La Legua y la violencia en barrios: ¿Por qué la seguridad es un problema de ciudad?

En las últimas semanas la agenda noticiosa ha vuelto a poner a la población La Legua en primer plano. Las balaceras, las muertes, el tráfico de drogas, las armas y la violencia aguda que deben soportar los vecinos, se han convertido en reiterados hechos mediáticos. También este año, hemos conocido diversos estudios que evidencian que en nuestras ciudades existen muchos otros barrios en condiciones urbanas, sociales, económicas y criminales que son críticas. Así, por ejemplo, el informe de la Fiscalía sobre narcotráfico da cuenta que existen 426 barrios en 9 regiones que presentan graves problemas de venta ilícita de drogas, junto a altas tasas de reiteración de condenas de imputados y que suman cerca de 600 sujetos a nivel nacional.

Por otra parte, para la región metropolitana, la oficina Atisba Monitor analizó los barrios incluidos por el Ministerio Público en el mencionado informe y muestra las críticas condiciones urbanas que tienen estas zonas. Según este estudio, 702 mil personas viven en 162 barrios que presentan altas tasas de hacinamiento, desconexión del resto de Santiago y precarias condiciones físico-urbanas. Por último, un estudio realizado por la Universidad Adolfo Ibáñez junto a la Cámara Chilena de la Construcción en 2016 identificó 68 zonas en Santiago que requerían políticas de regeneración urbana por el nivel crítico de sus condiciones de infraestructura, acceso a servicios y áreas verdes. Estos estudios nos indican que la tarea es urgente.

Pero esto no es novedad. Desde 2001, año en el que se inició la intervención estatal en la población La Legua, se han levantado voces para señalar la necesidad de revertir la tendencia al deterioro y de agudas condiciones de precariedad urbana y social en que habitan muchos chilenos y chilenas y han existido esfuerzos por mejorar las condiciones de entornos barriales precarios. Junto a ello, y también desde ese año, hemos sido protagonistas de las intervenciones estatales de seguridad y acción policial focalizadas. Diferentes iniciativas de intervención en barrios, de carácter nacional o local se han implementado desde el enfoque de la seguridad. En este ámbito, el Estado no sólo ha mostrado ser poco eficiente, sino que también ha actuado de manera contradictoria: es decir, ha reconocido las condiciones de exclusión y precariedad de cada barrio intervenido, pero ha aplicado más intensivamente una política punitiva.

Para quienes conocemos estos barrios, esta contradicción es inexplicable y casi absurda. Y es que no es posible pensar en ciudades seguras si no nos hacemos cargo de las condiciones de violencia estructural que afecta a quienes habitan en estos territorios. Johan Galtung en los años noventa, destacaba que la violencia que se ve, aquella que se manifiesta en una bala, en un homicidio o en un asalto en una comuna rica, se funda en una violencia que es mucho más profunda y que remite a estructuras sociales y económicas. La aguda desigualdad territorial y la guetización de nuestras periferias urbanas, es desde esta perspectiva, nuestro principal factor de inseguridad. Esta violencia es, a su vez, acompañada con aquella que es simbólica, que es la que ejercemos cuando discriminamos y estigmatizamos a quienes viven en estos entornos y que produce una clausura territorial. Ambas, desigualdad y estigma, operan de manera silenciosa y están a la base de las otras múltiples violencias visibles y que se producen de manera encadenada en territorios que han quedado al margen de la ciudad.

Así, preocuparnos hoy de la seguridad implica hacernos cargo de la desigualdad territorial, del derecho a la ciudad y de ir disminuyendo el ritmo bajo el cual han crecido nuestras ciudades. El Programa Planes Integrales para Barrios de Alta Complejidad, que ha impulsado la Intendencia Metropolitana es, sin duda, una buena noticia en este sentido. Sin embargo, será mejor noticia cuando avancemos hacía una política pública de carácter nacional que aborde la inseguridad no sólo como efecto de la acción individual, sino que como una consecuencia del ritmo del desarrollo desigual que afecta a nuestras ciudades y territorios.