Fortalezas y debilidades de la carrera docente

El ejecutivo envió recientemente al Congreso Nacional un conjunto de indicaciones al proyecto de carrera docente. A continuación se hace una valoración de las fortalezas y debilidades que tiene la nueva versión del proyecto de ley.

El proyecto de carrera docente mantiene intactas dos de sus principales fortalezas. La primera consiste en abarcar a todos los docentes y educadoras del sistema escolar que recibe recursos públicos desde la educación inicial hasta la media. Es la primera política desde 1981 que abarca a todos los educadores de Chile. La segunda fortaleza es que mejora las remuneraciones de todos los docentes, sin reducirlas en ningún caso.

Las indicaciones presentadas por el ejecutivo mejoran la evaluación docente. El sistema de evaluación se simplifica reduciendo las categorías de desempeño, reconociendo que los docentes que alcanzan altos niveles de conocimientos no requieren rendir la prueba para medir tales atributos cada cuatro años, y sustituyendo el examen de certificación para ejercer en el sistema escolar por una prueba diagnóstica obligatoria al inicio y final de la carrera de pedagogía. La evaluación docente no promueve la competencia, porque las evaluaciones individuales no califican a los docentes en comparación con los demás sino en cuanto a lo que son capaces de lograr en función del marco para la buena enseñanza y otros lineamientos oficiales.

La nueva versión  de la carrera docente mejora la relación de horas lectivas y no lectivas. Se propone que, al 2019, en los establecimientos con una concentración de 80% o más de alumnos prioritarios los docentes tengan 40% de horas no lectivas. Asimismo, se apunta a esa misma meta para todo el sistema de forma gradual y sujeto al crecimiento económico del país. Este último punto es el primer reconocimiento de que los recursos no son infinitos, y pone un criterio de racionalidad fiscal importante para la sustentabilidad en el largo plazo de esta reforma clave.

El proyecto ajusta el proceso de inducción para los docentes que inician su carrera profesional, buscando que los profesores mentores que acompañarán a los principiantes tengan una mayor cercanía tanto geográfica (incluso buscando que sean del mismo establecimiento escolar o comuna) y enseñen en el mismo nivel que el docente novel.

La última fortaleza es que el proyecto establece mayores exigencias para las carreras de pedagogía. Se mantienen el requisito de ingreso del proyecto original: 500 puntos PSU o 50% superior de ranking en 2016, 525 puntos PSU o 40% superior de ranking en 2018 y 550 puntos PSU y 30% superior de ranking en 2020. Se incorporan indicaciones para que la acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía sea realizada por la Comisión Nacional de Acreditación; se realice una prueba diagnóstica de inicio y fin de carrera, y que las carreras tengan convenios de colaboración con colegios para asegurar las prácticas de los estudiantes.

<em>El proyecto tiene algunas debilidades en sí mismo, y otras que escapan a su alcance, pero que deben ser sujetos de políticas específicas para aclarar el panorama hacia el futuro.</em>

La principal debilidad es que deja de lado hasta 2025 a las educadoras de párvulos en los jardines infantiles que reciben fondos públicos. Sabemos por la evidencia investigativa que la educación parvularia de calidad tiene gran incidencia en las oportunidades de aprendizaje de los niños más vulnerables. Por ello, es contradictorio aplicar este criterio de gradualidad solamente a las educadoras desde sala cuna hasta niveles medios. Sería mucho más efectivo para la equidad en el país una mayor gradualidad en el proyecto de reforma en educación superior o un cambio a la Ley Reservada del Cobre para adelantar la entrada de las educadoras de párvulos a la carrera docente.

Los vacíos principales de política que deja el proyecto se refieren a tres puntos. En primer lugar, las mayores exigencias a las carreras de pedagogía no se condicen con políticas de apoyo y desarrollo para las mismas. Las carreras de pedagogía, en prácticamente todas las universidades que hacen un esfuerzo serio por tener una oferta de calidad, son económicamente deficitarias y sobreviven a través de subsidios cruzados de las instituciones que las albergan. Por lo tanto, la baja en los flujos económicos que se prevé por la gratuidad y la probable menor demanda de estudiantes por las exigencias de admisión, pueden afectar la sustentabilidad económica de las carreras.

En segundo lugar, es altamente probable que las mayores exigencias de admisión de estudiantes limiten la cantidad de docentes que tendremos en el futuro y que estos se concentren en algunas regiones. Además, no sabemos cuán atractiva será la carrera docente para atraer hacia las pedagogías a estudiantes con mejor desempeño académico en la educación media. Será indispensable monitorear los flujos de estudiantes de pedagogía y asegurar que esta política no nos lleve a un déficit de docentes en el futuro.

Por último, el CPEIP (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas), cuya estructura institucional es relativamente débil, tendrá una gran exigencia para operacionalizar un sistema de formación continua de los docentes, que incluya desde el proceso de inducción hasta estructurar una carrera de profesionalización, para que los docentes de las mismas escuelas se especialicen en distintas áreas y sus capacidades sean la base del trabajo colaborativo para la mejora en la escuela.