Dónde poner atención: las claves de hoy, viernes 20 de diciembre de 2024

Hasta un punto delicado escaló ayer el impasse entre Argentina y Chile, luego de que el presidente transandino, Javier Milei, refrendara tácitamente las declaraciones de su ministro de Economía, Luis Caputo, en que afirmó que a los chilenos los gobierna “un comunista que los está por hundir”.

“Poniendo zurdos en su lugar”, fue el comentario que Milei posteó en un tuit en que se daban argumentos para defender la afirmación de Caputo, y que incrementó el desconcierto y la indignación del gobierno chileno, que ya en la víspera había enviado una nota de protesta.

Para La Moneda, Milei había traspasado un límite complejo y, en este escenario, fue el propio Presidente Boric quien salió a responderle, pero con un cuidado tono.

“Le quiero decir al señor presidente Javier Milei que yo soy Presidente de Chile, y Argentina es para mí y mis compatriotas un país hermano (…) hay que tener un poquito más de humildad, porque nosotros, los presidentes pasamos, pero las instituciones y los pueblos quedan”, sentenció Boric.

Aunque la apuesta de La Moneda es contener la controversia, no se ha descartado instruir al embajador chileno en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo permanecer en el país en una nueva señal de protesta, aprovechando que el diplomático viaja a Chile de vacaciones.

“Yo tengo Fonasa, porque es una decisión política y porque me gusta el sistema público” sentenció la ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, instalando un complejo debate sobre si una autoridad del gobierno del Presidente Boric puede estar afiliado a alguna isapre —una industria que el Ejecutivo buscaba eliminar— y no optar por un modelo solidario.

De hecho, la vocera de La Moneda fue incluso más allá y destacó que se atiende en un Cesfam cerca de su hogar y que gracias a que cotiza en el sistema público, con sus recursos también “puede estar ayudando a otros”.

Según un reporte de la periodista Ignacia Canales, al menos 14 de los 23 compañeros de gabinete de la ministra Vallejo están afiliados a alguna aseguradora privada de salud: Álvaro Elizalde (Segpres), Maya Fernández (Defensa), Javiera Toro (Desarrollo Social), Jessica López (MOP), Ximena Aguilera (Salud), Jaime Pizarro (Deportes), Nicolás Cataldo (Educación), Carlos Montes (Vivienda), Esteban Valenzuela (Agricultura), Marcela Sandoval (Bienes Nacionales), Diego Pardow (Energía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Aurora Williams (Minería) y Juan Carlos Muñoz (Transportes).

A Fonasa, en tanto, están adscritos, además de Vallejo, los ministros Carolina Tohá (Interior), Nicolás Grau (Economía), Carolina Arredondo (Culturas), Jaime Gajardo (Justicia), Jeannette Jara (Trabajo) y Antonia Orellana (Mujer). Pese a consultas efectuadas por La Tercera, al cierre de esta edición, tres secretarios de Estado no contestaron: Alberto van Klaveren (RREE), Mario Marcel (Hacienda) y Aisén Etcheverry (Ciencia).

En el ámbito de los negocios, causó ciertas aprensiones la nueva medida anunciada ayer por el Servicio de Impuestos Internos en el marco de su combate contra la evasión: a partir de marzo de 2025 se restringirá el uso de facturas en restaurantes y supermercados para la obtención de crédito fiscal IVA.

Entre los reparos, las empresas gastronómicas alegan que serán ellos quienes deberán convertirse en fiscalizadores, ya que ahora se les exigirá —a riesgo de multas— no solo pedirles a sus clientes la documentación tributaria requerida, sino que también verificar la identidad del portador, además de implementar protocolos de control interno antes de la emisión de las facturas.

“Los restaurantes no podemos ser fiscalizadores del SII. Si alguien nos pide una factura estamos obligados a emitirla y lo que hace esta resolución es que ahora vamos a tener que explicar por qué el contribuyente pide una factura”, se quejó Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía.

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