: faltaban elementos para destituirlo.

En la DC, por ejemplo, estudiaron la propuesta y respondieron formalmente que la iniciativa carecía de fundamento y que el Congreso tenía que respetar la autonomía del Ministerio Público. En privado, además de lo anterior, afirmaron que en el partido no están los ánimos para salir a apoyar una medida que lleve el timbre del Frente Amplio, y menos en medio de la elección de la nueva directiva de la colectividad.

En el PS, en tanto, se comprometieron a analizar la posibilidad. El abogado Enrique Aldunate elaboró un informe en derecho que sirviera de pauta a los diputados para tomar una definición. El documento, de siete páginas, desestima todos los argumentos esgrimidos por los diputados del FA.

"Las expresiones (de Abbott) no pueden ser subsumidas en las causales de remoción, especialmente atendida la falta de precisión y claridad de los hechos que buscan configurar la causal", afirma una de las cinco conclusiones del texto, que además hace una dura advertencia si es que los diputados aún pretenden adherirse a la acusación: "Atendido el sentido de gravedad exigido a las causales, existe un riesgo plausible de que el requerimiento no apruebe el examen de admisibilidad".

Con documento en mano, los socialistas le bajaron el pulgar a apoyar -como partido- la petición de remoción contra Abbott, aunque en la bancada no descartan que, de todos modos, de forma individual algunos miembros la terminen respaldando como una suerte de saludo a la bandera.

En privado, algunos parlamentarios frenteamplistas les plantearon a sus pares la misma aprensión que aparece en el documento PS: que la acusación no esté suficientemente bien argumentada, que no pase la prueba y que ni siquiera sea admitida por la Corte Suprema. Ese escenario profundizaría los cuestionamientos de dirigentes de oficialismo y oposición, que ponen en duda la verdadera capacidad del FA de convertir sus iniciativas en propuestas convincentes y no caer en mero voluntarismo. De hecho, por esa misma razón es que -en un primer momento- RD no se mostró muy convencido de apoyar la propuesta, aunque de todos modos se terminó sumando.

Lo mismo pidió la mesa ejecutiva del bloque, en la reunión semanal de los miércoles, y analizó la propuesta de los diputados. Fuentes de esa instancia aseguraron que la decisión es de la bancada y que la mesa ejecutiva la apoya, pero tienen expectativas de que el texto -al menos- sea acogido a trámite por la Suprema. Un resultado adverso se convertiría en un error no forzado difícil de explicar.

El grupo de diputados encargados de la acusación se comprometió a elaborar un documento bien hecho, sin fisuras.

"Como FA estamos estudiando rigurosamente las acciones que vamos a tomar. Una mayoría creemos que es necesario remover al fiscal nacional. La doctrina Abbott representada en la instrucción general que imparte en su cuenta pública, y expresada en el actuar del Ministerio Público en las causas de financiamiento ilegal de la política, es una doctrina de la impunidad", explicó el diputado Gonzalo Winter.

Las causales ya fueron definidas por el bloque. Serán tres: el controvertido discurso de Abbott en la cuenta pública; la revelación de las reuniones con Larraín y Girardi mientras era candidato a fiscal nacional, y una serie de demandas laborales, que incluyen una queja en la OIT del 2008 y problemas de gestión, como el pago de horas extras en la Fiscalía Sur.

En el FA han mantenido conversaciones con una de las organizaciones de funcionarios de la fiscalía, la Fenamip (que es minoritaria al interior de la institución) para recabar más antecedentes.

Uno de los nombres que surgieron en la reunión para liderar la ofensiva en contra de Abbott fue el abogado Mauricio Daza, quien ha mantenido durante meses un perfil crítico a la gestión del fiscal nacional. Su perfil mediático, sin embargo, no produjo unanimidad en el bloque.

Finalmente, los asesores de cada uno de los cinco diputados frenteamplistas quedaron a cargo. El texto estará listo esta semana y varios de los firmantes han pedido, primero, dar el visto bueno.