Informe Valech

No cabe duda de que los informes Rettig y Valech han sido un aporte para establecer una verdad histórica sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile entre 1973 y 1990. Ambos documentos debieran ser lectura obligatoria en la asignatura de "educación ciudadana" para los terceros y cuartos medios.

El debate, hoy, no está puesto en el valor histórico del Informe Valech sino en la norma que fija una moratoria de cincuenta años para hacer públicos los testimonios individuales. Se argumenta que de esta manera se protege a las víctimas, muchas de las cuales no querrían ver expuestas las vejaciones y abusos a las que fueron sometidas.

Se establece, así, una generalización que contradice los estudios más profundos sobre el tema. Anna Ornstein -sicoanalista y sobreviviente de un campo de exterminio nazi y que ha dedicado su vida a estudiar la sicología de los sobrevivientes- concluye que si algo caracteriza la vivencia interior que dejan las experiencias límites de prisión, tortura y exposición prolongada a la posibilidad de aniquilación es su singularidad y diversidad sicológica, por lo que cualquier generalización es errónea.

Hay sobrevivientes que desean que su historia sea conocida, que actúe como una denuncia, permita justicia o sirva de aprendizaje social; hay otros que experimentan vergüenza, pudor o las múltiples consecuencias de la denominada "culpa del sobreviviente". Las víctimas se debaten entre el "grito y el silencio" diría Samuel Gerson, otro estudioso del tema.

Es también importante dilucidar cuál fue realmente el compromiso que se estableció con quienes entregaron su testimonio. Se ofreció confidencialidad, pero no se señaló cuál sería la forma que ésta adoptaría. Confidencialidad no es sinónimo de secreto. La moratoria de cincuenta años se fija después de que la Comisión Valech había concluido la recopilación de los testimonios. El compromiso de confidencialidad inicial se podía expresar de múltiples formas: en la manera de hacer públicos los testimonios individuales; en solo permitir el acceso de la justicia a ellos; en haber determinado en su momento si la confidencialidad era relevante para quien comparecía; etc.

Ahora se puede intentar hacer bien las cosas. Lo primero es derogar la norma del secreto de cincuenta años por estar fundada en una generalización sobre la sicología de las víctimas carente de sustento. Luego, poner la información, con carácter reservado, a disposición de la justicia (todas las víctimas aspiran a justicia). Y no caer en la generalización contraria: todos quieren que se dé total publicidad a su testimonio. A través de una consulta sencilla, se puede volver a escuchar a las cerca de 28 mil personas que consigna el Informe Valech sobre el uso público de sus testimonios. Volver a dar la palabra a las víctimas y sobrevivientes, y no seguir adoptando decisiones a nombre de ellas.