Esta es la versión que el exsubsecretario del Interior le está entregando a sus cercanos y que podrían explicar la demora de 48 horas de La Moneda en solicitar su renuncia luego de que Carolina Tohá se enterara de la investigación. La otrora autoridad ya fichó a su equipo de defensa que es encabezado por la exconsejera del CDE María Inés Horvitz. Luego de que Boric reconociera que sabía de la revisión de las cámaras, se abrió un nuevo flanco en La Moneda sobre si el Mandatario debió o no entregar este antecedente a la justicia.

Mientras aún ejercía como subsecretario del Interior, es decir jefe civil de las policías, Manuel Monsalve envió a personal de Inteligencia de la PDI a buscar las cámaras del hotel en que reside durante la semana y que -según la denunciante- habría sido el lugar en que fue ultrajada. El episodio -que el Ministerio Público descubrió recién este martes 15- abrió una nueva arista en contra de la otrora autoridad. En este momento se desarrollan diligencias para determinar la configuración de delitos vinculados a actos de corrupción.

La funcionaria de la Subsecretaría del Interior que denunció a la ahora exautoridad, realizó ante la PDI un relato de dos episodios en los que -acusa-, su entonces jefe, Manuel Monsalve, vulneró su intimidad. Acá los detalles de una acusación que impactó de lleno en La Moneda.

El 14 de octubre una funcionaria de la subsecretaría de Interior ingresó a la Fiscalía Centro Norte una denuncia por un ataque sexual de la que habría sido víctima. El Ministerio Público abrió una investigación y se encuentra desarrollando diligencias, una de las cuales son peritajes por lesiones en el Servicio Médico Legal (SML). Acá detalles de la denuncia.

La indagatoria está a cargo del fiscal jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz.

La decisión del Senado de visar su acusación constitucional y removerlo terminó con 42 años de Sergio Muñoz en el Poder Judicial. El golpe que no tuvo que ver con su autoría en sentencias, aún resuena en los pasillos de tribunales y es que el juez con mayor ascendencia entre sus pares no podrá ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años. Acá, la trayectoria de un ministro que parecía "intocable".

Se indaga su vinculación a otros delitos similares.

El exfiscal nacional confiesa que se quedó perplejo al conocer la intención de su otrora subalterno, el exfiscal regional Manuel Guerra, y del abogado Luis Hermosilla de removerlo de su cargo. Asegura que estas son las pruebas que lo exculpan de haber sido sindicado por años como el persecutor que “puso tierra” a los casos de financiamiento irregular de la política: “Ese no fui yo”.

A 48 horas de un momento histórico en el Poder Judicial, algunos ya ven en este proceso un reimpulso del presidente del máximo tribunal. Y es que en un mes, Ricardo Blanco logró alinear a todos los miembros de la alta magistratura para dar una única señal: “No permitiremos agentes externos que no pasen la prueba de probidad”.

El lunes, en dependencias de la Fiscalía Nacional, los persecutores abordarán varias temáticas atingentes a sus labores. Asimismo, parte de la expectación en la reunión está puesta en las acciones que podría emprender Valencia frente a la arremetida de Luis Hermosilla por las filtraciones en el marco del caso Audio. Por último, hay quienes esperan que ese sea el momento en que la máxima autoridad explique por qué no transparentó desde un inicio que había mantenido una reunión con Hermosilla y Andrés Chadwick. Situación que algunos parlamentarios han señalado podría repercutir en una eventual petición de remoción.

La otrora autoridad del Ministerio Público, quien aconsejó perseguir las responsabilidades de mando de Carabineros y eventuales responsabilidades civiles por violaciones a los derechos humanos en el estallido social, hace una profunda reflexión tras ser mencionada como "un problema" por el exfiscal Manuel Guerra en sus chats con Luis Hermosilla. La abogada cree que la Fiscalía debe dar una prueba de blancura a la ciudadanía y despejar cualquier duda que surja de la autonomía e independencia de las investigaciones en curso, más aun -sostiene- cuando el fiscal nacional que le pidió la renuncia, Ángel Valencia, devela una reunión con el penalista (hoy preso en el caso Audio) y también con el exministro del Interior Andrés Chadwick.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) apuntó a cuatro sociedades en las que Álvaro Jalaff Sanz es representante legal, y su hermano Antonio, era el administrador. También va dirigida contra el contador Marcelo Medina. El organismo acusa un perjuicio fiscal de $ 161 millones. Álvaro Jalaff señaló en el SII: “La gran mayoría de estas operaciones comerciales de compras y servicios no se prestaron”.

Se trata de Marcos Pastén, fiscal regional metropolitano Occidente.

La Novena Sala de Corte de Apelaciones e Santiago acogió el recurso de protección presentado por el músico Sergio Infante en contra de la tarotista Consuelo Ulloa a quien conoció a través de una app de citas. "Los actos desplegados por la recurrida han afectado y perturbado la integridad síquica y la honra del recurrente", advirtió el tribunal de alzada.

Las diligencias llevadas a cabo durante las jornadas de este miércoles y jueves respecto al fundador de Procultura, su representante legal y directivos de finanzas, responde a una petición que hizo a tribunales el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Tras analizar los antecedentes, el Séptimo Juzgado de Garantía ordenó entrada y registro e incautación de una serie de dispositivos tecnológicos, bajo la sospecha de fraude al Fisco y lavado de dinero. Entre los convenios que están siendo revisados por la PDI están los $1.683.788.000 que el Gore RM le entregó a la fundación para un programa de prevención del suicidio y los $1.500 millones que el Gore del Biobío entregó para "una oferta turística y creativa puesta en valor de la identidad cultural".