Calibre 7,62

El pasado sábado 27 de diciembre, un helicóptero de Carabineros fue atacado a balazos, mientras sobrevolaba la Provincia de Arauco. Una bala atravesó el fuselaje de la aeronave, impactando en el tórax a un aspirante a oficial de la policía uniformada, quien a pesar de la lesión sufrida, ha logrado recuperarse. Se trata de un hecho particularmente grave, por una serie de consideraciones que resulta necesario atender: Primero, se utilizó armamento de guerra; la munición 7,62 mm, en sus versiones larga (51) y corta (39), es un cartucho que se usa en fusiles de asalto, como el M14, el AK47, el IMI Galil, entre otros. Se trata de alto poder de fuego, de una bala que logra importantes niveles de precisión hasta en 1000 metros, que puede traspasar un casco de acero a 800 metros, y varios chalecos de kevlar a distancias de 30 metros. Pese a verse visto paulatinamente desplazado por el cartucho 5,56 mm., la 7,62 sigue siendo la munición del franco tirador por excelencia. Convengamos entonces, que si más disparos de 7,62 hubiesen impactado al helicóptero, la nave pudo haber caído, y todos sus tripulantes perecer, o, peor aún, el aparato pudo perfectamente haber sido derribado y caer en una zona poblada. ¿El que dispara a un helicóptero en vuelo con un fusil de guerra, no se representa esos probables resultados? ; ¿Cuál es finalmente su intención?; ¿Qué hubiese sucedido si en el helicóptero de Carabineros, no hubiese viajado un aspirante a oficial sino una alta autoridad?

Luego, el Gobierno ha sostenido por parte del Subsecretario del Interior, que los autores serían ladrones de madera, que no tienen ninguna relación con las reivindicaciones étnicas habituales del movimiento mapuche (La Tercera.28 de Diciembre). Pues bien, si esa tesis fuese correcta, solo descarta la motivación "política", pero deja subyaciendo una situación tan o más seria: que estamos en presencia de organizaciones criminales con importante poder de fuego operando en el sur de Chile. Ya a comienzos de octubre, el mismo Subsecretario Aleuy había afirmado tener identificado un grupo, que usa la causa mapuche para lucrar financieramente, desplegando acciones violentas como la quema de galpones y camiones. Pues bien, al parecer ese grupo evidentemente ha escalado en el uso de medios, y pasó de la molotov a la munición 7,62. Si el grupo está identificado como el subsecretario Aleuy afirmó hace un par de meses, sería ya tiempo que se actuara contra ellos, antes que sigan proliferando en su armamento. Positivo también sería, establecer cuál es el origen de ese armamento de guerra, cuáles son sus rutas y medios de internación, si es que proviene de Argentina u otro país, o bien, descartado aquello, atacar el mercado proveedor interno de armas y municiones. Solo un dato anexo: el tráfico de armas constituye un delito base de lavado de dinero; desde el 2003, año en que se promulgó la Ley 19.913 antilavado y hasta la fecha, ninguna persona ha sido condenada en Chile por lavado de dinero asociado al tráfico de armas.

A días del ataque al helicóptero de Carabineros, el 1º de enero, se produjeron atentados incendiarios en Freire y Padre Las Casas. El intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, reaccionó indicando que oficiará a La Moneda una propuesta para crear un seguro estatal para la Región de La Araucanía, destinado a la ayuda de víctimas de atentados. El intendente Huenchumilla yerra en algunos conceptos, pero acierta en la idea genérica. Sería a lo menos inconstitucional, crear un seguro estatal por hechos delictuales, que se aplique solo en la IX Región: la quema de un fundo, de maquinaria agrícola, de buses o automóviles, es un delito donde se lo sitúe, y lo mismo se aplica a las víctimas que lo sufren, sean de Ercilla, Santiago o Punta Arenas; entenderlo de otra forma sería una discriminación arbitraria. Sin embargo, el intendente acierta al instalar legislativamente la idea de la reparación a las víctimas de la delincuencia. En ese orden de ideas, más que un seguro estatal, lo que se requiere es una Ley de Víctimas, que regule la reparación por parte del Estado, del daño físico, psicológico, moral, social y económico de quienes sufren hechos delictivos violentos. Es lo que la Unión Europea implementó el 2001 a través de la Decisión Marco 220 del Consejo; es lo que ocurre en España mediante la Ley 35/1995, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; o en México, tras la reciente Ley General de Víctimas, del año 2013, por nombrar solo algunos ejemplos.

Lo cierto, es que más allá de las circunstancias de por qué el aspirante a Carabineros Javier López, hijo del prefecto de Arauco, se encontraba en la aeronave, un carabinero fue herido por disparos hechos contra un helicóptero institucional en vuelo, por una supuesta organización criminal, utilizando munición de guerra, en una zona particularmente sensible, donde habría un esfuerzo policial focalizado, cuyos resultados deben ser necesariamente revisados, frente a hechos tan graves como los sucedidos.