La Moneda cambia el tono en DD.HH.

Una reunión sostuvo este martes en la mañana el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, con representantes de Amnistía Internacional, organización que la semana pasada dio a conocer -en el marco de la crisis que hay en Chile- un duro reporte en el que se acusa una "intención" de las "fuerzas de seguridad" de "dañar" a los manifestantes utilizando tortura, "violencia sexual" y "ataques generalizados".

Aquella vez, el gobierno salió, a través de la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren, a rechazar enérgicamente esas aseveraciones, calificándolas de "irresponsables". Esto, además de coordinar una respuesta de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Este martes, sin embargo, el escenario fue diametralmente opuesto.

Además de reunirse con Amnistía Internacional, Blumel sostuvo un encuentro con Recabarren y los ministros Karla Rubilar (Segegob) y Hernán Larraín (Justicia y DD.HH.), cita en la que se coordinó una nueva respuesta que daría el Ejecutivo, esta vez frente a un informe divulgado por Human Rights Watch, texto que se dio a conocer después de que el director del organismo, José Miguel Vivanco, se reuniera con el Presidente Sebastián Piñera durante la mañana.

En el texto -en el que se menciona la realización de más de 70 entrevistas a personas en Santiago y Valparaíso- la organización plantea la necesidad de hacer una reforma profunda a Carabineros, al constatar "graves violaciones a los derechos humanos" cometidas por sus funcionarios, el "uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios" y también el "uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, transeúntes y graves abusos en las detenciones". Por ejemplo, se relatan acusaciones sobre carabineros que han obligado a detenidos, incluyendo niños y niñas, a "desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías", práctica que -dice el reporte- está "prohibida" en los protocolos desde marzo de 2019.

"Hay carabineros que han ordenado el desnudamiento de personas en un contexto que sugiere discriminación contra mujeres y niñas, y no se advierte que hayan tenido siquiera la creencia equivocada de que estas personas estuvieran intentando ingresar objetos de contrabando al lugar de detención", se menciona en el reporte, el que centra parte de sus conclusiones en el actuar de Carabineros, sin establecer, eso sí, si el rango de las violaciones es de carácter sistemático.

En ese contexto, en la reunión en La Moneda se resolvió enfrentar el tema con otro tono respecto a lo ocurrido la semana pasada. Así, se elaboró una declaración que sería leída después por Recabarren en el Salón Azul. "Valoramos el informe de Human Rights Watch y las recomendaciones que nos han realizado, las cuales hacen un llamado a incorporar reformas profundas en Carabineros y un mayor control efectivo de la acción policial en situaciones de disturbios y de detención. Este es, precisamente, el objetivo central del proyecto de ley de modernización de Carabineros presentado por nuestro gobierno el año pasado", dijo la subsecretaria, junto con señalar que se instruyó al comité técnico asesor de DD.HH. para que se les haga un seguimiento a las recomendaciones.

Además, sostuvo que "este informe nos entrega una serie de antecedentes que, sin duda, nos preocupan y que, por supuesto, recibimos con dolor, pues da cuenta de graves vulneraciones a los derechos de las personas".

De todas maneras, Recabarren también dijo que "valoramos también que Human Rights Watch haya considerado los contextos que abarcan esta difícil situación y, en particular, los ataques a Carabineros y a comisarías con piedras y bombas molotov, así como los saqueos y quema de bienes públicos y privados".

La subsecretaria, además, dijo que se instruiría al general director de Carabineros, Mario Rozas, "revisar profundamente aquellas actuaciones que se alejen de los protocolos y que han significado cuestionamientos y denuncias". Esto, explicando que la institución debe entregar en una semana un informe con "medidas de corrección, señalando las instrucciones y sanciones que correspondan". Asimismo, el Ministerio del Interior creará un "grupo transversal" para proponer medidas de corto y mediano plazo en el marco de la modernización de Carabineros.

Antes de la intervención de la subsecretaria, en la que no aceptó preguntas, el ministro Blumel se había contactado con el general Rozas para pedirle que entregue el informe en el plazo de una semana. En La Moneda, además, señalan que se está trabajando en la composición de la mesa transversal que mencionó Recabarren. Y agregan que, hasta ahora, lo que está contemplado es que sea integrada principalmente por especialistas en materia de Carabineros.

En el gobierno explican que el tono de la declaración, que contrastó con el que se utilizó frente al informe de Amnistía Internacional, se debe al menos a dos factores: que el reporte de este martes no acusa actuaciones "generalizadas" y que recoge la visión de todos los sectores involucrados. Sobre esto último, en el Ejecutivo agregan que hubo reuniones con Human Rights Watch para entregar información, algo que -dicen- también se hizo con las delegaciones de la Comisión Interamericana de DD.HH. y de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, organismos que aún deben dar a conocer sus informes.

Por la tarde, Carabineros emitió un comunicado. En un tono similar al del gobierno, la declaración señala que "por cierto que se pueden haber cometido errores, que son materia de investigación. De ser así, nos duele como institución y no queremos que se repitan. Por eso, tomamos con humildad y responsabilidad las recomendaciones hechas por Human Rights Watch".

Por la tarde también, Blumel reforzó la postura del gobierno: "El informe nos señala que hay situaciones graves que podrían constituir violaciones a derechos humanos que tienen que ser investigadas, revisadas y sancionadas en caso de ser ciertas".

Así, en Palacio dicen que para esos dos últimos casos también se prevé una reacción del gobierno en línea con la que hubo este martes y distinta a la que se tuvo frente a Amnistía. Esto, en un tema que ha complicado crecientemente a La Moneda y que ha motivado gestiones de Cancillería en el extranjero para intentar contener el daño a la imagen de Chile. En esa línea, el canciller Teodoro Ribera solicitó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, cita que se concretó este martes y en la que abordó las causas del estallido y las medidas adoptadas.