El plan de Piñera después del Huracán

En dos oportunidades el presidente electo, Sebastián Piñera, interrumpió sus vacaciones en Lago Ranco. Y en ambas ocasiones el tema fue el mismo: las esquirlas de la llamada Operación Huracán, que mantiene enfrentados a Carabineros y al Ministerio Público, luego de que desde este último se acusara a miembros de la policía uniformada de manipular información para inculpar a ocho comuneros mapuches por una serie de atentados incendiarios en La Araucanía.

El viernes 9, Piñera sostuvo que "lo que ha ocurrido es extraordinariamente grave. Que dos instituciones que deben estar al servicio de la seguridad de los chilenos se estén acusando mutuamente de la comisión de delitos es algo que no conocíamos en nuestro país, es extraordinariamente grave y no lo vamos a tolerar ni por un solo minuto". Junto con eso, el mandatario electo dio una dura señal al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, al comentar que estudiará su continuidad a partir del 11 de marzo.

Tres días después, Piñera abordó nuevamente el tema. Pero esta vez dio las primeras luces del ambicioso diseño que se alista para dar por superado el conflicto.

"Vamos a generar una profunda modernización, tanto administrativa como operativa, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones y vamos a reformular completamente el sistema nacional de Inteligencia. La inteligencia sirve para anticiparse, para prevenir los delitos, y cuando llega tarde, no está cumpliendo con su labor. Adicionalmente, vamos a modernizar y potenciar la Ley Antiterrorista, incorporando figuras como los informantes, los agentes encubiertos", aseguró el presidente electo.

Los primeros días del retorno a sus actividades -producido el lunes 19- la crisis desatada por la Operación Huracán han ocupado parte de la agenda de Piñera y, especialmente, de su futuro ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del recién nombrado subsecretario de esa cartera, Rodrigo Ubilla.

Cercanos al entorno del mandatario electo aseguran que el enfrentamiento entre Carabineros y el Ministerio Público puso en la lista de prioridades del futuro gobierno un viejo anhelo de Piñera que -por lo demás- se considera uno de los déficits de su primera administración: el combate a la delincuencia.

La idea de una profunda reforma a las policías, particularmente en Carabineros, para fortalecer su eficacia en la prevención de los delitos comenzó a tomar mayor fuerza en las futuras autoridades de La Moneda a medida que los cuestionamientos a la Operación Huracán no hacen sino crecer.

En el círculo del presidente electo -en tanto- están a la espera de la carpeta con los antecedentes del polémico operativo que prepara el ministro del Interior, Mario Fernández.

Esta crisis -en todo caso- no es el único escándalo que enfrenta la institución que lidera Villalobos, sumida desde hace meses en la indagación de un megafraude de platas fiscales.

Todo lo anterior ha redundado en una pérdida de credibilidad ciudadana sin precedentes. En una de las últimas encuestas Cadem, por primera vez la aprobación ciudadana de Carabineros (40%) es menor que la desaprobación (48%).

Primeros pasos

El futuro titular de Interior, Andrés Chadwick, y parte de su equipo ya comenzaron a contactar a parlamentarios de Chile Vamos y de la futura oposición para evaluar la viabilidad de un acuerdo nacional sobre seguridad, cuya piedra angular tendría como objetivo la presentación de una reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, la cual requiere de un quórum de cuatro séptimos para su modificación.

Aunque varios de los parlamentarios están de vacaciones, ya hay relativa certeza de que uno de los primeros pactos transversales que impulsará Piñera durante su segundo mandato estará enfocado en seguridad ciudadana.

Dos son las figuras de la hoy Nueva Mayoría que aparecen entre las claves para impulsar una tratativa de este tipo en la futura oposición, el senador y ex subsecretario del Interior Felipe Harboe (PPD) y el debutante senador y ex ministro de esa cartera José Miguel Insulza (PS). Aunque en las filas de Chile Vamos se buscan más protagonistas, no hay duda de que ambos personeros tendrán un rol destacado en el tema.

Harboe e Insulza, por ejemplo, integrarán el próximo período la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, que hoy tiene carácter especial, pero que se espera que en marzo adquiera un estatus permanente para radicar allí las negociaciones.

En el futuro oficialismo, por su parte, el senador UDI Juan Antonio Coloma liderará las tratativas y -por lo pronto- el mandatario electo ya transmitió a los presidentes de los partidos de Chile Vamos que en las próximas semanas liderará una reunión con las bancadas del futuro oficialismo para abordar las prioridades legislativas. Los cambios en las policías serán un tema clave en esa cita.

Quienes han conocido los pasos del futuro ministro del Interior aseguran que Chadwick ya tiene en mente un marco general para la búsqueda de acuerdos y que el aspecto más ambicioso de una futura reforma a Carabineros apuntará a un cambio estructural en la policía uniformada, que tendrá un impacto directo en la Policía de Investigaciones (PDI), que actualmente lidera Héctor Espinosa.

Y es que -tras las duras acusaciones de supuesta manipulación de pruebas en los atentados en La Araucanía- el diseño apunta a retirar de las labores de investigación de delitos a Carabineros y centrar su labor en el área preventiva, dejando en manos de la PDI las investigaciones.

La reforma supone un regreso al origen de las funciones de Carabineros, institución creada en 1927, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que tuvieron como foco la prevención y no la investigación de delitos.

El carácter estructural de la medida -en todo caso- la hace también lenta de materializar. Por estos días, la dotación de Carabineros es al menos siete veces mayor que la de la PDI (siete mil versus 55 mil aproximadamente), por lo que entendidos en el tema sostienen que lo más probable, en caso de prosperar este diseño, es establecer una norma transitoria y congelar la asignación de investigaciones a la policía uniformada en las distintas causas, para que paulatinamente se haga su traslado a la policía civil. En paralelo, se ampliaría la dotación de Investigaciones.

"Hay una dispersión de recursos al tener dos instituciones que realizan la misma función e incluso pueden chocar en la investigación. Debemos avanzar para que la policía se aboque con mucha fuerza al rol preventivo", señala el diputado UDI Juan Antonio Coloma.

"Debiera haber una profunda reforma en el rol de las policías. PDI y Carabineros no pueden hacer el mismo trabajo, duplicando esfuerzos. Carabineros está sobrecargado con servicios adicionales que la alejan de su misión institucional. Necesitamos policías modernas, orientadas a la prevención y persecución del delito", agrega el diputado de RN Gonzalo Fuenzalida.

Desde la oposición entrante las opiniones no son tan distintas y el senador Harboe sostiene que "Chile necesita una reforma profunda en temas de seguridad, que abarque a las policías en control de gestión financiera y operativa".

Ya en junio de 2017 el entonces coordinador del área de seguridad ciudadana del comando de Piñera, hoy futuro subsecretario Rodrigo Ubilla, explicó la necesidad de terminar con la duplicidad de funciones y señaló que el trabajo de Carabineros debe estar en la prevención, mientras que la PDI debe focalizarse en la investigación.

La Moneda -por su parte- trabaja en el proyecto de ley de modernización de Carabineros que en estos momentos redacta el equipo del ministro Mario Fernández.

El mensaje será entregado a Chadwick el 11 de marzo y, según señalan en Palacio, en la bilateral que sostuvo Piñera con el titular de Interior de Michelle Bachelet -el 22 de diciembre-, ambos abordaron dicho proyecto de ley y el eventual uso que Piñera podría darle. Dentro de las ideas que ya están definidas en esta iniciativa, destacan establecer una auditoría financiera externa para las policías e implementar un nuevo sistema para denuncias de conductas indebidas dentro de las instituciones.

La reformulación del sistema nacional de emergencia también será otra arista del futuro acuerdo político. Por ejemplo, respecto de la Ley de Inteligencia, ya está zanjada la incorporación de agentes encubiertos y hay consenso en la importancia de crear una instancia de coordinación de las instituciones que trabajan en este ámbito. Además, se espera poder hacer obligatoria la entrega e intercambio de información para fines de inteligencia. Una medida, dicen en Chile Vamos, que de haber estado presente habría evitado, incluso, la bullada crisis tras la Operación Huracán.

Los cambios evaluados en el futuro gobierno y que han sido parte de las iniciales tratativas también incluirán al Ministerio Público.

Una de las críticas permanentes a la institución que dirige Jorge Abbott es la excesiva autonomía con la que ejercen sus funciones. "El Ministerio Publicó no puede estar por sobre la ley. Hoy, es casi la única institución pública que no le responde a nadie. Yo entiendo que en el ámbito persecutorio tiene que tener autonomía absoluta, pero no en la administración de recursos públicos. En este ámbito debe ser fiscalizado por la Contraloría. Las metas de los fiscales están mal puestas. Hoy se beneficia cerrar procesos y no lograr condenas", afirma el diputado Fuenzalida.

Este tipo de observaciones han generado que en el equipo de Piñera se estén barajando ciertas modificaciones al organismo, entre ellas, por ejemplo, una fórmula para dar algún tipo de control al Ministerio Público y, tal como se lee en el propio programa de gobierno, "ampliar" sus "exigencias de transparencia".

Futuro de Villalobos

Tan o más urgente que el acuerdo en materia de seguridad es el futuro del actual director general de Carabineros, Bruno Villalobos.

A lo señalado públicamente por el mandatario electo, en el sentido de que evaluará su continuidad, se suma la presión de los máximos dirigentes de Chile Vamos, a los que se han sumado varios representantes de la Nueva Mayoría.

En el entorno de Piñera el tema es abordado con cautela. Varios personeros incluso sostienen que el presidente electo evita referirse directamente a la continuidad o cese en sus funciones del máximo líder de la policía uniformada.

Sin embargo, en las últimas semanas y a través de terceros, personeros de gobierno han tanteado nombres respecto de eventuales cartas para reemplazar a Villalobos. Y una de las preocupaciones del nuevo oficialismo se relaciona con potenciales conflictos en el ámbito judicial que podrían tener los uniformados que generan mayor simpatía.

Al Ministerio Público han llegado consultas respecto de nombres para asegurarse que dichas cartas no estén complicadas a nivel judicial. Los nombres sondeados son los del general Hermes Soto y el actual jefe del OS-7, general Álvaro Altamirano.

Hay dos causas penales en la actualidad que eventualmente podrían afectar al Alto Mando de la institución. Una de ellas es el megafraude institucional que tramita el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, y la otra es una derivada actualmente en manos de la fiscal Centro Norte, Macarena Cañas. En esta última se indaga el eventual uso irregular y supuestos sobresueldos que habrían recibido altos generales del ítem gastos reservados.

La causa que más complicaría a los actuales miembros del Alto Mando es la que tramita Cañas, pues en una segunda etapa investigativa, la fiscal se aprontaría a citar a todos aquellos generales que aparecen en las nóminas de Finanzas de Carabineros como receptores de gastos reservados, entre ellos Villalobos, Gonzalo Blu y Víctor Herrera Pintor.

En Chile Vamos reconocen que tanto Soto como Altamirano -algunos incluyen a Herrera Pintor- son eventuales cartas para suceder al general Villalobos y cuentan, además, con un importante respaldo en el bloque.

En el caso del general inspector Hermes Soto, se señala que tiene un perfil operativo, pues se ha desempeñado como jefe de zona en la Región de Antofagasta y Biobío, logrando mantener una buena relación con los parlamentarios de la zona.

Quienes conocen a Soto reconocen su cercanía con parlamentarios tan diferentes como los senadores por la Región del Biobío, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y el ex candidato presidencial Alejandro Navarro. También contaría con la simpatía del secretario general de RN, Mario Desbordes.

Un marzo complejo es el más probable escenario para Villalobos. No sólo por la presión que va a tener Piñera por el tema de su continuidad. A ello se sumará una probable arremetida de la Cámara de Diputados que podría llevarlo a dar explicaciones al Parlamento por la Operación Huracán.

El actual presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Leonardo Soto (PS), ya citó al ministro del Interior, Mario Fernández, y al propio Villalobos, a una sesión especial para el martes 6 de marzo. "A partir de lo que nos digan evaluaremos una comisión investigadora", remató el parlamentario.