Durante las jornadas de este miércoles y jueves se desarrollan diversas diligencias en la arista Procultura, a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Las diligencias estuvieron centradas en el siquiatra y cofundador de la ONG y la representante legal. La PDI logró el hallazgo de los servidores que no se habían encontrado en la sede de esa fundación. Las pesquisas se venían planificando hace un mes.

Según comunicaron desde el estudio Barruel y Borzutzky Abogados, determinaron presentar la renuncia al patrocinio "debido a diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa".

A través de un comunicado expresaron que tanto el trabajo de la fiscal regional como de su equipo ha sido "objetivo, serio, rápido y eficaz".

En el libelo, presentado ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y al que accedió La Tercera, el exministro del Interior acusa "injurias graves" y "calumnias" proferidas a su persona en el escrito de la acusación constitucional en contra de la ministra Ángela Vivanco. Acusa que se trata de parlamentarios afines al actual gobierno y que le imputaron derechamente delitos. "Utilizaron sus cargos y facultades para formularme un ataque mediático infame, para dañar impune e irremediablemente mi honra", acusa la otrora autoridad. En paralelo pidió el desafuero en la corte porteña.

Este lunes y martes, en el Juzgado de Garantía de Temuco, se ha formalizado a los primeros imputados de la Fundación Local, investigada por recibir más de $2 mil millones de parte del GORE de La Araucanía. Audiencia en la que se han expuesto una serie de antecedentes que vinculan a los directivos de la ONG con el gobernador y candidato a la reelección Luciano Rivas (ind.-Evópoli).

En la versión extendida de la entrevista publicada el viernes en La Tercera, la suspendida magistrada -quien enfrenta su expulsión del máximo tribunal del país y dos acusaciones constitucionales en el Congreso- parece resignada a su destino: “Es altamente posible que sea removida”, sostiene. Pese a ello, reivindica su derecho a un debido proceso que -asegura- le ha sido negado por quienes hasta hace apenas algunas semanas eran sus pares. Y -por cierto- desestima los cargos de tráfico de influencias y otros hechos asociados a corrupción.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, se encuentra desarrollando una serie de diligencias tras haber recibido los chats entre el otrora investigador y el penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión por delitos de corrupción. Una de las pesquisas que resulta vital para configurar un eventual delito de cohecho es el estudio de beneficios económicos, o de otra índole, que pudo haber recibido en la época en que -dejando de lado sus deberes funcionarios-, se contactó con terceros para buscar una especie de salida y término al caso Penta. Hasta ahora, es una de las hebras que persigue el Ministerio Público que ya alistan nuevas citaciones.

A 48 horas de entregar sus descargos ante el máximo tribunal, la aún magistrada de la Corte Suprema enfrenta los cargos que sus pares le han levantado durante el proceso de remoción. Asegura sentirse maltratada por quienes fueron sus compañeros de trabajo durante seis años. Aborda sus polémicos chats con Luis Hermosilla y admite que fue "poco prudente".

De acuerdo con la resolución firmada por Héctor Barros, la defensa de Luis Hermosilla no invocó ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en la norma ni tampoco acompañó insumos que permitieran establecer que la imparcialidad de la persecutora estuviera comprometida.

Si bien la habilitación de un módulo o recinto especial para imputadas y/o condenadas por delitos económicos está en los planes del Ejecutivo, la medida no asoma como prioritaria en estos momentos. Esto, pese a que el Cuarto Juzgado de Garantía, producto de reclamaciones de la imputada en el caso Audio, ya ofició tanto a Justicia como a Gendarmería para la construcción de un sitio de estas características.

En el marco de la acción criminal por injurias presentada por el aspirante al sillón edilicio de Ñuñoa Sebastián Sichel en contra de Luis Hermosilla se celebró esta jornada una audiencia preliminar. En ella, el abogado -hoy preso por corrupción- se presentó para asegurar que lo que sostuvo en sus chats respecto a que le haría una petición al entonces presidente del Banco Estado no era verdad. Aquí los detalles.

Para este martes está agendada la audiencia en la que la Fiscalía Centro Norte formalizará al hasta hace sólo días general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien debió dejar su cargo -justamente-, por un criterio que impuso La Moneda. En la oportunidad también se atribuirá responsabilidad penal a su antecesor Mario Rozas y al exsubdirector operativo Diego Olate. Todos, carabineros retirados y que, según la indagatoria, habrían tenido una conducta omisiva en miles de actos de violaciones a los derechos humanos tras el estallido social. Desde el INDH aseguraron que no solicitarán prisión preventiva, ya que tampoco estaría en los planes del Ministerio Público.

El abogado quien ha liderado la defensa técnica que entrega el Estado dejará su cargo el próximo 31 de octubre. Esto, luego que el ministro de Justicia, Luis Cordero, decidiera no renovar sus funciones por un segundo periodo de tres años.

Ricardo Yáñez, quien hasta este viernes era el general director de Carabineros, presentó ante el máximo tribunal un recurso de apelación a la decisión de la Corte de Santiago que declaró inadmisible un recurso de amparo, negativa que derivó en su salida de la institución.

Testimonios de relatores ante la Comisión de Ética dejaron al descubierto lo que algunos califican como un “vicio” arraigado por décadas en las altas esferas del Poder Judicial. Y es que los jueces del máximo tribunal no redactan sus fallos. Una práctica generalizada en las cuatro salas de la Corte Suprema, pero que en el caso de Ángela Vivanco fue calificada de “irregular”.