El exfiscal nacional confiesa que se quedó perplejo al conocer la intención de su otrora subalterno, el exfiscal regional Manuel Guerra, y del abogado Luis Hermosilla de removerlo de su cargo. Asegura que estas son las pruebas que lo exculpan de haber sido sindicado por años como el persecutor que “puso tierra” a los casos de financiamiento irregular de la política: “Ese no fui yo”.

A 48 horas de un momento histórico en el Poder Judicial, algunos ya ven en este proceso un reimpulso del presidente del máximo tribunal. Y es que en un mes, Ricardo Blanco logró alinear a todos los miembros de la alta magistratura para dar una única señal: “No permitiremos agentes externos que no pasen la prueba de probidad”.

El lunes, en dependencias de la Fiscalía Nacional, los persecutores abordarán varias temáticas atingentes a sus labores. Asimismo, parte de la expectación en la reunión está puesta en las acciones que podría emprender Valencia frente a la arremetida de Luis Hermosilla por las filtraciones en el marco del caso Audio. Por último, hay quienes esperan que ese sea el momento en que la máxima autoridad explique por qué no transparentó desde un inicio que había mantenido una reunión con Hermosilla y Andrés Chadwick. Situación que algunos parlamentarios han señalado podría repercutir en una eventual petición de remoción.

La otrora autoridad del Ministerio Público, quien aconsejó perseguir las responsabilidades de mando de Carabineros y eventuales responsabilidades civiles por violaciones a los derechos humanos en el estallido social, hace una profunda reflexión tras ser mencionada como "un problema" por el exfiscal Manuel Guerra en sus chats con Luis Hermosilla. La abogada cree que la Fiscalía debe dar una prueba de blancura a la ciudadanía y despejar cualquier duda que surja de la autonomía e independencia de las investigaciones en curso, más aun -sostiene- cuando el fiscal nacional que le pidió la renuncia, Ángel Valencia, devela una reunión con el penalista (hoy preso en el caso Audio) y también con el exministro del Interior Andrés Chadwick.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) apuntó a cuatro sociedades en las que Álvaro Jalaff Sanz es representante legal, y su hermano Antonio, era el administrador. También va dirigida contra el contador Marcelo Medina. El organismo acusa un perjuicio fiscal de $ 161 millones. Álvaro Jalaff señaló en el SII: “La gran mayoría de estas operaciones comerciales de compras y servicios no se prestaron”.

Se trata de Marcos Pastén, fiscal regional metropolitano Occidente.

La Novena Sala de Corte de Apelaciones e Santiago acogió el recurso de protección presentado por el músico Sergio Infante en contra de la tarotista Consuelo Ulloa a quien conoció a través de una app de citas. "Los actos desplegados por la recurrida han afectado y perturbado la integridad síquica y la honra del recurrente", advirtió el tribunal de alzada.

Las diligencias llevadas a cabo durante las jornadas de este miércoles y jueves respecto al fundador de Procultura, su representante legal y directivos de finanzas, responde a una petición que hizo a tribunales el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Tras analizar los antecedentes, el Séptimo Juzgado de Garantía ordenó entrada y registro e incautación de una serie de dispositivos tecnológicos, bajo la sospecha de fraude al Fisco y lavado de dinero. Entre los convenios que están siendo revisados por la PDI están los $1.683.788.000 que el Gore RM le entregó a la fundación para un programa de prevención del suicidio y los $1.500 millones que el Gore del Biobío entregó para "una oferta turística y creativa puesta en valor de la identidad cultural".

Durante las jornadas de este miércoles y jueves se desarrollan diversas diligencias en la arista Procultura, a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Las diligencias estuvieron centradas en el siquiatra y cofundador de la ONG y la representante legal. La PDI logró el hallazgo de los servidores que no se habían encontrado en la sede de esa fundación. Las pesquisas se venían planificando hace un mes.

Según comunicaron desde el estudio Barruel y Borzutzky Abogados, determinaron presentar la renuncia al patrocinio "debido a diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa".

A través de un comunicado expresaron que tanto el trabajo de la fiscal regional como de su equipo ha sido "objetivo, serio, rápido y eficaz".

En el libelo, presentado ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y al que accedió La Tercera, el exministro del Interior acusa "injurias graves" y "calumnias" proferidas a su persona en el escrito de la acusación constitucional en contra de la ministra Ángela Vivanco. Acusa que se trata de parlamentarios afines al actual gobierno y que le imputaron derechamente delitos. "Utilizaron sus cargos y facultades para formularme un ataque mediático infame, para dañar impune e irremediablemente mi honra", acusa la otrora autoridad. En paralelo pidió el desafuero en la corte porteña.

Este lunes y martes, en el Juzgado de Garantía de Temuco, se ha formalizado a los primeros imputados de la Fundación Local, investigada por recibir más de $2 mil millones de parte del GORE de La Araucanía. Audiencia en la que se han expuesto una serie de antecedentes que vinculan a los directivos de la ONG con el gobernador y candidato a la reelección Luciano Rivas (ind.-Evópoli).

En la versión extendida de la entrevista publicada el viernes en La Tercera, la suspendida magistrada -quien enfrenta su expulsión del máximo tribunal del país y dos acusaciones constitucionales en el Congreso- parece resignada a su destino: “Es altamente posible que sea removida”, sostiene. Pese a ello, reivindica su derecho a un debido proceso que -asegura- le ha sido negado por quienes hasta hace apenas algunas semanas eran sus pares. Y -por cierto- desestima los cargos de tráfico de influencias y otros hechos asociados a corrupción.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, se encuentra desarrollando una serie de diligencias tras haber recibido los chats entre el otrora investigador y el penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión por delitos de corrupción. Una de las pesquisas que resulta vital para configurar un eventual delito de cohecho es el estudio de beneficios económicos, o de otra índole, que pudo haber recibido en la época en que -dejando de lado sus deberes funcionarios-, se contactó con terceros para buscar una especie de salida y término al caso Penta. Hasta ahora, es una de las hebras que persigue el Ministerio Público que ya alistan nuevas citaciones.